La junta general ordinaria de accionistas de 2023 de CaixaBank ha dado luz verde a la distribución de un dividendo de 0,2306 euros brutos por acción correspondiente al ejercicio 2022 y a la reelección del consejero delegado, Gonzalo Gortázar, como consejero ejecutivo.
El evento ha tenido lugar este viernes en el Palau de Congresos de València, con la presencia o representación de 16.576 titulares de acciones que suman el 76,56% del capital social.
También se ha aprobado la reelección de las consejeras Cristina Garmendia y Amparo Moraleda, ambas como independientes, así como el nombramiento de Peter Löscher como consejero independiente para un periodo de cuatro años.
El dividendo aprobado supone un incremento del 58% frente al repartido en 2022, representa un ‘payout’ del 55% y el pago se hará efectivo a los accionistas a partir del próximo 12 de abril. Así, la cuantía total destinada a dividendos, con cargo a los resultados de 2022, asciende a 1.730 millones de euros.
Los accionistas han dado el visto bueno a las cuentas anuales individuales y consolidadas, y a sus respectivos informes de gestión, correspondientes a 2022; así como a la gestión del consejo de administración durante el ejercicio.
También han aprobado otros acuerdos, como la modificación de la Política de Remuneración del Consejo de Administración y la autorización y delegación de facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados por la junta.
SINDICATOS
Representantes de los diferentes sindicatos han aprovechado el turno de intervenciones de los accionistas para afear a los directivos del banco la política comercial actual, que han asegurado que provoca una «presión desmedida» a los trabajadores.
La representante de SECB, Begoña Peiró, ha lamentado que la plantilla está «en una situación extrema» y ha reclamado que se cuide a los trabajadores, ya que, según ella, están extenuados por la presión comercial.
Desde CC.OO., Ricardo Ruiz ha criticado que no se hayan subido los salarios y compensado la pérdida de poder adquisitivo a pesar del aumento de dividendos y de retribuciones del equipo directivo.
Por su parte, Ivan Argüelles, de UGT, ha lamentado que el trato a los clientes ha empeorado y ha asegurado que están «saturados» por la oferta comercial fuera de los productos financieros.
Goirigolzarri ha respondido que el entorno es muy competitivo y que, para darle respuesta, es necesario «una organización de alto rendimiento», lo que conlleva tener objetivos ambiciosos pero realizables, en sus palabras.
Gortázar, por su parte, ha apuntado que en 2022 se han dejado atrás tres elementos que han provocado mucho esfuerzo a la plantilla: la pandemia, la integración y los tipos de interés negativos, que han supuesto un sobreesfuerzo a los trabajadores, pero ha añadido que no se debe «bajar el ritmo».
La campaña Banca Armada ha participado en la junta para criticar las inversiones de la entidad en empresas que, según ellos, son «de armas»: Boeing, Indra, Eulen y Accenture.
Además, ha realizado una acción de denuncia ante el Palau de Congresos para «señalar la responsabilidad de los bancos en la financiación de la industria armamentística».
Gortázar ha recordado que la entidad aplica los principios de banca responsable y de inversión responsable, y que toda la financiación concedida cumple con estos principios.