Los miedos derivados de la pandemia han sido un importante motor de cambio en los hábitos de los ciudadanos. Uno de ellos, el contagiarte de covid-19 en las interacciones diarias básicas, ha servido para acelerar de forma decisiva la evolución de la digitalización económica.
De pronto, los ciudadanos queríamos tener el mínimo contacto posible con objetos y personas, también en nuestras compras en el supermercado o farmacia y otras pequeñas gestiones. Y, tal vez sin saberlo, estábamos más preparados que otros países para afrontar unas compras más seguras desde el punto de vista sanitario. Así lo revela el informe “La digitalización de los medios de pago en España: desafíos y oportunidades”, elaborado por Payment Innovation Hub junto con AFI y en colaboración con CaixaBank, Visa y Samsung, estábamos, tal vez sin saberlo,
“España es, en términos comparados, un país que se encuentra muy bien equipado y muy bien terminalizado”, explica Verónica López, consultora de AFI. Contamos con una ratio de tarjetas de crédito de 1,8 por habitante, por encima de la media de la UE (1,7), más sintonizados con Dinamarca o Suecia que con Francia o Italia a este respecto. También tenemos un gran número de terminales POS, los datáfonos de los comercios, con más de 37.000 por millón de habitantes. Así, y como refleja en el informe, la subida del límite sin autentificación de 20 a 50 euros y la adopción del contactless —pago sin contacto—, provocó que muchos españoles se volcasen con este método de pago digital cuando antes, por inercia, tendía a utilizar efectivo.
Pero, paradojas de la vida, pese a que tenemos esas tecnologías ya instaladas e insertadas, somos reacios a usarlas en el grado que correspondería al nivel de despliegue tecnológico con el que contamos. Realizamos, en promedio, 119 pagos por tarjeta cada año cuando la media europea es de 168. Además, el valor total de esas operaciones con tarjeta se sitúa en torno al 17% del PIB anual cuando en Francia o Dinamarca es el 25%, en Portugal el 36% o en Reino Unido es del 45%. Los españoles, como muestran los datos, seguimos siendo muy fieles al efectivo.
Menos dinero negro, mejor gobernanza
En diciembre de 2020 el Banco Central Europeo (BCE) publicó que el ‘cash’ representa el 67% del volumen de las compras de los españoles. A este respecto sólo nos superan Chipre y Malta. Además, como reflejan las encuestas a ciudadanos realizadas por Payment Innovation Hub, se debe en gran medida a lo universalizado que está el pago en efectivo: no nos gusta toparnos con el imprevisto de que el comerciante no acepte nuestra tarjeta.
Pero detrás de los pagos en efectivo se esconde el viejo conocido de los Estados: la economía sumergida. Los expertos estiman que España podría recaudar entre 16.000 y 32.000 millones de euros más cada año sólo con la digitalización de los medios de pago. Y si hay un momento para promover este cambio, ninguno mejor que ahora que la ciudadanía está más receptiva al cambio que nunca. “No volveremos a encontrarnos una oportunidad como esta para mejorar los servicios digitales”, dice David Alonso, director general de Negocios de Empresa para Samsung España.
Así que, ¿cómo lograrlo? Silvia García, directora de comunicación de Payment Innovation Hub, propone hacernos ver aquello que obviamos: el coste del dinero. Un informe de Italia de 2017 valoró en 10.000 millones de euros anuales lo que pagan empresas, entidades financieras y ciudadanos en la gestión del efectivo, como supone el transporte, la seguridad y la gestión hasta los puntos de venta. El ciudadano tampoco suele pensar en el coste personal de su tiempo que hace en colas y cajeros.
Eduardo Prieto, director general de Visa, expone las claves del Cashback Italia, el plan de incentivos para el fomento de los pagos electrónicos a todos los niveles. “Si tú alcanzas un número de pagos con tarjeta a lo largo de seis meses, se te reembolsa el 10% de ese importe en tu tarjeta para que puedas seguir utilizándola”.
En cuanto a los pequeños comercios, el país transalpino ofreció en 2019 que aquellos con ingresos anuales inferiores a 400.000 euros se beneficiasen de un incentivo fiscal equivalente al 30% del coste de aceptación de estos medios de pago. Son dos ejemplos de propuestas que Payment Innovation Hub valora positivamente para España, aunque encabeza el ranking la posibilidad de rebajar el IVA de determinados productos de interés (pongamos por caso, de los bienes culturales o del dinero gastado dentro de la España Vaciada) o las deducciones de IRPF.
No se trata sólo de promover el uso de este sistema de pagos: “Para que todo esto tenga éxito hay que añadir una capa de seguridad y de valor añadido para que sea una solución que adopten los consumidores, las empresas y las administraciones públicas”, recuerda Eduardo Prieto. Los humanos somos animales de costumbres, y si lo digital no nos da nada que no nos dé ya el dinero en efectivo o las transferencias bancarias, nos vamos a quedar donde estamos. Afortunadamente, y como hemos visto, tenemos la infraestructura montada y ahora es cuestión de aplicar esa digitalización administrativa que está, entre otros designios, en el plan Agenda Digital España 2025.
Enric Fernández, economista jefe de Caixabank, saca a colación The New Payments Platform, la plataforma construida en 2018 por el gobierno de Australia para la gestión de pagos a todos los niveles de la administración, de los pequeños ayuntamientos a la hacienda central y que, gracias a su universalidad y su facilidad, procesa 1,5 millones de transacciones diarias y hace que cualquier transferencia llegue a su destinatario en menos de un minuto.
Algo así quiere para nosotros David Alonso, de Samsung. Si bien en España los pagos de la administración están altamente digitalizados, no ocurre lo mismo con los cobros, y ahí tenemos margen de mejora: “Imaginemos que soy un ciudadano del Ayuntamiento de Madrid y quiero pagar unas tasas. Pongamos que estoy ya identificado en mi móvil. Podría entonces entrar a la web de la administración, que esta vea que soy yo y que sepa que tengo pendiente el pago del IBI. Entonces la web del ayuntamiento me pregunta: ‘¿Quieres pagar el IBI?’ Yo le doy a aceptar y ya está, súper sencillo, con dos o tres clics”.
Además, por el gran volumen de datos asociados a estas transacciones, los pagos digitales encierran la capacidad de que los gobernantes desarrollen políticas públicas más eficientes. Pensemos en las comunicaciones, esas que precisamente por ese rechazo de los pagos en efectivo movió a la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) a limitar, en lo que durase la pandemia, el pago en sus terminales únicamente con tarjeta. “Los servicios de pagos electrónicos podrían permitir en estos sistemas identificar las características socioeconómicas del usuario, su uso, frecuencias o distancias. Todos esos elementos se pueden utilizar para hacer una discriminación tarifaria para mejorar la eficiencia de esos servicios”, dice Enric Fernández.
Cuando es la administración la que pone palos en las ruedas
En el ámbito de la contratación pública también tenemos que mejorar. Tras la aprobación de la normativa que regula los servicios de pago y otras medidas en materia financiera, “se ha vuelto casi imposible pagar con tarjeta”, cuenta a Forbes Remo Domingo, director en iAsesoría y experto en materia fiscal. Esta ley se creó para luchar contra la corrupción en que incurrieron algunos trabajadores públicos, pero el modelo actual, que peca de celo, está promoviendo que los organismos dejen de lado el desarrollo tecnológico o firmen contratos con empresas privadas que sí manejan con facilidad sus propias tarjetas de crédito para que hagan de intermediarios en la compra de, por ejemplo, licencias de software.
“Ahora todos los pagos de las administraciones públicas, aunque sean menores, conllevan la confección de un contrato”, explica Domingo, “y así sucede que las personas asociadas a los departamentos tecnológicos de su ayuntamiento a veces no son las que están autorizadas para hacer esos contratos”.
Además, explica que “no se pueden hacer contratos que excedan el año natural”. Y pone un ejemplo: si el funcionario a cargo intentase contratar en marzo de forma anual en un servicio como Dropbox, esa suscripción duraría hasta el año siguiente, con lo que ya estaría incumpliendo la ley. “Me consta que durante la pandemia ha habido ayuntamientos pequeños que no han podido contratar herramientas como Zoom para hacer plenos”, asegura.
Tampoco podemos ignorar el riesgo de la brecha digital, que dada la rápida concentración urbana que están promoviendo ciudades como Madrid y Barcelona está gestando una España de dos velocidades: “Hay gente en este país que, por falta de una tecnología 3G, no ha podido ni puede teletrabajar”, dice Domingo, lo que da una pista de lo lejos que quedan algunos debates sobre el acceso a la digitalización.
“La covid ha acelerado una tendencia que ya estaba ahí”, resume Enric Fernández. “Se van a intensificar sinergias como son la introducción de monedas digitales emitidas por los bancos centrales (CBDC), que muchas entidades están estudiando cómo administrar, y que a su vez intensificarán mucho más esos pagos electrónicos”. La Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra y las autoridades monetarias de Rusia e India ya están manos a la obra con sus propias CBDC, pero quien está a la cabeza en la carrera es por el momento China.
El banco central chino empezó a probar su yuan digital o eCNY el año pasado en cuatro ciudades, y ya ha expandido estos proyectos piloto a ciudades más grandes como Beijing o Shanghai, según The New York Times, con millones de yuanes disponibles para un puñado de ciudadanos que podían usarlos en puntos de venta y ecommerce y que, según sus usuarios, apenas encuentran diferencia en su aplicación que con el dinero digital convencional. Las autoridades aún no han querido anunciar los resultados de su experimento, pero en términos geopolíticos esto facilitaría que el renminbi compita con el dólar estadounidense como moneda global, ya que puede moverse internacionalmente con menos barreras. En suma, otro instrumento gubernamental para ahondar en el mayor control financiero.
