El año pasado terminó con un tono muy positivo para la industria del cannabis. A finales de diciembre, desde detrás del Resolute Desk en el Despacho Oval, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva en la que ordenaba al fiscal general completar el proceso de reclasificación de la marihuana de la “forma más expeditiva posible”.
El objetivo de la orden ejecutiva de Trump es reclasificar la marihuana como una droga menos peligrosa, lo que supondría el cambio más significativo en las leyes antidroga del país desde que el presidente Nixon firmó la Ley de Sustancias Controladas en 1970. El cambio de clasificación no legalizará la marihuana, pero otorgará a la industria del cannabis un importante alivio fiscal valorado en miles de millones de dólares.
Aunque la industria del cannabis, valorada en 32.000 millones de dólares, celebró este movimiento histórico, el proceso no será rápido. La marihuana sigue estando clasificada como una sustancia de la Lista I, junto con la heroína y el LSD. Si el Gobierno federal completa el proceso, la marihuana será reclasificada como una sustancia de la Lista III, categoría reservada a drogas con beneficios médicos aceptados que aún tienen potencial de adicción, como los esteroides, la ketamina y el Tylenol con codeína.
No obstante, las drogas de la Lista III siguen considerándose sustancias controladas, lo que significa que se mantendrán restricciones sobre la fabricación, la venta y la posesión de cannabis. Además, el mosaico de mercados regulados en 40 estados que permiten la venta medicinal y en 25 que autorizan el uso recreativo seguirá entrando en conflicto con la legislación federal. El calendario para la reclasificación del cannabis sigue siendo incierto, ya que la fiscal general Pam Bondi no ha hecho ningún comentario público sobre el proceso.
A pesar de esa promesa para la industria, 2025 también trajo un duro revés para el “primo” del cannabis: el cáñamo. A principios de noviembre, el senador por Kentucky Mitch McConnell añadió una enmienda a la sección de Asignaciones Agrícolas del proyecto de ley de gasto “minibus” para reabrir el Gobierno federal —poniendo fin al cierre más largo de la historia— que, en la práctica, prohíbe la industria del cáñamo intoxicante, valorada en 28.000 millones de dólares. El senador junior por Kentucky, Rand Paul, impulsó sin éxito una votación para bloquear la prohibición, que entrará en vigor este mes de noviembre salvo que se apruebe nueva legislación. A principios de esta semana, el congresista Morgan Griffith, de Virginia, y el congresista Marc Veasey, de Texas, presentaron un proyecto de ley para regular los productos derivados del cáñamo.
Además de la enorme incertidumbre sobre el futuro del cáñamo, la industria del cannabis afronta serios obstáculos. Por ejemplo, existen campañas bien financiadas en tres estados —Arizona, Massachusetts y Maine— para derogar las ventas recreativas de cannabis. También hay resistencia al proceso de reclasificación, ya que un grupo contrario ha contratado a Bill Barr, ex fiscal general de Trump, para presentar una demanda si y cuando la fiscal general Pam Bondi publique la norma final para reclasificar la droga.
«La conclusión es que el movimiento de reforma de la marihuana se encuentra en una encrucijada y se enfrenta a importantes vientos en contra», afirma Paul Armentano, subdirector del grupo sin ánimo de lucro de defensa de la legalización del cannabis NORML. «La forma en que el movimiento responda a estas situaciones distintas va a definir realmente si seguimos avanzando en 2026 y más allá, o si empezamos a perder impulso y retroceder».
A esto se suma el hecho de que ningún estado ha legalizado el uso recreativo desde 2023, cuando los votantes de Ohio optaron por legalizar la marihuana. Armentano asegura que no tiene «mucho optimismo en este momento» respecto a que más estados avancen hacia la legalización. «Mirando al futuro, no estoy convencido de que las perspectivas sean sólidas para este año», añade.
Dicho esto, podría haber más avances a nivel estatal en el próximo año. Estos son los lugares donde el mapa del cannabis podría ampliarse en 2026.
Florida
La legalización de la marihuana recreativa podría volver a aparecer en la papeleta electoral del Estado del Sol en noviembre, pero será otra batalla cuesta arriba. En 2024, pese al apoyo del presidente Trump, la iniciativa no alcanzó el 60% de los votos necesarios y no salió adelante. Una nueva encuesta reveló que el apoyo a la legalización del uso recreativo ha caído al 51%, el nivel más bajo en cuatro años.
Hawái
Hawái fue el primer estado en legalizar la marihuana medicinal a través de su legislatura en 2000, pero no ha logrado establecer un mercado recreativo. Los legisladores intentaron aprobar el uso adulto en 2024, pero el proyecto aprobado por el Senado quedó bloqueado en comisión. Ahora existe un impulso para que la cuestión se someta a votación popular.
«Eso me indica claramente que los defensores no creen tener los votos necesarios en la legislatura para sacarlo adelante y están tratando de rodearla», señala Armentano.
Pensilvania
El Estado de Keystone legalizó la marihuana medicinal en 2016 y el gobernador demócrata Josh Shapiro, ex fiscal general del estado, es partidario de legalizar el cannabis recreativo. Todos los estados que rodean Pensilvania han legalizado el uso adulto, salvo Virginia Occidental, que cuenta con un programa médico estricto y limitado. Sin embargo, hasta ahora los esfuerzos han fracasado y no existe suficiente apoyo bipartidista para lograrlo.
«Hasta que no haya un esfuerzo realmente bipartidista por parte de demócratas y republicanos, cualquier intento se va a estancar», afirma Armentano. «Eso no significa que en el futuro ambos partidos no puedan trabajar juntos en un proyecto de consenso, pero eso aún no ha ocurrido y no he visto ninguna señal de un avance en el horizonte».
Virginia
Virginia legalizó la marihuana recreativa para mayores de 21 años en 2021, pero el estado todavía no ha puesto en marcha un mercado legal debido a los múltiples vetos del exgobernador republicano Glenn Youngkin. Sin embargo, la recién elegida gobernadora Abigail Spanberger ha afirmado que firmaría una ley que permita las ventas recreativas siempre que incluya un etiquetado sólido y que los ingresos fiscales se destinen a la financiación de la educación.
