Las empresas españolas se están quedando atrás en la captación de liquidez mediante los denominados bonos verdes, es decir, activos de renta fija cuyos fondos se destinan exclusivamente a financiar o refinanciar proyectos ecológicos alineados con los Green Bond Principles (GBP), que promueven la integridad del mercado a través de directrices que recomiendan transparencia, publicidad y reporte de informes.
Iberdrola, BBVA, Repsol, Naturgy, ACS o Acciona son algunas de las empresas españolas que han emitido este tipo de bonos en los últimos años, pero las cifras globales muestran que nuestro país está muy por detrás del resto de países de su entorno. Según un estudio publicado por el think tank Europe–G junto a la consultora Analistas Financieros Internacionales (AFI) el pasado abril, las compañías españolas emitieron bonos verdes por un importe de 4.400 millones de euros en 2018, frente a los 160.000 millones contabilizados en el mercado global.
A pesar de este retraso, los autores del informe confían en las buenas expectativas de crecimiento de este tipo de emisiones cuando se implante la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que a su juicio debería completarse con incentivos fiscales que favorezcan este tipo de activos. “Estimamos que en los próximos años va haber un tirón significativo en este mercado; de hecho, así lo apuntan las previsiones del Banco de España”, indica Emilio Ontiveros, presidente de AFI.
El éxito de los bonos verdes se relaciona con el interés entre los inversores (en muchos casos, institucionales) por esta clase de activos, quienes, por un lado, valoran positivamente la transparencia sobre el uso de los fondos y, por otro, los utilizan para satisfacer los requerimientos que en algunos países, como Francia, se están introduciendo para que estos agentes tengan en cuenta el riesgo de cambio climático en la gestión de sus carteras.