La ciudad de Barcelona acaba de dar un nuevo paso hacia la gestión responsable del turismo de cruceros gracias al nuevo protocolo firmado entre el Ayuntamiento y el Puerto. Esta alianza, aplaudida por quienes buscan mayor equilibrio entre economía, sociedad y medio ambiente, fija unos límites históricos a la actividad crucerista en la capital catalana.
El eje principal del acuerdo es la reducción progresiva del número de terminales de cruceros, que pasarán de siete a cinco antes de 2030. Para ello, se derribarán las antiguas terminales A, B y C del muelle Adossat y se levantará una nueva terminal pública de última generación, con capacidad para gestionar hasta 7.000 pasajeros de manera simultánea. El nuevo protocolo favorece los cruceros que utilizan Barcelona como puerto base y a los barcos de menor tamaño, con el doble propósito de renovar infraestructuras y de contener el auge de cruceristas en tránsito que apenas permanecen unas horas en la ciudad.
La capacidad operativa máxima de pasajeros también se reducirá: de los 37.000 cruceristas actuales se pasará a 31.000 diarios, lo que representa un descenso del 16%. El objetivo es conseguir un turismo más manejable, sostenible y compatible con la vida cotidiana de los barceloneses, al tiempo que la ciudad se posiciona como referente en la gestión responsable del turismo de cruceros en el Mediterráneo, en línea con los límites ya implantados en urbes como Ámsterdam o Dubrovnik.
El alcalde Jaume Collboni ha subrayado que, “por primera vez en la historia”, la ciudad establece restricciones claras al crecimiento del sector. Barcelona, que en 2024 alcanzó la cifra récord de 3,65 millones de cruceristas, afronta ahora el reto de materializar esta reducción y de lograr que se traduzca en una menor presión sobre los espacios urbanos y los servicios públicos.
Para transformar el puerto y su entorno, el pacto destinará una inversión público-privada de 185 millones de euros, con la rehabilitación integral del muelle, la instalación de sistemas de conexión eléctrica para los buques (permitiendo reducir emisiones cuando estén atracados), el desdoblamiento del puente de la Porta d’Europa para mejorar la movilidad, así como la creación de un corredor urbano pensado para transporte público, taxis, bicicletas y peatones, y un estudio de movilidad para un plan de gestión específico para cruceristas.
La nueva terminal pública será accesible a todas las navieras, tendrá preferencia para los cruceros de puerto base y barcos pequeños, y sentará las bases para un servicio de mayor calidad y menor impacto ambiental. Toda la actividad crucerista se concentrará en el muelle Adossat, alejando así las emisiones del centro urbano y liberando espacio portuario para otros usos ciudadanos.
A pesar de lo ambicioso del plan, las autoridades reconocen que la reducción estructural no implica necesariamente una disminución inmediata en el número de cruceristas, por lo que será necesario dialogar con las navieras para adaptar la oferta a la nueva capacidad y responder de forma adecuada a la demanda real. El reto pasa por compatibilizar el desarrollo económico y el atractivo turístico internacional de la ciudad con la calidad de vida de sus habitantes y la protección del entorno local.
