La llamada ‘Ley de riders‘, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 12 de mayo, que obliga a las plataformas digitales de reparto a contratar como asalariados a sus repartidores, entra en vigor este jueves, 12 de agosto.

Esta norma, fruto del acuerdo alcanzado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, las organizaciones sindicales CCOO y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME el pasado mes de marzo, establece la situación laboral de las personas trabajadoras dedicadas al reparto o distribución de cualquier producto de consumo o mercancía a través de plataformas digitales, conocidas como riders.

Las tres partes comunicaban hace tres meses que en el texto acordado se reconoce la presunción de laboralidad para los trabajadores que presten servicios retribuidos de reparto a través de empresas que gestionan esta labor mediante la gestión algorítmica del servicio o de las condiciones de trabajo, a través de una plataforma digital, en línea con la sentencia del Tribunal Supremo de septiembre de 2020, en la que establecía que los repartidores son trabajadores por cuenta ajena y no autónomos.

Además de lo anterior, y para todos los ámbitos, la representación legal de los trabajadores deberá ser informada de las reglas que encierran los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial que pueden incidir en las condiciones laborales por las que se rigen las plataformas, incluyendo el acceso y mantenimiento del empleo y la elaboración de perfiles.

En concreto, el texto dice que se recogerá en el Estatuto de los Trabajadores que las empresas deberán informar de los parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones que pueden incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y el mantenimiento del empleo, incluida la elaboración de perfiles.

El texto del acuerdo señalaba que el Real Decreto-Ley que recoge la norma entraría en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Las plataformas buscan alternativas

– Deliveroo planea cesar su actividad en España

A finales del mes de julio, a pocos días de la entrada en vigor de la ley, la plataforma de reparto de comida a domicilio Deliveroo anunció que planea el cese de sus operaciones en España. En concreto, la plataforma comunicó su intención de realizar una consulta entre sus empleados sobre el fin de su actividad en el mercado español.

La consulta de Deliveroo sobre el cese de sus operaciones en España estará condicionada al resultado de un proceso consultivo con los empleados afectados y con los ‘riders’. Deliveroo prevé que el proceso de consulta colectiva comience a principios de septiembre y la empresa trabajará con todas las partes interesadas y preparará toda la documentación necesaria para ello.

En caso de que la empresa decida poner fin a sus operaciones tras la conclusión del proceso de consulta, que durará aproximadamente un mes, la empresa ha afirmado que se asegurará de que los ‘riders’ y los empleados dispongan de un adecuado paquete de compensación que cumpla con todas las normativas y la legislación local.

– Just Eat negocia un convenio con los sindicatos

Por su parte, la plataforma de reparto de comida a domicilio Just Eat se encuentra negociando con UGT y CCOO para fijar las bases del que será el primer convenio colectivo del sector del delivery en España.

En concreto, este convenio será el primero a nivel nacional que ayude a organizar las relaciones laborales de la economía de plataformas en el reparto de comida a domicilio y estará totalmente alineado con la ‘Ley de Riders’.

– Denuncias contra Glovo ante la inspección

Por su lado, Glovo anunció hace un tiempo el lanzamiento de un nuevo modelo de autónomo «inédito en España» y la contratación de 2.000 trabajadores antes de que finalice 2021 para adaptarse a la normativa.

No obstante, hace un par de días, CCOO de Cataluña informó de que ha presentado dos denuncias ante la Inspección de Trabajo contra Glovo por presuntamente incumplir los derechos laborales de sus trabajadores y «desafiar la ‘Ley de Riders’ abiertamente sin hacer el intento de adaptarse a la normativa».

Las denuncias son para que se produzca el reconocimiento de los trabajadores autónomos como asalariados y por el «intento de estas empresas de dar cobertura a su estructura sin la laboralización efectiva, ya sea con la subcontratación o ETT».

– Uber Eats y Stuart

Por su parte, el despacho SBO Abogados está recabando información para interponer demandas individuales acumuladas contra Uber Eats por romper la relación laboral existente con los trabajadores autónomos, así como por «cesión ilegal» de repartidores a subcontratas.

Uber Eats ha comunicado en un mensaje interno, al que ha tenido acceso Europa Press, que los trabajadores autónomos no podrán seguir proporcionando servicios de reparto a través de su plataforma a partir de este 12 de agosto.

La plataforma indica, sin embargo, que si el empleado ya está trabajando con algunos de sus socios en delivery nada cambiará y podrá seguir operando como hasta la fecha.

«Como compañía estamos comprometidos con seguir siendo un socio a largo plazo en el sector del delivery en España y estamos trabajando contrarreloj para adaptarnos a la nueva normativa», indica la empresa en el mensaje.

De su lado, el presidente de la asociación unificada de Riders AUR, Fernando Roan, ha explicado que ya hay más de 30 riders que se han unido a la demanda. «Uber Eats ha tomado la decisión de quien no quiera contratos precarios no podrá trabajar, dejando a miles de familias en la calle», ha denunciado en declaraciones a Europa Press.

Desde esta asociación defienden un modelo mixto, ya que, según asegura Roan, el sector en su mayoría «quiere seguir como autónomo«. «No me podía quedar de brazos cruzados viendo cómo a compañeros que hemos sido esenciales en la pandemia y en condiciones atmosféricas como Filomena se nos echa con una mano delante y otra detrás. Es injusto», ha manifestado.

Por su parte, la compañía de mensajería Stuart ha reivindicado un modelo de negocio flexible basado en repartidores independientes, con motivo de la entrada en vigor de la ‘Ley de Riders’.

A pesar de que la empresa considera esta alternativa como la más beneficiosa para todas las partes, ha señalado que mantiene un «gran compromiso» con el mercado español y ha manifestado su deseo de cumplir con los requisitos de la nueva legislación.

En este sentido, durante el periodo de transición, Stuart ya ha empezado un proceso de contratación directa de una parte importante de su flota. Al mismo tiempo, y como contempla la nueva normativa, ha anunciado que también contará con repartidores que provengan de flotas profesionales.

Asimismo, desde Stuart han anunciando estar promoviendo un convenio colectivo del sector que recoja las peculiaridades del modelo de reparto de última milla. «Entendemos, después de estudiar en detalle los convenios existentes, que es necesario un marco de relaciones laborales justo para los repartidores y que comprenda el modelo operativo de las plataformas digitales», ha explicado la compañía.

Las organizaciones sindicales y empresariales celebran el acuerdo

Para el secretario general de CCOO, Unai Sordo, estamos ante un acuerdo importante, que no agota la aspiración de CCOO “a alcanzar una regulación mejor del conjunto de la economía digital y de las plataformas para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las personas que trabajan en ese sector.

Sordo considera que es muy importante que el Estatuto de los Trabajadores comience a recoger la realidad de la nueva economía digital para que esta no sea sinónimo de precarización.

“Desde CCOO aspiramos y exigimos una regulación y ordenación del conjunto de trabajos que se realizan a través de plataformas digitales”, señala en el mismo sentido el responsable de Juventud y Nuevas Realidades del Trabajo de CCOO, Carlos Gutiérrez. “Las tecnologías digitales no pueden ser un ariete para destruir nuestros derechos. Más pronto que tarde esta regulación se tendrá que abordar en nuestro país”, incide.

Por su parte, la vicesecretaría general de UGT, Cristina Antoñanzas, señalaba que este acuerdo “es un primer paso de muchos en un camino que se comienza con el objetivo de seguir avanzando para regular las condiciones laborales de los trabajadores de las plataformas”.

Fuentes de la CEOE han indicado a Europa Press que el acuerdo ha recibido el visto bueno de su Comité Ejecutivo y que en él se respeta la confidencialidad del algoritmo.

Así pues, el presidente del organismo, Antonio Garamendi, ha celebrado el acuerdo en su cuenta de Twitter, asegurando que “seguiremos trabajando juntos en el marco del diálogo social“.

En este sentido, Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), también ha utilizado su red social afirmando que comparte el acuerdo alcanzado sobre los trabajadores de las plataformas de reparto.

Asimismo, el directivo ha insistido en que “no son autónomos, son asalariados“, recordando que “decenas de sentencias de los tribunales, doctrina del Tribunal Supremo y multitud de actas de actas de Inspección de Trabajo lo confirman”.

Riesgos del acuerdo

La Asociación de Plataformas de Servicios bajo demanda (APS), que engloba a las principales plataformas de food delivery en España (Deliveroo, Stuart, Glovo y Uber Eats), advertían del daño que implicará la “laboralización forzosa” de los riders tras el acuerdo alcanzado.

Precisamente, sobre el apoyo de la CEOE a este acuerdo, APS ha expresado su malestar y las “cesiones totales” que ha hecho esta organización empresarial al Gobierno.

“Lamentamos profundamente la posición que la CEOE ha tenido en la mesa del diálogo social, en la que ninguna de las propuestas del sector del reparto de comida a domicilio ha sido tenido en cuenta. Las cesiones de la CEOE han sido totales, incluyendo la obligación de revelar los algoritmos, una medida que sin duda afectaría muy negativamente al desarrollo de la economía digital en España, además de atentar contra los principios más básicos de la libertad de empresa y la propiedad industrial”, asegura la asociación en un comunicado.

Las plataformas de delivery han manifestado además su preocupación por el futuro del sector ante la obligación de que sus repartidores adquieran la condición de trabajadores por cuenta ajena en lugar de autónomos, y ha subrayado que el sector de la restauración había pedido una ‘Ley de Riders’ que no dañara aún más a la hostelería.

“Mientras otros países europeos aprueban regulaciones que apoyan la economía digital con mayores protecciones para los repartidores autónomos, España parece ir en dirección contraria, poniendo en peligro un sector que aporta 700 millones al PIB nacional“, denuncian.