Cuando los líderes de las siete naciones más prósperas dedican una sesión de trabajo a debatir el fenómeno de la desigualdad en una de sus periódicas cumbres es que el mundo tiene un problema más. En Biarritz, la presidencia francesa destacó que la desigualdad “representa un importante desafío a la estabilidad y prosperidad globales, la cohesión de nuestras sociedades y a la confianza de nuestros ciudadanos en las instituciones democráticas, dañando un desarrollo económico sólido e inclusivo”.

La desigualdad no es un fenómeno nuevo, pero se ha convertido en uno de los temas sociales y económicos más candentes de los últimos años, especialmente desde el estallido de la crisis financiera, debatiéndose tanto en los círculos académicos –donde todavía hay posiciones encontradas– como en la calle, en forma de protestas y manifestaciones reivindicativas. La pasada 45ª cumbre del G-7 vino a oficializarla como problema.

Sin embargo, hablar de un mundo más desigual en lo económico no sería del todo correcto. En realidad, la brecha en riqueza que separaba a los países ricos de los pobres se ha ido reduciendo. La participación de los primeros en el PIB mundial se redujo desde el 80% en el año 2000 al 71% en 2014, mientras que la de los países de ingresos medios, como China e India, aumentó del 14% al 22%. El ingreso medio a nivel mundial también ha ido convergiendo si se utiliza el coeficiente de Gini (siendo 0 la igualdad total y 1 la máxima desigualdad), que descendió desde el 0,44 al 0,36 en el citado periodo. Y lo mismo se podría decir para el consumo, pues la brecha del gasto en consumo entre el G-7 y los países de bajo consumo miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se ha reducido a la mitad desde 2000.

Por el contrario, donde el contraste se ha acentuado ha sido en las economías más avanzadas, especialmente por la creciente brecha entre riqueza financiera y renta salarial. La desigualdad en la primera en los países de la OCDE ha aumentado un 70% desde el año 2000 y en la segunda, el 1% de la población mejor pagada casi duplicó su trozo del pastel (ingresos antes de impuestos) al pasar del 6% en 1980 al 11% en 2014. Es decir, los titulares de patrimonio no vinculado a rentas de trabajo y el colectivo con mejores salarios siguen distanciándose del resto de la sociedad ampliando el hiato tanto en riqueza como en renta.

Múltiples desigualdades

Un estudio de McKinsey Global Institute (MGI) sobre la desigualdad en los países del G-7, aunque no solo, advierte de las diferentes realidades económicas tanto en términos de crecimiento, innovación, transferencias sociales o desigualdad. Algunos ofrecen un sólido crecimiento económico o del empleo pero ostentan los mayores niveles de desigualdad, y viceversa. Diversos estudios han demostrado que los impuestos y las transferencias sociales pueden reducir drásticamente los niveles de pobreza relativa, pero MGI destaca que factores como el género, edad, etnia, lugar de residencia y los antecedentes familiares continúan determinando las oportunidades y los logros personales en los países del G-7. “Las mujeres han reducido la brecha salarial pero ganan solo 84 centavos por cada dólar que ganan los hombres. Los habitantes de las ciudades tienen un tercio más de probabilidades que los habitantes de las zonas rurales de tener educación superior, pero el desempleo entre ellos es cada vez mayor. Los salarios se han estancado para muchos en las economías avanzadas: la renta real disponible (después de impuestos e inflación) ha disminuido desde 2005 para una de cada cuatro personas que viven en seis de las economías del G-7. Estos efectos son particularmente agudos para los trabajadores de ingresos medios y para los que desempeñan trabajos de cualificación media. El coste de la educación, atención médica y la vivienda ha aumentado por encima del IPC en la Unión Europea y los Estados Unidos”, señala.

Caen las rentas de trabajo

La cuestión de fondo es que más allá de que los ciclos económicos influyan en el desarrollo de la riqueza y de la renta, la tendencia actual, y que viene produciéndose desde hace décadas, es la pérdida de peso de las rentas del trabajo frente a las de capital en el conjunto de la renta nacional de las economías más ricas, sembrando de sombrías perspectivas el futuro de sus sociedades. Algunas de las causas de esa desigualdad en la composición de la riqueza nacional que manejan los expertos son resultado de la depreciación salarial, la polarización tecnológica entre trabajadores altamente cualificados y el resto, el crecimiento de sectores y ciudades ‘superestrella’, que está creando un abismo con respecto a sus iguales, y del aumento de las presiones competitivas mundiales por la aparición de empresas muy dinámicas en los mercados emergentes, cuyos costes laborales están muy por debajo de los de las economías avanzadas. Estas empresas emergentes juegan por primera vez un papel clave en el escenario global. Si bien por tamaño solo representaron el 25% de la facturación y del beneficio neto del conjunto de grandes empresas cotizadas, contribuyeron a su crecimiento en un 40%. Esto quiere decir que si siguen con el mismo ritmo de crecimiento en no demasiado tiempo podrán igualarse en tamaño a las de mayor dimensión. Pero antes tendrán que demostrar que son capaces de metabolizar elementos dinámicos como los cambios en las cadenas de valor, la evolución del comercio regional o la reducción del arbitraje en costes laborales.

Para el economista Angus Deaton, galardonado con el Premio Nobel en Economía por su contribución al análisis del consumo, la pobreza y del bienestar social, el problema de la desigualdad es el funcionamiento del vigente mecanismo de enriquecimiento. “La desigualdad ha aumentado no solo debido a la generación de riqueza a partir de la innovación o la creación, sino también a través de transferencias desde los trabajadores. No es la desigualdad en sí la que perjudica a las personas, sino los mecanismos de enriquecimiento”, señala Deaton, que dirige un panel de expertos para elaborar un informe sobre la desigualdad en Reino Unido, donde las rentas de capital crecieron un 40% entre 2010-11 y 2015-16, según la agencia tributaria británica. Los datos revelan que el 90% de dichas rentas las percibió el 10% de la población más rica. Según el diario The Guardian, el sustancial crecimiento de las rentas de capital entre los británicos más adinerados se debió al auge que experimentaron los dividendos de las empresas que crecieron casi un 60% entre 2010 y 2016, y que han seguido aumentando desde entonces, a pesar del endurecimiento de su tributación en los niveles de renta superiores. Al disfrutar de una fiscalidad más favorable que la renta de trabajo, propietarios y gestores de empresas británicas prefirieron aumentar los pay outs como alternativa al salario y así reducir su factura de impuestos.

La clase media peligra

Desde la crisis financiera, el salario real ha crecido de promedio en cinco de los países del G-7, excepto en Italia y Reino Unido, aunque desde 2005 la renta neta real ha disminuido para el 25% de las personas en seis de las economías del G-7 (excluyendo Japón). El estudio de MGI asegura que las rentas para alrededor del 70% de los hogares de las economías avanzadas se estancaron o redujeron en 2014 en comparación con las de 2005, si bien los estabilizadores automáticos (impuestos y transferencias públicas) mitigaron el impacto en gran parte de ellos. “Estos efectos están relacionados con una caída de los empleos de salarios medios en las economías avanzadas en las tres últimas décadas. En Estados Unidos, por ejemplo, la proporción de adultos que integran hogares de clase media disminuyó del 61% en 1971 al 50% en 2015. Aunque aproximadamente dos tercios de este desplazamiento lo ha sido hacia arriba, a segmentos de renta media-alta y superior, un tercio de ellos lo ha sido en la dirección opuesta, hacia el rango de rentas medias-bajas y bajas, creando un efecto de reloj de arena”.

Numerosos indicadores apuntan a una creciente fragilidad y precariedad de las economías domésticas, como el de la tasa de pobreza relativa antes de impuestos, cuyo promedio en el G-7 ha aumentado en siete puntos porcentuales: desde el 23% de la población en 1985 a casi el 30% en 2016. Las transferencias y los impuestos han mitigado la caída pero no han alcanzado a compensarla. En consecuencia, casi una de cada siete personas que viven en las economías más avanzadas permanece en pobreza relativa después de impuestos y transferencias, según estima MGI.

Menos optimismo, más populismo

El deterioro de las condiciones materiales se está traduciendo en el inevitable descontento que a su vez alimenta el pesimismo hacia el futuro y la desconfianza en las instituciones. La desigualdad en los ingresos y el estancamiento salarial son causas de insatisfacción particular que dan lugar a una visión negativa del entorno económico e institucional. Para el FMI la desigualdad es un freno al crecimiento y a la movilidad de las sociedades. “La igualdad, como la justicia, es un valor importante en la mayoría de las sociedades. Independientemente de la ideología, la cultura y la religión, las personas se preocupan por la desigualdad. La desigualdad puede ser una señal de falta de movilidad de renta y oportunidades, reflejo de una desventaja persistente en determinados colectivos sociales. La ampliación de la desigualdad también tiene implicaciones significativas para el crecimiento y la estabilidad macroeconómica, puede llevar a concentrar el poder político y la toma de decisiones en unas pocas manos, conducir a un uso subóptimo de los recursos humanos, causar inestabilidad política y económica que conlleve una reducción de las inversiones y aumentar el riesgo de crisis. Las consecuencias económicas y sociales de la crisis financiera mundial y sus efectos adversos para el crecimiento global y el empleo han aumentado la atención dispensada al incremento de la desigualdad de rentas”, señala el organismo multilateral en un informe.

Algunas de las formulaciones que tanto instituciones multilaterales, intelectuales, empresarios y entidades de la sociedad civil están promoviendo hacen hincapié en llevar a cabo políticas inclusivas que aborden la desigualdad de oportunidades y la desigualdad de metas. Para ambos objetivos se aboga por brindar el acceso a servicios de salud y de educación de calidad. La atención médica y la educación son consideradas las herramientas básicas para mejorar las oportunidades económicas de las personas.

Los expertos de MGI citan también una reformulación del trabajo y de las capacidades individuales para responder a los grandes desafíos del futuro; tener una formación adecuada y lo más actualizada posible y la flexibilidad necesaria para adaptarse a un mercado laboral que evoluciona muy deprisa. Asimismo, una de las acciones que concita un elevado consenso es apoyar a los grupos sociales infrarrepresentados para que nadie se quede atrás por prejuicios o discriminación. La igualdad de la mujer en todos los ámbitos, un asunto destacado en la cumbre de Biarritz, es uno de los pilares en que se apoya esta línea de acción.

Otras propuestas están relacionadas con el rediseño de parámetros econométricos que reflejen valores o referencias más asociados a la calidad de vida que a la riqueza, o cómo ligar la rentabilidad a objetivos sociales, en el caso de algunos vehículos financieros, o crear mecanismos de ayuda ejecutables ante situaciones provocadas por la innovación y la transformación tecnológicas, una constante del nuevo escenario económico.

Propuestas e impuestos

Algunas propuestas promueven que la rentabilidad económica tenga en cuenta también la rentabilidad social, de modo que la inversión de capital siga en cierta medida criterios de bienestar social. Otras, abogan por una medición no convencional del valor económico y social creado por las empresas; la reformulación de las prioridades de los inversores y de lo que se enseña en las escuelas de negocios o una redefinición de la idea de éxito de un país, incluyendo las métricas de inclusión o bienestar más allá del PIB.

Todo ello sin menoscabo de las políticas de transferencias de rentas que tengan en cuenta las fluctuaciones del mercado laboral, nuevas versiones de renta básica universal y, en conjunto, aquellas políticas asistenciales que habría implementar necesariamente si se quiere evitar que la desigualdad fracture las sociedades.

Las políticas encaminadas a reducir la desigualdad incrementan el gasto público y este hay que financiarlo. El problema es que corren malos tiempos para elevar la fiscalidad porque la tendencia es precisamente la contraria: reducir la presión fiscal para estimular la economía y, supuestamente, la creación de empleo. El FMI constata que en muchos países avanzados donde la desigualdad ha crecido se ha debido al replanteamiento de las políticas fiscales progresivas y de las transferencias sociales. “La progresividad de los sistemas tributarios ha disminuido en algunas economías avanzadas en las últimas décadas, con el resultado de que hogares y empresas de altos ingresos ahora tienen tasas fiscales efectivas más bajas”. Para Carolina Sánchez-Páramo, senior Director of the Poverty and Equity Global Practice (GP) en el Banco Mundial, “la desigualdad es una opción política” y los gobiernos que desean reducirla deben invertir sobre todo en sanidad y educación para evitar que se convierta en una herencia generacional, y “para hacer tales inversiones será necesario contar con recursos nacionales adicionales. En general –señala–, la tributación progresiva es esencial para aumentar los ingresos del gobierno. Pero también lo es una mayor capacidad de administración, de modo que los gobiernos puedan prevenir la evasión de impuestos y limitar los flujos ilícitos de recursos entre fronteras. Con una mejor movilización de recursos, las protecciones y transferencias sociales se pueden convertir en potentes herramientas para reducir las disparidades de renta y riqueza”.