Para profundizar sobre el reto jurídico que presentan ambos planos, el pasado mes de junio tenía lugar una nueva edición del encuentro ‘Women BEYond’, en Forbes House, un encuentro, promovido por EY, que reunió a destacadas juristas y secretarias generales, entre las que se encontraban: Laura de Pedro, socia del área de Derecho Público de EY Abogados; Paula Novo, directora de Asesoría Jurídica y secretaria del Consejo en ICO; Irene Bonet, secretaria general y secretaria del Consejo en ADIF y Adif Alta Velocidad; Clara La Calle, secretaria general en Puertos del Estado; Elena Roldán, secretaria general y del Consejo en AENA; Elena Sáenz, secretaria general y del Consejo en ENAIRE; María Bueyo Díez, abogada del Estado-jefe en el Ministerio de Hacienda; y Amparo Monterrey, secretaria general en INECO.
Bajo la moderación de la periodista Belén Chiloeches, el debate jurídico arrancó abordando una cuestión crucial: la delimitación legal de la empresa pública. La respuesta general de la mesa dejó claro que no existen líneas divisorias “puras”, sino un complejo entramado normativo en el que la toma de decisiones corporativas está siempre bajo la “lupa” del derecho público. No en vano, Laura de Pedro señaló que en los despachos privados predomina una normativa clara, mientras que en lascorporaciones estatales existe una «superposición de normas que se van conjugando de una forma u otra, dependiendo de cada una de ellas».
Una puntualización con la que se mostró de acuerdo Novo, quien expuso las particularidades del Instituto de Crédito Oficial (ICO), una entidad que asume una carga regulatoria aún mayor por su naturaleza dual, ya que también “está supervisada por el Banco de España». “Esta condición obliga a un constante esfuerzo de encaje normativo para definir las reglas de su organización interna”, explicó. La secretaria general de ADIF coincidió en parte con el análisis de Novo al describir los retos de gestionar la infraestructura ferroviaria. Aunque las decisiones y la dinámica se ejecutan «como una empresa», Bonet subrayó que «el objetivo es claramente público, con lo cual la parte administrativa es más intensa».
La representante de Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria, por su parte, marcó distancias con el modelo de ADIF, recordando que ellos no operan como una entidad pública empresarial, lo que los sitúa en una posición diferente. «Estamos un poquito más sometidos intensamente dentro del derecho público y el derecho administrativo”. Y señaló: «Al final ya no se trata tanto de qué norma es aplicable, sino muchas veces de qué me va a dar más seguridad».
Monterrey recogió las reflexiones de sus compañeras de mesa y evidenció que la gestión en el sector público no permite respuestas simples, exigiendo a sus líderes jurídicos una alta capacidad de adaptación para navegar de forma segura entre el dinamismo comercial y el estricto cumplimiento administrativo.
De la fiscalización al diseño preventivo
Chiloeches aprovechó la oportunidad para plantear una nueva cuestión a las expertas: ¿Cómo ha evolucionado el asesoramiento legal hasta convertirse en un actor clave en la gobernanza y en la toma de decisiones estratégicas?». Las participantes coincidieron en que el modelo tradicional de fiscalización está dando paso a un perfil mucho más integrado en la estrategia corporativa.
De Pedro aportó su perspectiva señalando que esta evolución se observa tanto en el sector público como en el privado. Para ella, la asesoría jurídica «ha pasado de ser una función más de control a una función de diseño». Y matizó que la clave radica en la anticipación: «Que no se actúe cuando el problema está sobre la mesa, sino que se trabaje desde una perspectiva preventiva».
En esta misma línea se pronunció la secretaria general del ICO, quien remarcó la necesidad de superar la figura del abogado que se limita a emitir informes rígidos sobre lo que corresponde o no legalmente. «Tienes que convertirte en acompañante de la decisión», defendió Novo, explicando que el objetivo actual del jurista debe ser entender el fin que persigue la entidad y «acompañarla en la medida de lo posible para conseguirlo».
Irene Bonet respaldó este enfoque, señalando que la misión de las secretarías generales es «intentar participar en el inicio en la toma de decisiones incorporando ya un cierto criterio jurídico». Sin embargo, matizó que la realidad del día a día a menudo dificulta este ideal debido a la urgencia de la gestión pública. Clara La Calle y la secretaria general de Puertos del Estado reforzaron los argumentos de sus compañeras destacando el carácter omnipresente de la regulación en el sector estatal. «Cada vez adquiere un papel más relevante porque acaba siendo más transversal», concluyó la secretaria general en INECO, recordando que «cualquier decisión que se tome tiene detrás una norma que regula», lo que convierte al asesor jurídico en una pieza indispensable para la viabilidad de cualquier iniciativa.
Innovación y rigidez jurídica
“¿Cómo se equilibra hoy la garantía de la legalidad con la necesidad de agilidad en la gestión en este tipo de organizaciones?”, fue el nuevo tema planteado por Chiloeches. La respuesta de las ponentes confirmó la complejidad de gestionar proyectos innovadores dentro de un marco procedimental rígido que no siempre comparte el ritmo del sector privado.
Laura de Pedro no dudó en calificar esta dualidad como el desafío normativo por excelencia del sector: «El principal reto es compaginar la toma de decisiones de la mano de la Ley de Contratos del Sector Público». Explicó que esta normativa, por su rigidez, «encorseta muchísimo», dejando claro que el verdadero mérito de las secretarías generales radica en saber gestionar y desatar ese nudo legal en el día a día corporativo.
En este punto, la secretaria general de AENA aportó una visión realista y pragmática sobre cómo afrontar esta fricción temporal entre los objetivos de negocio y el cumplimiento normativo: “Resulta fundamental concienciar a los que tenemos a nuestro alrededor, directivos y personas de negocio, de que a veces las resoluciones a los dilemas no se pueden solucionar tan rápido como quisiéramos». No obstante, defendió la idea de que es necesario intentar agilizar los procesos “lo máximo posible”.
El uso estratégico de las herramientas legales
En este punto, la moderadora preguntó «¿qué tipo de tensiones suelen surgir en los consejos de administración entre la lógica del control público y la de la eficiencia empresarial?». Las expertas desvelaron dinámicas organizativas complejas, donde la exigencia comercial y el cumplimiento normativo estricto deben aprender a coexistir.
Al respecto, Irene Bonet expuso la singularidad operativa que viven las entidades que funcionan bajo el modelo de medio propio de la Administración. Y es que, tal y como señaló la socia del área de Derecho Público de EY Abogados, esta configuración se traduce en una «presión para la eficiencia» directa y constante: «Cuando tienes al cliente totalmente metido en tu estructura organizativa, se nota». Pese a ello, Sáenz matizó que “el cumplimiento de la legalidad puede ser más rápido o lento, pero no nunca debe ser motivo para generar un conflicto”.
En línea con este enfoque, la directora de Asesoría Jurídica y secretaria del Consejo en ICO señaló la necesidad de conocer en profundidad los procedimientos y saber operarlos de la forma más efectiva.»Muchas veces se trata de utilizar los propios mecanismos que te da la ley para los hechos que no son habituales», concluyó Novo, volviendo a recalcar el papel del jurista público como un facilitador estratégico capaz de encontrar soluciones excepcionales dentro de la más estricta legalidad.
El apoyo profesional y atracción de talento
Pero «¿cómo se adapta el marco regulatorio a un entorno cambiante, en el que el foco está puesto en la inteligencia artificial (IA), la digitalización y las nuevas tecnologías?».
Lejos de ver el marco legal común como un obstáculo, las juristas y secretarias generales pusieron en valor el poder de la cooperación y del ecosistema profesional para resolver problemas comunes. La Calle enfocó su respuesta desde una perspectiva comunitaria, encontrando una ventaja estratégica en el hecho de compartir las mismas exigencias legales. «Lo bueno es que todas las entidades, públicas y privadas, estamos sometidas a las mismas normas, y que todas en algún momento hemos tenido los mismos problemas», reflexionó. Para la ponente, esta realidad compartida mitiga el aislamiento institucional y fomenta un aprendizaje colectivo: «Se genera una red, en la que cada uno aporta su granito de arena».
En este punto, la moderadora interrogó sobre «¿cómo se conjuga esto con los organismos que deben responder a entornos cotizados?». Las expertas evidenciaron que la presencia en los mercados financieros intensifica las contradicciones entre la normativa administrativa y la lógica comercial. «Cuando hay normas que no conjugan bien, tenemos que priorizar una», explicó la secretaria general de AENA. Y añadió: “Quizá la parte más complicada es el tema de las retribuciones», advirtió, calificándolo directamente como un «elemento limitante» en la gestión corporativa actual.
En relación con esta afirmación Novo matizó que todo «depende del caso», abriendo paso a un análisis más profundo sobre la naturaleza de estas sociedades. Y la abogada del Estado-jefe en el Ministerio de Hacienda aportó una visión basada en la identidad y el propósito de estas corporaciones mixtas. «Depende de la vocación del servicio público”.
Estas afirmaciones llevaron a Chiloeches a poner un nuevo tema sobre la mesa: ¿cómo influye el modelo jurídico de la empresa pública en la atracción de talento, la profesionalización de los equipos directivos y la configuración de los consejos de administración?”.
Las reflexiones de las expertas dibujaron un escenario de alta exigencia, en el que los límites presupuestarios y regulatorios impuestos por el Estado restan agilidad en los mercados globales. «Esto hace que se resienta el mecanismo porque no siempre se atrae el mejor talento», apuntó la secretaria general de INECO.
Ante esta realidad, La Calle dejó en el aire una pregunta compartida por muchos profesionales del sector: «¿Hasta qué punto compensa el salto a la administración pública?». Y Novo fue categórica al calificar la situación actual: «Es imposible de atraer consejeros independientes».
El futuro de la regulación
A modo de cierre de la jornada, la moderadora invitó a las ponentes a hacer un ejercicio de prospectiva con una última pregunta clave: «¿Cuál es el principal reto jurídico de la empresa pública en los próximos cinco años?”. Todas las expertas apuntaron de forma unánime hacia la necesidad de compaginar una carga normativa creciente con la disrupción tecnológica y el relevo generacional.
Laura de Pedro advirtió sobre la dificultad de predecir escenarios en un entorno tan volátil. «Hablar de 5 años es muy complicado, porque se tiende hacia una complejidad regulatoria cada vez mayor», auguró. Para Novo, el futuro de la empresa pública pasar por «alinear sus objetivos con los de laempresa privada, y ser igual de ágiles y de flexibles».
Por su parte, la secretaria general de ADIF y Adif Alta Velocidad desplazó el foco de atención de la pura norma escrita hacia el impacto directo en el ciudadano. «Hay exigencias que no son sólo regulatorias», aclaró Bonet, señalando que «el uso por parte del usuario es cada vez es mayor y nos exige estar en perfectas condiciones todos los días». Y La Calle propuso un enfoque proactivo ante los cambios legislativos que se aproximan, como los planteados en materia de sostenibilidad.
El eje tecnológico centró la intervención de Elena Roldán, quien equiparó las urgencias de ambos sectores económicos. «En el ámbito público el reto es muy parecido al de la empresa privada, pero un poco más acuciado», analizó. Y es que para esta ponente la clave radica en «poder dar cumplimiento a todos esos retos tecnológicos que tenemos por delante, como la IA o la robótica”. Esta postura fue suscrita en su totalidad por Sáenz.
La abogada del Estado-jefe en el Ministerio de Hacienda subrayó la relevancia del desafío digital, situándolo en términos de continuidad institucional. «El reto es la propia supervivencia de los entes, con una nueva regulación», sentenció. Y concluyó que, «a pesar de que estamos en el sector público,no nos podemos quedar atrás en la aplicación de las nuevas tecnologías, especialmente en la parte jurídica. Tenemos que hacer todo lo posible para ir avanzando». Y, finalmente, Amparo Monterreyaportó una visión centrada en el capital humano, asegurando que «el verdadero reto reside en la adaptabilidad y en la incorporación de las nuevas generaciones».
Como broche final al encuentro, la moderadora Belén Chiloeches sintetizó la principal conclusión de la jornada: «No hay duda de que la empresa pública y privada deben ir de la mano para construir un marco regulatorio firme y que se adapte a las necesidades de ambas realidades».