En la década que ahora comienza la demanda de este tipo de activos va a acelerarse, alimentada también por los cambios sociales y demográficos, así como por la revolución regulatoria que está siendo su verdadero catalizador. El mercado espera un boom de inversiones sostenibles –tanto públicas como privadas– que pueden servir a los ahorradores para evitar la volatilidad asociada al fin del ciclo económico en esta era de la incertidumbre, donde los tipos de interés negativos dificultan la búsqueda de rentabilidad, especialmente entre los inversores más conservadores.
Los grandes fondos de inversión ya están tomando posiciones, modificando sus estrategias de selección de activos y creando nuevas métricas para anticiparse al proceso. Es el caso del gigante norteamericano BlackRock, que de la mano de su fundador y CEO Larry Fink, ha determinado que la lucha contra el cambio climático va a ser el eje central de su selección de carteras. Su objetivo es multiplicar por diez el volumen de activos sostenibles gestionados hasta 2030, lo que supone incrementar su valor desde los 90.000 millones de dólares actuales hasta más de un billón (0,9 billones de euros)
El resto de agentes del mercado están siguiendo a BlackRock en este cambio cualitativo que augura una importante reasignación del capital a lo largo y ancho del planeta. Tal como ha señalado el propio Larry Fink en una carta enviada a sus inversores “el cambio climático se ha convertido en un factor definitorio en las perspectivas a largo plazo de las empresas”, lo que “está propiciando una profunda revisión de la valoración del riesgo y de los activos”. Y, dado que los mercados de capitales anticipan los riesgos futuros, “asistiremos a cambios en la asignación de capital mucho antes que a los cambios climáticos propiamente dichos”. Para el CEO de BlackRock veremos la evolución de este proceso a corto plazo –antes de lo que muchos prevén– porque “nos encontramos en los albores de un replanteamiento de las finanzas desde sus cimientos”.
La apuesta es importante, pero los hechos están constatando que incorporar criterios medioambientales a la gestión del negocio y, por lo tanto, al mundo de la inversión, no es una moda pasajera, sino que está modificando todas las áreas sociales y económicas. Aquellas compañías y gobiernos que den la espalda a este proceso deberán enfrentarse a un escepticismo creciente en los mercados y, además, verán cómo se incrementa su coste de capital, disminuyendo la rentabilidad de sus inversiones y poniendo en riesgo el futuro de las finanzas públicas. Sin embargo, quienes recojan el testigo lanzado por las instituciones –especialmente en Europa– e incorporen los criterios de sostenibilidad a sus negocios podrán beneficiarse de la nueva ola verde.
El Green Deal
Uno de los programas más ambiciosos que está preparando el sector público es el denominado European Green Deal, una iniciativa que pretende movilizar 260.000 millones de euros hasta el año 2030. La primera piedra será la Ley Europea del Clima que, en palabras de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Leyen, “establecerá reglas claras para que los inversores e innovadores puedan planificar su inversión a largo plazo y hará que la transición hacia la neutralidad climática sea responsable y confiable”. Es un proyecto similar al lanzado por Franklin D. Roosevelt en los años treinta del pasado siglo en Estados Unidos –de ahí su nombre– y tiene un doble objetivo: avanzar en la descarbonización de la economía y servir de impulso para unos mercados que todavía no se han recuperado de los estragos de la Gran Recesión.
“Lo que se denomina Green Deal es un órdago de dimensiones todavía difíciles de estimar para posicionar a Europa como líder global en la lucha contra el cambio climático. Esto implica poner patas arriba toda la normativa europea –ya de por sí compleja y solapada entre sí– que tenga algún tipo de relación con medio ambiente, medio natural, sector primario y consumo de bienes que generen algún tipo de huella de carbono”, explica a Forbes el economista Javier Santacruz. Hablamos de un proyecto concebido bajo la idea del multiplicador keynesiano, que carece por el momento de estudios profundos sobre el cálculo del coste de capital y que se financia con recursos propios (ahorro existente) y mediante deuda, “lo cual provocará efectos sobre la productividad y la competitividad de las exportaciones, especialmente vía costes energéticos”, apunta Santacruz.
La otra gran institución en la que está puesta la mirada de los inversores es el Banco Central Europeo (BCE), cuya nueva presidenta, Christine Lagarde, ha planteado la introducción de los efectos del clima en la evaluación de riesgos que realiza regularmente la entidad, lo que supondría colocar al medio ambiente como un factor determinante de las decisiones de política monetaria, incorporándolo a sus modelos analíticos e incluso al programa de compras de activos que realiza el banco central en el mercado secundario. No obstante, vincular el BCE a los objetivos del Tratado de París no es una tarea fácil y ya han surgido voces discordantes, como la del presidente del Bundesbank, Jens Weidmann, que teme que la política monetaria cambie radicalmente de rumbo en un momento en el que no parece capaz de cumplir su principal objetivo: garantizar la estabilidad de precios.
“Desde que Lagarde se hizo cargo del BCE se ha abierto el debate sobre una reforma de los principios fundacionales de la institución para que uno de sus objetivos sea la lucha contra el cambio climático, lo cual es muy excepcional porque supone ir más allá de los mandatos relativos a la estabilidad de precios o al crecimiento económico. Sin embargo, en el seno de la institución varios miembros consideran que se trata de un tema que escapa a las competencias de la banca central y que se trata de una argucia para elevar la cartera de potenciales activos que puede adquirir el BCE para mantener los estímulos, una vez que se agota el resto de medidas de la política monetaria no convencional”, indica a Forbes el analista de riesgo Daniel Álvarez, que trabaja para varias firmas de la City londinense.
Nuevos riesgos
Si Lagarde tiene éxito y logra superar las reticencias de los halcones del organismo, aumentará aún más el atractivo de los activos verdes, pero introducirá un elemento más de discrecionalidad en la política monetaria. “Si finalmente hay un mandato del BCE de acción contra el cambio climático estimulando empresas verdes o comprando activos ligados a la sostenibilidad habrá que determinar la manera en la que vamos a calificar el riesgo de esos activos y establecer los límites del respaldo institucional”, añade Álvarez, quien teme que, a cambio de respaldar la emisión de bonos verdes –o incluso acciones–, aumenten las distorsiones que provoca toda política monetaria. Al fin y al cabo estamos hablando de crear demanda artificial, mediante la adquisición de activos y el diseño de una estructura regulatoria que favorezca las adquisiciones. “Es indudable que va a haber un crecimiento claro de todos los activos verdes a corto plazo, el problema es saber cuáles serán los elegibles”, concluye el analista.
En esta línea también se pronuncia Antonia Conde, responsable de Gestión de Activos de Renta 4 Banco, que en declaraciones a Forbes apunta que “la concienciación social, un marco normativo más exigente y la mayor presión a las empresas para que hagan públicos los riesgos y oportunidades que presentan con respecto al cambio climático, darán paso a oportunidades de inversión, aunque algunas serán flor de un día, consecuencia de tanta expectación”. A su juicio, incorporar factores de sostenibilidad “supone un paso más en la buena gobernanza de las empresas” y los nuevos criterios medioambientales serán incluso tan determinantes como la buena salud financiera. “La responsabilidad y el sentido responsable de las inversiones siempre ha importado. Ser una empresa responsable en toda su acepción dota de mayor solidez y resiliencia futura a esa compañía. La novedad viene, en parte, de la exigencia de datos: las empresas son presionadas para encontrar la forma de demostrar con datos sus buenas prácticas. No es un asunto fácil medir en cifras el bien que se hace, el mal que deja de hacerse y si hay un nuevo mal que sustituya al anterior, aunque sea consecuencia de hacer mejor las cosas”, añade Conde.
Y es que una de las mayores dificultades que tienen los gestores cuando analizan la cuestión climática para diseñar sus carteras es utilizar la métrica adecuada para calibrar qué activos serán los premiados por esta ofensiva global contra el cambio climático. Aunque existen parámetros estándar, como los denominados criterios ESG, el enorme terreno que abarcan dificulta la tarea de acotar los activos en función de su rentabilidad esperada. No olvidemos que la lucha contra el cambio climático incluye desde la reducción de la huella de carbono hasta reformas estructurales en educación, sanidad, tecnología y gestión de recursos humanos, entre muchos otros campos de actuación.
La falta de parámetros objetivos para unificar y comparar las calificaciones ESG preocupa a los analistas, sobre todo cuando a la hora de analizar los aspectos fundamentales de una determinada empresa los criterios de sostenibilidad dejan en un segundo plano las variables de evaluación tradicionales, como el endeudamiento, la generación de caja o los márgenes de negocio.
“Aunque hay un gran acuerdo sobre la elevada relevancia de los problemas ambientales, sociales y de gobernanza, no existe un amplio acuerdo sobre cómo se puede medir el desempeño de sostenibilidad de una empresa”, apunta a Forbes Kai Lehman, analista de la gestora Flossbach Von Storch. A este respecto cita como ejemplo el caso del sector automovilístico, en el que Tesla es la primera compañía en las carteras de los proveedores de rating atendiendo a criterios ESG, sin los cuales es superada ampliamente por compañías tradicionales como Volskwagen AG, General Motors o Porsche Automobil Holding.
A pesar de estos problemas, existe un consenso amplio sobre la oportunidad de inversión que supone la lucha contra el cambio climático o, dicho de otro modo, sobre la penalización que sufrirán las compañías que decidan no abordarlo. Jessica Ground, directora global de Stewardship, de Schroders, indica que “este giro forzado a la concienciación social llegará a tener un impacto sobre nuestra forma de invertir e identificar cuáles han sido las tendencias de los últimos doce meses que parece que van a mantenerse a lo largo del tiempo”. Su primera impresión es que “el cambio climático dejará de ser un simple tema de reflexión y empezará a marcar el paso de los mercados y por fin se reconocerá como un tema de inversión clave, creando una oportunidad para la gestión activa”.
Schroders, que ha cuantificado el impacto del riesgo financiero derivado de este nuevo modelo económico, anticipa que provocará unos importantes cambios políticos, jurídicos y tecnológicos en la transición hacia una economía global de bajas emisiones de carbono. La firma considera que el porcentaje de beneficios de la renta variable mundial en riesgo por el incremento del precio del carbono alcanzará el 16% y considera que la brecha entre ganadores y perdedores podría ser abismal. Los sectores afectados van más allá de las industrias de extracción, de las que forman parte petroleras, gasistas y mineras; también aerolíneas, empresas industriales y fabricantes de materiales de construcción tendrán que reinventarse y orientar sus modelos de negocio hacia la economía sostenible si no quieren ser penalizadas en los mercados.
Ground espera que este escrutinio se extienda a las posiciones en mercados de deuda y a las carteras de préstamos de los bancos. “Vemos el riesgo de inversión asociado al cambio climático como algo con lo que había que convivir en el sector, igual que hemos aprendido a hacerlo con un entorno de tipos bajos en esta última década”, concluye la directiva de Schroders.
Liderazgo español
Dentro de Europa, España es uno de los países que aspira a liderar la revolución sostenible, especialmente en materia energética; y en materia financiera ya se está trasladando esta nueva forma de inversión sostenible.
Grandes grupos de distribución, como El Corte Inglés, han incluido criterios de lucha contra el cambio climático como garantía para refinanciar su deuda, y la segunda mayor entidad financiera del país, BBVA, se encuentra entre los cinco primeros bancos europeos con un mayor compromiso en la financiación sostenible, con 12.500 millones de euros anuales. Además, el mercado espera que las grandes firmas del Ibex eleven las emisiones de bonos verdes siguiendo la estela de Iberdrola, Telefónica, Santander, Sabadell, Bankia y Caixabank.
