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El ‘Plan Marshall’ que piden las empresas tras más de 10.000 millones de pérdidas por la DANA

El Gobierno ha anunciado un ‘escudo laboral’ para salvar los empleos y suspenderá el cobro del segundo pago del IRPF a los afectados, pero la CEV exige medidas específicas inmediatas para las empresas.

Foto: EP

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar un paquete de ayudas económicas, laborales y fiscales, junto con la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de Protección Civil para aquellos lugares que se han visto más golpeados por la DANA. Según han trasladado fuentes gubernamentales a Europa Press, el Gobierno dará luz verde este martes 5 de noviembre a la declaración de zona gravemente afectada para canalizar las ayudas del Estado en zonas de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía, Cataluña y Aragón.

Sin embargo, las empresas de la zona exigen medidas más ambiciosas para reparar las pérdidas que, según las primeras estimaciones de la Conselleria de Industria, se sitúan en al menos 10.000 millones de euros. Así, la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV) reclama una suerte de Plan Marshall europeo que ayude a diseñar y acometer las grandes obras viales e hidráulicas que sean necesarias.

El presidente de la patronal autonómica, Salvador Navarro, recuerda que tras la riada en Valencia en 1957 se construyó el Plan Sur que facilió el desvío del río Turia fuera de la ciudad de Valencia y que, 50 años después, ha sido la clave para que esta DANA no haya inundado la capital regional. “Con apoyo europeo, tenemos que redimensionar las infraestructuras y crear algunas nuevas”, dijo Navarro.

En primer lugar, la CEV habla de trabajar con tiempo para realizar una evaluación más óptima pero propone construir un segundo by passalrededor de Valencia, que está proyectado precisamente pasando por Cheste, una de las zonas más castigadas. También está pendiente y en proyecto un desvío del barranco del Poyo, que se ha desbordado y ha sido el causante de las inundaciones más graves, y que estaba originalmente planteado desde la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Estas reclamaciones se incluyeron a última hora de ayer, en el documento de 136 medidas que presento el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, como resultados de las primeras reuniones de los cinco grupos de trabajo temáticos en los que participan el gobierno regional y siete ministros. En total, las medidas suman 31.402 millones de euros, siendo la más abultada la dedicada a la reconstrucción de industrias y polígonos -dotada con 7.000 millones de euros-.

También se incluyen ayudas para la adquisición de vehículos, que complementen las compensaciones del consorcio de seguros, por un total de 1.464 millones. En cuanto a las ayudas para la reconstrucción de infraestructuras, se cifran en 2.687 millones de euros.

Por otro lado, el Ejecutivo ha confirmado que se constituirá una comisión interministerial para coordinar los trabajos de todos los ministerios en colaboración constante con el Gobierno valenciano, que ya ha proporcionado cifras sobre los daños causados por la DANA en algunas áreas, a saber: 2.600 millones de euros en infraestructuras, 10.000 millones en el sector industrial y 1.873 millones en educación y cultura.

De cara a los trabajadores y en materia de Seguridad Social, el Ministerio ha avanzado que los trabajadores autónomos afectados por la DANA podrán solicitar la prestación por cese de actividad por fuerza mayor con carácter retroactivo sin necesidad de contar con la cotización mínima habitual de 12 meses. Desde el Ministerio de Hacienda también se autorizará al Gobierno de la Comunidad Valenciana la posibilidad de realizar «todos los gastos de urgencia que necesite sin límite alguno de recursos», permitiendo además a la Comunidad incumplir los objetivos de déficit por el desastre de la DANA.

Además, el Ejecutivo ya ha confirmado que está en comunicación con la Comisión Europea y se han iniciado los trámites para solicitar la ayuda del Fondo Europeo de Solidaridad y la utilización de otros recursos de apoyo comunitario provenientes de la Unión Europea.

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