Afrontamos un 2021 con un cambio de paradigma, donde no serán concedidos préstamos al sistema, abonándose transferencias directas por parte del Estado con el fin de evitar aglomeraciones de tesorería. Ahora bien, esto no elude, la asunción de deuda por parte de la Seguridad Social por un montante superior a 100.000 millones de euros, renovándose prácticamente de forma tácita.

En lo concerniente a esto, no podemos obviar que la partida de pensiones representa cerca del 40% del gasto social, por ende, los Presupuestos Generales del Estado asumirán el mismo porcentaje. El Gobierno ha presupuestado, en 2021, 163.000 millones de euros para abonar a los pensionistas, pasando a la historia por superar, en el primer mes de la temporada, los 10.000 millones. Dos de los grandes culpables para la consecución de este hito, serán el alza del número de pensiones, anualmente se adhieren cerca de 100.000 pensiones, y la revalorización de estas, provocando un incremento del coste en 1.400 millones.

Al margen de las exigencias por parte de Bruselas para liberar las ayudas, estas son las causas que justifican la celeridad en acometer una nueva reforma en nuestro sistema público de pensiones. Después de diez años desde el último acuerdo efectivo y tras cuatro años de negociación, ya ha sido admitida la tan ansiada transformación por parte del Pacto de Toledo y del Congreso de los Diputados. Los parámetros, más significativos, susceptibles de modificación son el rescate del IPC como referencia para las revalorizaciones anuales, las penalizaciones en las jubilaciones anticipadas, la incentivación en el alargamiento de la vida laboral, los períodos de cómputo de cotizaciones históricas y la promoción de los planes de pensiones de empleo.

Se ha aprobado la separación de fuentes de financiación y la reducción de los incentivos fiscales a los planes de pensiones individuales. En consecuencia, el límite de aportaciones a planes de pensiones individuales implantándose en 2.000 euros anuales (8.000 euros en 2020), siempre que no sobrepase el 30% de los rendimientos netos del trabajo y/o actividades económicas. Paralelamente, también se reducirá el límite máximo de deducción por aportaciones en los que el titular sea el cónyuge que pasará de 2.500 euros anuales a 1.000 euros anuales.

Según datos de Inverco y Unespa, esto afectará a más de 7,5 millones de partícipes de planes de pensiones individuales (PPI) y a un millón de asegurados en planes de previsión asegurados (PPA). Tomando como referencia que cerca del 33% de estos ahorradores hacen aportaciones periódicas, se estima un detrimento de ingreso de más de 2.000 millones de euros.

Dado que son pocos los empleadores que ofrece un Plan de Pensiones de Empleo a sus empleados y el colectivo de autónomos se queda totalmente desamparado, es aquí donde surge una gran oportunidad para los Fondos de Inversión teniendo que rivalizar con otros productos como los Planes Individuales de Ahorro Sistemático (PIAS) o Unit Linked, entre otros.

Teniendo en cuenta la diversidad de estos, la no limitación en la cuantía de las aportaciones, la viabilidad de traspaso sin coste alguno y el tratamiento fiscal como rendimiento de capital mobiliario sobre las plusvalías (19% y 26%), parece una alternativa atractiva para canalizar la orfandad del ahorro proveniente de los PPI y PPA.

Julio Fernández García es Profesor de Headspring (IE Business School & Financial Times) y Experto en Planificación Financiero–Aseguradora.

Asimismo, es colaborador de opinión en Radio Intereconomía y El Economista, medio del que es miembro del Consejo Editorial de la Revista de Pensiones.