El Ayuntamiento de Madrid ha decidido suspender el otorgamiento de licencias para viviendas de uso turístico en la ciudad mientras que trabaja en la aprobación de la Modificación del Plan General, en el primer trimestre de 2025. Así lo ha anunciado el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, dando a conocer que se trata de una decisión con «efectos inmediatos» y que empieza a surtir efecto «a partir de este momento» (ayer, 25 de abril).
Será «mientras dure el proceso de elaboración, tramitación y aprobación de la modificación de Plan General para abordar este fenómeno en la ciudad de Madrid». Un proyecto que va a llevar a cabo el área de Urbanismo, dirigido por Borja Carabante.
Objetivos y alcance de las medida
El objetivo es «afrontar este fenómeno, que tiene múltiples perspectivas en la ciudad», conciliando el mejor descanso y la tranquilidad de los vecinos de Madrid, «sin ignorar obviamente» los intereses del sector turístico.
Entre las medidas contempladas por el citado consistorio respecto a la explotación de viviendas como pisos y apartamentos de alquiler turístico está la suspensión de las licencias para este tipo de actividad en todos los distritos que se encuentran en el interior de la M-30. Asimismo, se establece el endurecimiento de las sanciones, que parten de 30.001 euros, multa mínima para aquellos propietarios que exploten este tipo de negocios sin la autorización municipal.
Además, el Ayuntamiento madrileño informado de que se va a incrementar en un 15% la plantilla de inspectores que hay en el área de Urbanismo para poder «perseguir a las viviendas de uso turístico que no cumplan con los requisitos de legalidad en la ciudad».
Según los datos que maneja Urbanismo del propio Ayuntamiento de Madrid, en la ciudad hay en torno a 13.000 viviendas utilizadas para uso turístico. De ellas solo cuentan con licencia efectiva 941, mientras que 151 están en fase de tramitación. Por lo tanto, en torno a un 92% de este tipo de alojamientos (más de 12.000), estarían operando de forma ilegal.