Un fenómeno demográfico se viene constatando desde hace años en gran número de países y es el paulatino, y aparentemente irreversible, proceso de envejecimiento de su población junto con el de la caída de la tasa de natalidad. La esperanza de vida está aumentando a edades impensables hace solo un siglo, y la ciencia no descarta superarlas aún más, pero esta buena noticia para los pensionistas, que podrán disfrutar de sus rentas y de mejor calidad de vida durante más tiempo, coincide con un preocupante inconveniente: los nacimientos están descendiendo. Los mayores viven más y las jóvenes generaciones se lo piensan dos veces antes de tener hijos, y si los tienen, es en número insuficiente para que la población crezca y se rejuvenezca. Es un proceso que los expertos llaman “invierno demográfico”.
Según proyecciones elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) para 2016-2066, la población española ha iniciado un lento declive cuyo ritmo aumentará durante los próximos 50 años en los que podría perder alrededor de 5,3 millones hasta sumar 41,1 millones de personas. Esta tendencia habría comenzado este año e irá evolucionando, si se confirman las proyecciones de los expertos, en una caída de más de medio millón de personas para 2031 hasta casi 46 millones. “La reducción de la población residente se debería, principalmente, al progresivo aumento de las defunciones y a la disminución de los nacimientos, fenómeno que sería especialmente acusado a partir del año 2040. Se produciría así un saldo vegetativo negativo en todos los años de la proyección, lo que supondría una disminución total de casi 8,5 millones de personas en los 50 años proyectados”, señala el INE.
Una solución para mitigar la pérdida de población sería abrir las puertas a los emigrantes, pero los cálculos de los expertos del INE estiman que los tres millones de extranjeros que entrarían en nuestro país durante el próximo medio siglo no serían suficientes para compensar la pérdida poblacional. “Si no tenemos más niños esto sería la única solución para compensar el descenso de población activa nativa que la falta de nacimientos ya está produciendo. Pero tiene que estar bien gestionada, porque de lo contrario su efecto global puede ser menos positivo, cuando no negativo en [el] balance”, señala a Forbes Alejandro Macarrón, director de la Fundación Renacimiento Demográfico, una institución independiente sin ánimo de lucro. “Las puertas están abiertas pero el mercado de trabajo en España en este momento no es capaz de absorber cifras relevantes de nueva inmigración. La inmigración necesaria, desde la perspectiva de la sostenibilidad del sistema de pensiones, es la cualificada, la capaz de emplearse en puestos muy productivos, que generan salarios altos y por tanto aportaciones altas a la Seguridad Social (SS)”, afirma Carmen González Enríquez, investigadora del Real Instituto Elcano.
La situación se ve empeorada por el menor número de nacimientos, que seguirá cayendo en el período. Entre 2016 y 2030, según las proyecciones del INE, nacerían en torno a 5,3 millones de niños, un 22% menos que en los 15 años previos, y en 2031 la cifra anual de nacimientos podría descender hasta los 335.937, un 19,5% menos que en la actualidad. Pero no todo va a ser negativo, se contempla una pequeña mejora de la tasa de fecundidad de las mujeres, de manera que el número medio de hijos por mujer sería de 1,36 en 2031 y de 1,38 al final del periodo proyectado, frente al 1,33 actual. El descenso en el número de nacimientos vendría determinado, sobre todo, porque habría menos mujeres en edad fértil, con una edad media a la maternidad de 33 años al final del período proyectado, desde los 31,9 años actuales. “Las encuestas muestran sistemáticamente en España que los jóvenes y adultos, hombres y mujeres, desean tener más hijos de los que tienen al final de su vida reproductiva. No pueden cumplir este deseo porque las condiciones materiales lo impiden: la combinación de bajos salarios, inestabilidad laboral, precios altos de la vivienda (en relación con esos salarios) y escasez de guarderías públicas de calidad convierten la paternidad en una experiencia muy costosa. Facilitar la satisfacción de ese deseo de maternidad y paternidad debería ser una obligación de los estados”, agrega González.
Una propuesta que se esgrime desde diferentes ámbitos sería la posibilidad de crear incentivos a la maternidad. “Las ayudas públicas y subvenciones directas a las madres/padres no son la mejor estrategia, porque son menos motivadoras cuanto mayor sea la renta de la familia en cuestión, y para gente con pocos recursos pueden ser un incentivo para algo muy indeseable: que se tenga niños por el dinero que te dan. Por tanto, me parece mucho más correcto que, por cada hijo que se tenga, se den mejoras apreciables en los grandes impuestos y prestaciones sociales (IRPF, cotizaciones a la SS, pensiones). Una forma de que no implicasen un aumento del gasto público sería establecer los niveles impositivos y de prestaciones sociales de base para los adultos con dos hijos, y a partir de ahí, añadir mejoras proporcionales (o lo contrario) al número de hijos, de más o de menos, que se tengan con respecto a ese número de dos, que es el que lleva de manera aproximada al mantenimiento de la población”, añade Macarrón.
“Casi todas las medidas que los estados ponen en marcha para facilitar la paternidad/maternidad implican gasto público, excepto las que descansan en las empresas. Deducciones fiscales, inversión en guarderías públicas, subvenciones directas, cambios normativos respecto a las bajas por maternidad/paternidad, obligatoriedad de la baja paternal… Ahora gran parte del gasto público se dedica a las personas mayores a través de las pensiones de jubilación y del gasto sanitario, cuya mayor parte se concentra en las edades avanzadas. Los mayores votan, y por eso se les cuida mucho, pero los niños no. Los gobiernos deberían ser capaces de diseñar políticas a largo plazo y entender como una inversión los fondos dedicados a facilitar la natalidad”, señala González Enríquez.
MÁS LONGEVOS
Paralelamente al proceso de pérdida de población, los españoles registramos una esperanza de vida de las más altas del mundo, un dato que si bien confirma los altos estándares de bienestar y del sistema de salud de nuestro país, encierra, por el contrario, el grave problema del progresivo envejecimiento de la sociedad junto con la caída de los nacimientos, lo que conducirá a España a ser un país de ancianos. La esperanza de vida al nacer alcanzará en 2031 los 83,2 años en los hombres y los 87,7 en las mujeres, pero en 2065, si la tendencia persiste, los españoles vivirán una media de 88,5 y 91,6 años, respectivamente.
Según proyecciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU), España podría ser en 2050 el país más envejecido del mundo, con un 40% de su población por encima de los 60 años. Además de la pérdida de población y mayor esperanza de vida, el número de defunciones seguiría creciendo como consecuencia del envejecimiento poblacional.
Así, en el periodo 2016-2030 se llegarían a registrar casi 6,5 millones de defunciones, un 12,7% más que las observadas en los 15 años previos (2001-2015). En el año 2031 se producirían 452.026 fallecimientos entre los residentes en España y en 2065 se llegaría a 595.979 defunciones (frente a los 420.018 del año 2015). Ante el descenso de la natalidad y el envejecimiento poblacional, en España habría más defunciones que nacimientos (saldo vegetativo negativo) durante los 50 próximos años, señala el INE.
DOBLE O TRIPLE
El envejecimiento de la población española no es un fenómeno aislado, se está produciendo también en el resto de la Unión Europea, y en otros países como Japón, cuya tasa de envejecimiento del 27% de su población es la más alta del mundo, pero en nuestro país la tendencia se ha acelerado más rápidamente desde los años 80 que en el resto de las sociedades europeas, según el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
El último estudio de la oficina del Censo de Estados Unidos sobre proyecciones demográficas a nivel mundial, revela que, en general, el proceso de crecimiento de la población de más de 65 años es cada vez más rápido y en las regiones en desarrollo el ritmo resulta pavoroso. Para hacerse una idea, el estudio señala que en el período proyectado para España de 1947-2028 llevó 45 años duplicar la cohorte de mayores de 65 años, pero triplicarlo llevará solo 36.
El caso de Francia es el más llamativo: duplicarlo exigió más de un siglo (115 años, exactamente), pero triplicarlo le exigirá únicamente 42 años en el período 18652022. Este ritmo de envejecimiento alcanza en Japón cotas excepcionales para un país desarrollado: duplicó su población de más de 65 años en un cuarto de siglo y la triplicó en 12 años entre 1970 y 2007.
“Aunque la mayoría de los países desarrollados ya han duplicado su población mayor de 65 años, los menos desarrollados, especialmente los de Asia y América Latina, empezaron este proceso en el siglo XXI y lo están haciendo a más velocidad. A China podría llevarla solo un par de décadas y en algunos otros países asiáticos y latinoamericanos hay una cierta preocupación sobre su capacidad para gestionar una sociedad con un rápido envejecimiento.
Como dijo el director general de la Organización Mundial de la Salud, “tenemos que ser conscientes que los países desarrollados se hicieron ricos antes de que envejecieran, mientras que los países en desarrollo envejecerán antes de que se hagan ricos”.
Las proyecciones señalan que para 2040, la mayoría de los países europeos habrá triplicado completamente su población mayor de 65 años”, señala el informe de la oficina del Censo estadounidense.
Los especialistas señalan que son varios los factores que intervienen a lo largo del proceso de cambio de la pirámide demográfica, pero coinciden en que el punto de partida se inicia con los avances en sanidad. Posteriormente, con el descenso de la mortandad infantil y la mejora de las condiciones socioeconómicas las familias empiezan a plantearse el número de hijos que desean tener; factores adicionales como la mecanización de la agricultura, la expansión de la economía de servicios y el coste de oportunidad que representa para una mujer ser madre y/o trabajar, inducen a las familias a optar por un equilibrio más ‘cualitativo’ que ‘cuantitativo’ en el número de descendientes.
MERCADO LABORAL Y PENSIONES
Algunos de los numerosos efectos de las nuevas tendencias demográficas se harán notar en el mercado laboral y, sobre todo, en la gestión de las pensiones públicas. Si las proyecciones sobre envejecimiento se materializan, el grupo de edad media comprendida entre los 15 y los 64 años irá disminuyendo, lo que implicaría que en el futuro se reducirá la proporción de personas laboralmente activas.
Según los expertos del CSIC, “este efecto de decrecimiento poblacional es uno de los principales retos que tendremos que afrontar en un futuro a medio-largo plazo, y puede suponer un importante desafío para que las economías europeas lleguen a ser competitivas y continúen desarrollándose en un entorno de crecimiento de la población a nivel global”.
El otro punto sensible, el de la gestión de las pensiones públicas, el panorama desde la perspectiva española tampoco es demasiado alentador, pues si el colectivo de mayores de 65 años sigue aumentando, así como su esperanza de vida, y el número de cotizantes activos disminuye el sistema público de pensiones podría tener serios problemas de financiación, como de hecho ya está pasando en la mayoría de las economías europeas. Una de las medidas adoptadas en gran parte de Europa es retrasar la edad de jubilación hasta los 67 años (en Alemania ya hay propuestas a favor de los 70).
Un estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), apunta al envejecimiento de la población española como uno de los dos factores determinantes en el deterioro de la situación financiera del sistema contributivo de pensiones durante 1985-2014; el otro factor ha sido la fuerte desaceleración del crecimiento de la productividad, con el consiguiente descenso de los salarios reales, que han tendido al estancamiento en las últimas décadas.
En Estados Unidos se está dando un fenómeno social que probablemente es impensable en Europa, al menos por el momento, y es el creciente número de jubilados mayores de 65 años que han de seguir trabajando para sostener su economía doméstica. La pérdida de renta de la clase media americana en los últimos decenios ha menguado de forma considerable su capacidad de ahorro para el retiro lo que ha obligado a que casi el 19% de ese colectivo necesite algún tipo de empleo (por lo general, de escasa cualificación) para llegar a final de mes. En los últimos 30 años los estadounidenses de más de 65 años que continúan trabajando casi se han duplicado.
¿Y los efectos políticos? Además de la creciente presión sobre los recursos públicos, unas sociedades envejecidas pueden cambiar significativamente el panorama electoral y los intereses políticos en juego. En opinión de Macarrón Larumbe, “iríamos a una democracia dominada por el voto de los jubilados, a una gerontocracia.
Tampoco es lo ideal, ni para una democracia equilibrada –sin grandes grupos muy preponderantes de electores, sino una amplia variedad de segmentos de votantes–, ni, de nuevo, para la economía, ya que esa gerontocracia tendría como pilar fundamental la transferencia de rentas de los activos a los jubilados. Esa transferencia, en una dosis equilibrada, es correcta, justa y necesaria. En dosis excesivas, podría ser una tremenda losa sobre la economía y el bienestar de la población en edad activa, al ‘freír’ a impuestos a los trabajadores en activo y a las empresas”.