Los niños juegan. Inventan mundos, construyen historias, se disfrazan de personajes imposibles y ensayan, sin saberlo, algunas de las emociones que los acompañarán durante el resto de su vida. Imaginan que son mayores, que tienen responsabilidades, que resuelven problemas que todavía no comprenden. Y después vuelven a ser niños. Porque esa es, precisamente, la extraordinaria libertad de la infancia: poder abandonar un personaje cuando termina la partida.
Pero ¿qué ocurre cuando son los adultos quienes les asignan un papel del que no pueden escapar? Hay niños que aprenden demasiado pronto a medir sus palabras. Que descubren que determinadas preguntas pueden incomodar, que una respuesta aparentemente inocente puede desencadenar un conflicto o que expresar cariño hacia una persona puede interpretarse como una deslealtad hacia otra. Niños que terminan desarrollando una capacidad de adaptación que, contemplada desde fuera, puede confundirse con madurez. Y no siempre lo es. De hecho, detrás de esa aparente fortaleza, a veces hay una infancia que está aprendiendo a sobrevivir emocionalmente a circunstancias que nunca debería haber tenido que gestionar.
Cada 20 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Infancia, una fecha que conmemora la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por Naciones Unidas en 1989. Un tratado que reconoce a los menores como sujetos de derechos y establece que su interés superior debe constituir una consideración primordial en las decisiones que les afectan. Resulta difícil encontrar a alguien que cuestione ese principio. Pero más complicado parece garantizar que se respete cuando los intereses de los adultos entran en conflicto. Porque existe una diferencia enorme entre querer a un hijo y saber protegerlo de las consecuencias de nuestras propias decisiones. Una diferencia que, en determinadas circunstancias, puede llegar a ser devastadora.
He conocido de cerca lo que significa descubrir que la infancia no siempre ocupa el lugar que debería en las prioridades de quienes tienen la responsabilidad de protegerla. He comprobado que hay situaciones que obligan a los niños a convivir con una incertidumbre que no les pertenece y a los adultos a buscar respuestas que no siempre llegan cuando más se necesitan. No necesito relatar los detalles para reconocer que esa experiencia ha cambiado mi manera de entender la protección de los menores. Y, qué quieren que les diga, también ha cambiado mi manera de escuchar a quienes atraviesan situaciones semejantes.
Porque el daño no siempre adopta formas evidentes. No siempre deja una marca física ni provoca una reacción que los demás sepan interpretar. En ocasiones se manifiesta en pequeños cambios de comportamiento, en silencios, en preguntas que ningún niño debería sentirse obligado a formular. Y existe una violencia especialmente difícil de comprender: aquella en la que un menor deja de ser tratado como una persona con necesidades propias para convertirse en un instrumento con el que causar sufrimiento a otra.
Ojo, conviene distinguirla de los desacuerdos que pueden surgir en cualquier familia. Una separación complicada no constituye necesariamente una situación de violencia, del mismo modo que un conflicto entre progenitores no implica que exista una intención deliberada de perjudicar a los hijos. Pero cuando esa instrumentalización sucede, el daño merece ser reconocido con independencia de quién lo provoque y de quién sea su destinatario.
Porque los niños no son una extensión emocional de sus padres. Tampoco una propiedad compartida, una herramienta de negociación o una forma de castigar a quien un día dejó de ocupar el lugar que tenía en nuestra vida. Son personas. Personas que tienen derecho a construir sus propios vínculos, a expresar sus sentimientos sin miedo y a crecer sin asumir responsabilidades afectivas que corresponden exclusivamente a los adultos.
La Convención sobre los Derechos del Niño reconoce, además, su derecho a ser escuchados en los asuntos que les afectan y a recibir protección frente a distintas formas de violencia, abuso y negligencia. Quizá deberíamos preguntarnos con mayor frecuencia qué significa realmente escuchar a un niño. Porque escuchar no consiste únicamente en permitirle hablar: también exige comprender aquello que todavía no sabe explicar, respetar sus tiempos y evitar que su voz termine convertida en un argumento al servicio de intereses ajenos. Aunque parezca mentira, todavía hay a quien le cuesta entender que lo que necesita un niño no siempre coincide con lo que a él le gustaría.
Y no se trata de determinar qué progenitor tiene razón en una disputa. Cuando existe violencia, tampoco de repartir responsabilidades artificialmente entre las partes. Se trata de comprender que la seguridad física y emocional de los menores debe prevalecer sobre cualquier pretensión adulta que pueda comprometerla. Y que protegerlos implica, muchas veces, tomar decisiones difíciles.
Hoy recordamos la importancia de garantizar los derechos de la infancia, sí. Se nos llena la boca de palabras como educación, bienestar y oportunidades y hablamos de la necesidad de construir un futuro mejor para las próximas generaciones. Todo eso está muy bien, faltaría más. Pero tal vez deberíamos prestar más atención a las infancias que transcurren entre procedimientos, incertidumbres y conflictos que nadie eligió vivir. A esos niños que conocen demasiado pronto el significado de palabras que deberían resultarles ajenas; a los que han aprendido a interpretar el estado de ánimo de los adultos antes de expresar el suyo; a quienes, sencillamente, necesitan que alguien les permita volver a ser niños. Porque crecer ya implica suficientes desafíos como para añadirles la obligación de sostener las heridas de quienes deberían cuidarlos.
Los adultos podemos equivocarnos, discutir, separarnos y reconstruir nuestras vidas. Lo que no deberíamos permitir es que nuestros hijos tengan que interpretar un papel en historias que nunca les correspondió protagonizar.

