El sector de venta y alquiler de amarres fijos y de tránsito en los puertos deportivos españoles ha experimentado una evolución positiva en el periodo postpandemia, impulsado por el auge de la actividad náutica, el dinamismo del mercado turístico y la consolidación de España como destino seguro frente a otras áreas del Mediterráneo, según el Observatorio Sectorial DBK de Informa, filial de Cesce.
La recuperación del turismo náutico ha favorecido el crecimiento del negocio derivado de la gestión de instalaciones portuarias deportivas, que continuó al alza en 2024, aunque con una tendencia hacia la normalización del ritmo de incremento. Las zonas que lideraron este crecimiento fueron Baleares -especialmente Mallorca-, la Comunidad Valenciana -con foco en Alicante-, Málaga y la Costa del Sol, así como Barcelona.
Hasta marzo de 2025 se contabilizaban en España un total de 289 puertos deportivos con una capacidad conjunta de 133.400 amarres. De ellos, un 67% se ubicaban en el litoral mediterráneo, con un promedio de 462 puntos de amarre por puerto.
Por comunidades autónomas, Andalucía y Cataluña destacaban como las regiones con mayor número de instalaciones, con 48 y 45 puertos deportivos respectivamente. Les seguían la Comunidad Valenciana (39) y Baleares (37). Cataluña también lideraba en número de amarres, con 29.267 unidades, seguida de Andalucía (21.833) y Comunidad Valenciana (20.447). Sumando Baleares y Galicia, estas cinco comunidades concentraban en conjunto el 77% de la oferta nacional.
En cuanto al modelo de gestión, se estima que el 80% de los amarres están explotados por empresas privadas mediante contratos de concesión, mientras que el 20% restante corresponde a explotaciones directas por parte de entidades autonómicas y autoridades portuarias.
De cara al corto plazo, se prevé que la facturación sectorial mantenga una evolución positiva, sustentada en el crecimiento del turismo náutico. No obstante, el sector afronta desafíos clave como la digitalización de los servicios, la modernización de infraestructuras y la adaptación a la normativa en materia de sostenibilidad ambiental.
