Las empresas españolas son, en su gran mayoría, pequeñas y familiares. El 99,81% de las empresas españolas son PYMES y dan empleo al 61,8% de los trabajadores del sector privado[1]. Por otro lado, el 89% de las empresas son familiares [2], lo que supone uno de los mayores porcentajes en Europa, sólo por detrás de Chipre y República Checa.
En un contexto económico, político y legislativo tan complejo como el actual, las empresas se enfrentan a diferentes retos en el ámbito legal que condicionan su propia supervivencia.
Incertidumbre legislativa
En 2023 se aprobaron 683 nuevas normas de rango estatal, plasmadas en 238.705 páginas del BOE. También, se aprobaron 291 nuevas normas de rango autonómico publicadas en 1.036.760 páginas de boletines oficiales, 2.180 nuevas normas de la Unión Europea y, adicionalmente, la normativa municipal, cuya cuantificación agregada resulta imposible[3].
Con este abrumador caudal legislativo es habitual que se produzcan continuos cambios normativos, contradicciones y errores que dificultan el correcto entendimiento de la normativa.
Esta inseguridad jurídica, que perjudica el crecimiento de las empresas y la creación de empleo, es especialmente destacada en el ámbito fiscal y laboral.
Ello supone un reto para las empresas, que están obligadas a conocer y cumplir una maraña legislativa indescifrable e inabarcable. Pero, un buen asesoramiento puede ofrecer buenas oportunidades de optimización de costes y de generación y negocio.
La Administración
Las Administraciones Públicas tienen un peso del 51% en la economía española[4] e impactan decisivamente en la vida de las empresas, desde diferentes ángulos. Primero, como legislador, como hemos indicado anteriormente. Segundo, en el control del cumplimiento normativo (inspecciones, comprobaciones, requerimientos, etc…). Ello obliga al empresario a dedicar cada vez más tiempo y dinero en cumplir estas obligaciones ajenas su negocio. Tercero, autorizando actividades o concediendo licencias. Existen muchos sectores regulados (banca, seguros, energía, puertos, etc…). Pero, incluso, actividades liberalizadas como abrir una tienda, montar una fábrica o iniciar una actividad de prestación de servicios profesionales requiere la obtención de autorizaciones, licencias, permisos, etc. Cuarto, facilitando negocio a las empresas. A pesar de su volumen, las Administraciones carecen de la capacitación, experiencia, flexibilidad o músculo financiero para cumplir con sus fines o prestar servicios públicos. Por ello, recurren habitualmente a la contratación de la empresa privada.
Además, el funcionamiento de la Administración se caracteriza por su formalismo, rigidez y por su posición de superioridad frente a la empresa, que es un David contra Goliat.
En este contexto, resulta imprescindible contar con un asesoramiento laboral especializado y de calidad, que permita a las empresas dedicarse a su negocio y avanzar por los vericuetos legislativos con seguridad y sin sustos.
Sucesión
El éxito del relevo generacional, que es uno de los grandes retos de la empresa familiar, garantizando la supervivencia de la empresa y la paz social y familiar debe planificarse adecuadamente. Para ello, la elaboración de un protocolo familiar robusto y un testamento pensado son elementos claves.
Conflictos internos
Es frecuente que las empresas, incluso rentables, implosionen desde dentro por los conflictos entre los socios. Para evitarlo, es fundamental que, además de unos estatutos, la empresa cuente con un pacto de socios que ofrezca certidumbre y prevenga disputas posteriores.
Crecimiento
Es frecuente que las empresas evolucionen o crezcan de una forma desordenada (negocios buenos y malos mezclados, avales cruzados, insuficiente diversificación de riesgos, patrimonio familiar en la empresa, facturas fiscales desorbitadas, etc…). Para evitarlo, es imprescindible contar con una planificación fiscal y legal eficiente desde un primer momento.
Insolvencias
El 70% de las empresas no sobreviven los 5 primeros años de vida. Y el 90% no superan los 10 años[5]. Además, cerca del 90% de las empresas que de declaran en concurso de acreedores, son liquidadas.
Por ello, es muy importante adoptar medidas adecuadas para prevenir la insolvencia y, si es inevitable, sus efectos. Se debe garantizar el cumplimiento normativo para evitar responsabilidades, separar el patrimonio personal y familiar, disponer mecanismos de detección precoz y ser creativos (refinanciaciones, reestructuraciones de deuda, pre-concursos, etc..)
Asesoramiento legal
En Madrid, el 73% de los abogados trabajan en despachos unipersonales o pequeños (menos de 10 profesionales). En el resto de España probablemente el porcentaje sea superior, ya que los grandes despachos están radicados en la capital.
Esta distribución plantea problemas prácticos para las empresas que encuentran dificultades para encontrar el asesoramiento legal que precisan. Los grandes despachos tienen un coste y un foco que no suele estar alineado con las necesidades de las empresas. Por el contrario, los despachos unipersonales y pequeños tienen dificultades para ofrecer el asesoramiento especializado y multidisciplinar requerido por las empresas.
Pero, en este ámbito, lo barato suele salir caro.
Por tanto, es recomendable contar con un asesoramiento legal accesible, de confianza, que impacte en su cuenta de resultados, de calidad y que conozca su sector de actividad.
Además, la experiencia demuestra que lo óptimo es disponer de un asesoramiento acorde al volumen de la empresa. Despachos más grandes serán caros y es posible que las PYMES no sean la prioridad. Gestorías más pequeñas normalmente carecerán de la experiencia y capacidad necesaria.
*Arturo Saez Sanz es socio – director de Saez Abogados