El Ministerio de Trabajo y Economía Social, las organizaciones sindicales CCOO y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME han alcanzado un acuerdo para establecer la situación laboral de las personas trabajadoras dedicadas al reparto o distribución de cualquier producto de consumo o mercancía a través de plataformas digitales, conocidas como riders.

Las tres partes han comunicado que en el texto acordado se reconoce la presunción de laboralidad para los trabajadores que presten servicios retribuidos de reparto a través de empresas que gestionan esta labor mediante la gestión algorítmica del servicio o de las condiciones de trabajo, a través de una plataforma digital, en línea con la sentencia del Tribunal Supremo de septiembre de 2020, en la que establecía que los repartidores son trabajadores por cuenta ajena y no autónomos.

Además de lo anterior, y para todos los ámbitos, la representación legal de los trabajadores deberá ser informada de las reglas que encierran los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial que pueden incidir en las condiciones laborales por las que se rigen las plataformas, incluyendo el acceso y mantenimiento del empleo y la elaboración de perfiles.

En concreto, el texto dice que se recogerá en el Estatuto de los Trabajadores que las empresas deberán informar de los parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones que pueden incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y el mantenimiento del empleo, incluida la elaboración de perfiles.

El texto del acuerdo señala que el Real Decreto-Ley que recoge la norma entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Acuerdo celebrado

Para el secretario general de CCOO, Unai Sordo, estamos ante un acuerdo importante, que no agota la aspiración de CCOO “a alcanzar una regulación mejor del conjunto de la economía digital y de las plataformas para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las personas que trabajan en ese sector.

Sordo considera que es muy importante que el Estatuto de los Trabajadores comience a recoger la realidad de la nueva economía digital para que esta no sea sinónimo de precarización.

“Desde CCOO aspiramos y exigimos una regulación y ordenación del conjunto de trabajos que se realizan a través de plataformas digitales”, señala en el mismo sentido el responsable de Juventud y Nuevas Realidades del Trabajo de CCOO, Carlos Gutiérrez. “Las tecnologías digitales no pueden ser un ariete para destruir nuestros derechos. Más pronto que tarde esta regulación se tendrá que abordar en nuestro país”, incide.

Por su parte, la vicesecretaría general de UGT, Cristina Antoñanzas, ha señalado que este acuerdo “es un primer paso de muchos en un camino que se comienza con el objetivo de seguir avanzando para regular las condiciones laborales de los trabajadores de las plataformas”.

Fuentes de la CEOE han indicado a Europa Press que el acuerdo ha recibido el visto bueno de su Comité Ejecutivo y que en él se respeta la confidencialidad del algoritmo.

Así pues, el presidente del organismo, Antonio Garamendi, ha celebrado el acuerdo en su cuenta de Twitter, asegurando que “seguiremos trabajando juntos en el marco del diálogo social“.

En este sentido, Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), también ha utilizado su red social afirmando que comparte el acuerdo alcanzado sobre los trabajadores de las plataformas de reparto.

Asimismo, el directivo ha insistido en que “no son autónomos, son asalariados“, recordando que “decenas de sentencias de los tribunales, doctrina del Tribunal Supremo y multitud de actas de actas de Inspección de Trabajo lo confirman”.

Riesgos del acuerdo
La Asociación de Plataformas de Servicios bajo demanda (APS), que engloba a las principales plataformas de food delivery en España (Deliveroo, Stuart, Glovo y Uber Eats), han advertido del daño que implicará la “laboralización forzosa” de los riders tras el acuerdo alcanzado.
Precisamente, sobre el apoyo de la CEOE a este acuerdo, APS ha expresado su malestar y las “cesiones totales” que ha hecho esta organización empresarial al Gobierno.
“Lamentamos profundamente la posición que la CEOE ha tenido en la mesa del diálogo social, en la que ninguna de las propuestas del sector del reparto de comida a domicilio ha sido tenido en cuenta. Las cesiones de la CEOE han sido totales, incluyendo la obligación de revelar los algoritmos, una medida que sin duda afectaría muy negativamente al desarrollo de la economía digital en España, además de atentar contra los principios más básicos de la libertad de empresa y la propiedad industrial”, asegura la asociación en un comunicado.
Las plataformas de delivery han manifestado además su preocupación por el futuro del sector ante la obligación de que sus repartidores adquieran la condición de trabajadores por cuenta ajena en lugar de autónomos, y ha subrayado que el sector de la restauración había pedido una ‘Ley de Riders’ que no dañara aún más a la hostelería.
“Mientras otros países europeos aprueban regulaciones que apoyan la economía digital con mayores protecciones para los repartidores autónomos, España parece ir en dirección contraria, poniendo en peligro un sector que aporta 700 millones al PIB nacional“, denuncian.