2024 puede marcar un antes y un después en el uso de las carreteras españolas. El Gobierno ha marcado esa fecha como horizonte para empezar a implementar el sistema de pago por uso de la red de carreteras del Estado. Esta medida busca avanzar hacia la internalización de los costes medioambientales y responderá a dos principios: “quien contamina, paga” y “el que usa, paga”.
Con la implantación de un peaje medio de 4 céntimos por kilómetro un trayecto entre Madrid y Burgos supondría el pago de 9 euros. Desde la capital, llegar hasta Zaragoza ascendería a unos 12 euros, 14 euros hasta Valencia y 22 hasta A Coruña. Un trayecto entre Bilbao y Barcelona saldría por unos 23 euros.
Según el Ejecutivo, esta medida se dirige a lograr una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, el impacto de la carretera sobre el medio ambiente y la eficacia del transporte. Pero el cobro por el uso de la red de carreteras también tiene otra finalidad: reducir el abultado déficit que ha generado su mantenimiento.
Al contrario que en otros países europeos como Portugal, que siguiendo las directrices de la Unión Europea durante la crisis financiera de hace una década introdujo peajes en toda su red de alta capacidad que afectan a todos sus ciudadanos, España optó por no renovar concesiones y liberó de peajes varias autopistas. Portugal no es el único país que grava a sus ciudadanos por el uso de las carreteras: en Francia e Italia también prima el pago por uso.
La conservación de las carreteras supone un elevado coste para la Administración. La red estatal supera los 26.400 kilómetros de extensión y, de ellos, unos 12.000 son vías de alta capacidad. “Tenemos la red más extensa de Europa, los costes de conservación son crecientes y no es posible que sean asumidos de manera directa por los recursos presupuestarios”, argumenta el Gobierno en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que se ha remitido a Bruselas para obtener los fondos europeos para impulsar la recuperación de la crisis que ha generado la pandemia.
Desde la Dirección General de Tráfico apoyan implementar un sistema de pago por uso de las carreteras del Estado. “En todos los países europeos se paga en la conservación y el mantenimiento de las carreteras de alta capacidad, en todos”, afirma el director General de Tráfico, Pere Navarro.
Sin embargo, desde Facua señalan que esta medida podría ser perjudicial para los ciudadanos con menor poder adquisitivo y un “claro perjuicio” para quien no vive en un gran núcleo urbano y deben usar estas vías para sus desplazamientos habituales al trabajo u otras actividades. La asociación defiende que el mantenimiento de las vías sea financiado vía Presupuestos Generales, a través de los impuestos directos que soportan los ciudadanos.
Una medida “escalable y progresiva”
El Gobierno también aclara que el sistema podría ser “escalable y progresivo”, es decir, que se cobre inicialmente solo en la red de alta capacidad (autovías) y que se extienda de forma progresiva a otras redes, abriendo la puerta así a que cualquier carretera pueda ser de peaje.
Esta progresividad en la aplicación de la medida responde al esperado rechazo que causará en la población. Por ello, defiende que se determinarán tarifas “asumibles pero que garanticen la financiación”.
Un peaje de entre 3 y 5 céntimos de media sería suficiente para acabar con el déficit de 8.000 millones
Desde la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (Acex) defienden que un peaje de entre 3 y 5 céntimos de media sería suficiente para acabar con el déficit de 8.000 millones que ya acumula la conservación de las carreteras.
La implementación de una medida así requiere un plazo de entre dos y tres años, según se ha observado en la experiencia de otros países. En ese plazo el Ejecutivo tiene dos tareas: lograr consenso social y político para ponerlo en marcha, ya las comunidades autónomas tienen que implicarse en el proceso, y estimular la concienciación de la ciudadanía sobre su necesidad. En cuanto a los transportistas, camiones y resto de vehículos pesados autorizados para el trasporte, el Gobierno afirma que se impulsarán condiciones normativas necesarias para que el coste del peaje sea asumido por los cargadores, incentivando así la búsqueda de la sostenibilidad y eficiencia del transporte.
