Apenas estrenado 2019, el Consejo de Ministros daba luz verde al anteproyecto de ley para crear un impuesto sobre los servicios digitales que convertiría a España en el primer país de la UE en impulsar un gravamen de este tipo. Una medida tributaria impulsada en primera instancia por la Comisión Europea (CE) que, de momento, ha quedado en un cajón tras la convocatoria de elecciones generales. Sin embargo, el debate sigue abierto en el Viejo Continente: los veintiocho no se ponen de acuerdo. Aunque los cinco grandes (Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y España) apoyaron inicialmente la tasa, propuesta por la CE en marzo del año pasado, Berlín no tardó en echarse atrás.
Después de meses de dudas y titubeos, el ministro de Finanzas teutón Olaf Scholz accedió a finales de 2018 a llegar a un acuerdo, pero con condiciones. Una de ellas es esperar al menos un par de años para dar tiempo a la OCDE a trabajar en un impuesto mundial. Otra, que la tasa grave solo a los negocios “altamente digitales” y deje fuera la venta de datos de usuarios.
A los recelos alemanes se unen la oposición rotunda de países como Suecia –un importante núcleo tecnológico europeo, con gigantes como Spotify–, Dinamarca, Irlanda –donde tributan muchas de las grandes multinacionales–, Chipre y Malta. Alegan que el impuesto no tiene sentido si no se aplica en todo el mundo y que, al gravar los beneficios, se corre el riesgo de penalizar a empresas en pérdidas y suponer así un freno para la innovación. Finlandia también tiene sus reservas, mientras que Grecia y Portugal se han declarado a favor del impuesto.
Reino Unido y Francia planean poner en marcha sus propias tasas en 2020, pase lo que pase en Europa. La llamada Tasa de Servicios Digitales británica será del 2% y afectará, fundamentalmente, a motores de búsqueda, redes sociales y plataformas de comercio electrónico. Para el ministro de Economía británico Philip Hammond, un acuerdo global es “la mejor solución a largo plazo”. La última propuesta pactada por Alemania y Francia en diciembre, a la que Bélgica y Luxemburgo dieron el visto bueno, aboga por que la Comisión cambie su borrador de directiva para que la tasa grave solo el negocio de la publicidad online (con lo que empresas como Amazon quedarían eximidas) con un 3% y que el Consejo la aplique antes de marzo de este mismo año.
De llegar finalmente al consenso, la medida europea constituiría una base mínima que los estados miembros podrían reforzar en sus territorios. Desde la patronal tecnológica Digitales, con socios como Telefónica, Indra, Orange y Vodafone, esperan que la tramitación de la tasa Google no siga adelante en España tras la elección del nuevo Gobierno en abril y que este aguarde hasta que se alcance un consenso en Bruselas “para tener una fiscalidad armonizada con la UE”.