La gestión del Castillo Nuevo de los Mendoza, en el municipio de Manzanares El Real (Madrid) ha sido devuelta a sus propietarios, la Casa Ducal del Infantado. Tras vencer el contrato de arrendamiento, que desde hace 60 años mantenían con la Comunidad de Madrid, para su conservación y explotación turística, el pasado 5 de enero la familia recuperó la propiedad del famoso castillo.
Por el momento, el monumento no podrá volver a abrir sus puertas al público al carecer de licencia. Con un precio de la entrada de cinco euros la visita normal y de ocho la teatralizada, el castillo recibió más de 400.000 visitantes los dos últimos años (según datos de 2023) fruto de su historia, su arquitectura y su excepcional estado de conservación lo convierten en “la ‘joya’ de las fortificaciones madrileñas”, tal y como describía la propia Comunidad de Madrid en la página informativa del castillo hace unos días.
El pasado mes de mayo, la Casa Ducal del Infantado trasladó a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de Manzanares su intención de recuperar el castillo al vencer el contrato el ya pasado día 5 de enero del 2025. A pesar de que hubo votaciones para ampliar la protección del castillo, finalmente no llegaron a la mayoría. Así, la dueña, la duquesa Almudena de Arteaga y de Alcazar, una conocida escritora de novela histórica que ha recuperado la propiedad del inmueble.
De hecho, De Arteaga ha dicho que su deseo era mantenerlo abierto al público por su reclamo turístico y por el impacto económico que tiene en la localidad madrileña, e incluso, pretendía mejorar la oferta cultural y turística a través de una sociedad mercantil, que se encargaría de la explotación del monumento. Por el momento, sin embargo, la gestión cultural y turística del monumento ha vuelto a manos de la XX duquesa del Infantado, como ya sucedió el pasado mes de septiembre con el parque infantil situado al lado del castillo, después concluir la cesión que su abuelo, Íñigo de Arteaga y Falguera (capitán general de la II Región Militar,) hizo en 1975 al Ayuntamiento de Manzanares.
La duquesa, licenciada en Derecho y autora de La princesa de Éboli, es también propietaria del castillo de La Monclova en Sevilla y la Casa de Lazcano en Guipúzcoa, además de miles de kilómetros cuadrados en Manzanares.
El castillo se comenzó a construir en 1475 a instancias del primer duque del Infantado y segundo marqués de Santillana, Diego Hurtado de Mendoza y Figeroa. Terminado en 1490 por su hijo, Don Íñigo, es uno de los máximos ejemplos del gótico tardío y de la arquitectura militar castellana.
En sus siglos de historia, pasó de fortaleza defensiva a palacio ducal de esta familia noble, una de las más importantes de la Baja Edad Media, con grandes salones, fachadas decoradas y grandes miradores que son más característicos de un palacio renacentista. Principalmente, destaca su decoración con bolas isabelinas, la torre del homenaje octogonal, su muro o barbacana, la galería de Guas y, en su interior, 10 tapices flamencos del siglo XVII. Además, es uno de los símbolos históricos de la Comunidad, que albergó la firma del Estatuto de Autonomía en 1983.
En 1965, la entonces Diputación Provincial de Madrid firmó un acuerdo de arrendamiento con la familia por 50 años, prorrogable a otros 10. Junto con el Ayuntamiento de Manzanares, la diputación y el gobierno regional (que habrían invertido más de un millón de euros al año en las obras de reconstrucción, conservación, mantenimiento y apertura pública de la fortaleza-palacio) recuperaron el edificio en ruinas, y como resultado, el castillo se convirtió en uno de los monumentos mejor conservados de España, declarado Bien de Interés Cultural (BIC). Ahora, y según apuntan algunos medios que se refieren a fuentes cercanas a la familia Arteaga, el castillo cierra sus puertas al vencer el contrato de gestión y uso público que mantenía la Comunidad de Madrid, principalmente a causa de la imposibilidad de conceder a los propietarios los permisos para su apertura a los visitantes.
En las negociaciones previas a la devolución del castillo a sus dueños, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Manzanares trasladaron a la familia que la calificación como rústico del terreno en el que se ubica el monumento impide la concesión de permisos para su apertura al público, algo que los propietarios consideran que se podría haber valorado durante las seis décadas de gestión pública.
