Según se desprende de un comunicado hecho público este mismo jueves, la plataforma global de alquileres vacacionales Airbnb está dispuesta a trabajar junto con el Gobierno y las comunidades autónomas en la elaboración del registro único de pisos turísticos que impulsa el Ministerio de Industria y Turismo.
Respecto a esto, el titular del Ministerio, Jordi Hereu, aseguró este lunes que la plataforma estará operativa «en breve», otorgando un número de registro a cada vivienda de uso turístico y permitiendo a las comunidades autónomas identificar a aquellos alojamientos que operen de forma ilegal.
Ante este asunto y en ese mismo comunicado, Airbnb reivindica que la nueva norma «sea más coherente y uniforme en toda la UE» y que las intervenciones políticas de los estados miembros sean más específicas y proporcionadas.
Asimismo ha expresado su compromiso con el intercambio de datos con las autoridades, con asegurar el cumplimiento de las normas locales y con «construir un turismo sostenible» de cara el futuro, ante la masificación que, en palabras de la empresa, supone la llegada de demasiados turistas en muy poco espacio de tiempo.
También ha llamado a «abordar la crisis de la vivienda«, cuyos precios ha calificado de elevados, y ha convenido en que suponen un problema complejo con muchas causas subyacentes, que se ha emplazado a investigar.
