“Es hora de desintegrar Facebook”. Así de tajante se mostraba Chris Hughes, cofundador de Facebook, en el artículo de opinión publicado en el diario The New York Times a principios de mayo. “El poder de Mark [Zuckerberg ] no tiene precedente […] Su influencia es abrumadora, mucho más que la que cualquier otra persona del sector privado o el gobierno”.

Mark Zuckerberg, fundador, CEO y presidente de Facebook, controla un imperio de casi 5.000 millones de personas. Porque Facebook (con 2.300 millones de usuarios activos al mes), Instagram (1.000 millones) y WhatsApp (1.500 millones), las tres redes sociales más potentes que existen, forman parte de la misma familia: Zuckerberg. Si a esto le añadimos que el propio Zuckerberg cuenta con el 60% de las acciones de la compañía, la situación efectivamente puede volverse abrumadora.

Facebook lleva meses en el ojo del huracán acusado de recolección y venta de datos de usuarios, violación de la privacidad, injerencia en las elecciones presidenciales de EE UU, propaganda política, influencia en el sistema democrático, incitación al odio, fomento de rifirrafes étnicos… Los continuos escándalos han hecho que tanto legisladores como políticos empiecen a cuestionar el poder, no solo del mastodonte de las redes sociales, sino de los gigantes tecnológicos en general. “Google, Facebook o Amazon se han convertido en una amenaza para la democracia”, afirma Tim Wu en su libro The Curse of Bigness: Antitrust in the New Gilded Age.

Este profesor de Derecho en la Universidad de Columbia y experto en temas de tecnología y políticas de competencia también aboga por volver a los años de las leyes antimonopolio que imperaban en EE UU hasta finales de los ochenta. Opina que se podría llevar a cabo con la legislación vigente, aunque reconoce que es un buen momento para repensar el funcionamiento de estas leyes en una era en la que las plataformas sociales crecen vertiginosamente mientras ofrecen sus productos y servicios gratis.

Pero Facebook “no es una plataforma gratuita”, aclara a Forbes Lina Khan, jurista estadounidense experta en temas de antimonopolio y competencia. “Tal vez no paguemos con dinero, pero todos los datos que recolecta tienen mucho valor”.

La plataforma social por excelencia “se ha convertido en un servicio de telecomunicaciones, una especie de plaza pública del siglo XXI donde miles de millones de personas hablan e intercambian a diario”, explica Khan. Todas estas personas dan información personal a la compañía, que la utiliza para hacer publicidad dirigida. Y esta manera de recolectar datos y venderlos “se ha convertido en algo abusivo, porque está interrelacionado con la noción de privacidad. El problema de fondo es el modelo de negocio de Facebook”, añade.

Un negocio que se basa en la monetización de los datos de los usuarios y que en el cuarto trimestre de 2018 vio aumentar sus ingresos un 30% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, alcanzando los 16.900 millones de dólares según publicaba The New York Times en enero. Además, siete millones de anunciantes invirtieron dinero en publicidad en la red social y más de dos millones compraron anuncios en Stories, uno de sus nuevos productos.

Cambio de leyes

Debido a los recientes escándalos, legisladores, políticos y sociedad a ambos lados del Atlántico cuestionan ahora las bases del funcionamiento de estos gigantes tecnológicos y buscan maneras para limitar su poder, lo que ha abierto el debate sobre si la disolución de estas compañías es la respuesta más acertada.

“Desintegrar Facebook no es la solución y tampoco va a solucionar los problemas de creciente descontento social, aumento de la radicalización y debilitamiento de las instituciones democráticas”, explica a Forbes Barach Orbach, profesor de Derecho de la Universidad de Arizona y experto en temas de antimonopolio y regulación.

Vivimos un momento de gran convulsión caracterizado por la transición de una economía de ladrillo a una digital y esto implica que hay que adaptar y rediseñar las normas vigentes. “Para que Facebook y otras compañías sean responsables del impacto negativo que tienen en nuestro entorno social necesitamos estándares legales que impliquen responsabilidad social”, continúa Orbach. “Castigar a empresas porque entablen prácticas legales, aunque éticamente cuestionables, es mala idea, porque es incompatible con el Estado de derecho”.

Esa es la delgada línea por la que caminan estas empresas tecnológicas. Y es precisamente aquí donde se encuentran argumentos para criticarlas. “Más allá de la legalidad, muchas personas y organizaciones eligen la moralidad antes que el máximo beneficio económico”, opina para Forbes el Dr. Pablo Molina, profesor de Ética y Tecnología de la Universidad de Georgetown. “Inversores institucionales, como facultades y universidades, se alejan de compañías que no se alinean con sus principios y valores. Una brújula moral afinada es uno de los más altos estándares para corporaciones que quieren hacer las cosas bien, aun cuando eso implique ganar menos dinero”.

Ética y responsabilidad social aparte, una cosa ha quedado clara: hay que rediseñar las reglas del juego. “El problema son las leyes vigentes” y la disolución sería solo “una parte de la solución”, apunta Khan.

Desintegrar Facebook “no va a solucionar los problemas de las redes sociales”, opinaba Nick Clegg, vicepresidente de Asuntos Globales y Comunicación de la compañía en un artículo publicado en The New York Times como respuesta al que un par de días antes publicara el cofundador de la red social, Mike Hughes. La compañía defiende que no tiene un monopolio, puesto que cuenta con un buen número de competidores, y que para “resolver [los problemas] se necesitan grandes recursos y nuevas reglas [de internet] más fuertes”.

Proteger al usuario

Cuando estas compañías empezaron a surgir, nadie pensó que fuera necesario regular internet porque, a fin de cuentas, se trataba de jóvenes innovando en las habitaciones de sus residencias universitarias. Hoy, Google, Amazon, Facebook y Apple (GAFA) han crecido tanto que han adquirido un poder sin precedentes. Para Charlie Angus, miembro del Parlamento de Canadá que participó en el Comité Digital, Cultural, de Medios de Comunicación y Deportes Internacional de la Cámara de los Comunes en Reino Unido para investigar a la compañía por desinformación y fake news, “una manera sería separar las empresas de Facebook en distintas compañías y empezar a ver cómo las obligamos a poner en marcha prácticas de protección de la privacidad para que la información de los usuarios no sea manipulada”, explica a Forbes.

Un paso en la dirección correcta para regular a estos “mercenarios de datos”, como los califica, serían normas como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE que entró en vigor en mayo de 2018. El RGDP tiene como objetivo principal dar a los consumidores europeos más control sobre su información online, exigiendo a las compañías que obtengan el consentimiento expreso de los usuarios antes de utilizar cierto tipo de datos. De no hacerlo, se enfrentan a multas de hasta el 4% de sus ingresos anuales.

En EE UU, California ya ha tomado cartas en el asunto con el Acta sobre Privacidad de los Consumidores de California, que será efectiva en 2020. Este estado se convierte así en el primero en aprobar una ley de privacidad de datos que otorgará más control a los consumidores sobre su información personal y les permitirá ver cómo se está usando. Además, parece que Washington ha dejado de ser su más fiel aliado. Por un lado, el fiscal general del Distrito de Columbia demandó en diciembre a Facebook por “violar la privacidad de cientos de miles de consumidores de Washington DC”; por otro, la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés), que la investiga por el escándalo de Cambridge Analytica, podría imponerle una multa de hasta 5.000 millones de dólares; y, además, los Demócratas en el Congreso están reclamando con fuerza leyes de protección de datos más severas.

La congresista y candidata a la presidencia Elizabeth Warren ha dado un paso más y ha puesto en marcha la campaña ‘Desintegrar Facebook, Google y Amazon’. Propone una ley que exija que las grandes tecnológicas pasen a ser “plataformas de servicio público”, con lo que, según la ley vigente, podrían ser disueltas. “Las compañías con unos ingresos anuales superiores a los 25.000 millones de dólares que ofrecen al público un mercado online, un intercambio o una plataforma para conectar a terceras partes serían catalogadas como plataformas de servicio público”. Por tanto, estaría prohibido que fueran propietarias tanto de la plataforma como de aquellos que dependen de ella para ofrecer sus productos y servicios y, por supuesto, “no tendrían permitido en ningún caso transferir o compartir datos con terceras partes”, expone en un ensayo publicado recientemente.

La industria tecnológica fue la primera que surgió en la era en la que los reguladores antimonopolio dejaron de castigar todo comportamiento anticompetitivo, salvo la fijación de precios mínimos. Pero, como explica Khan, el actual marco antimonopolio (que se fija en el bienestar del consumidor medido a través de los efectos a corto plazo sobre el precio y la producción) no recoge la estructura de poder del mercado del s. XXI, especialmente con estas plataformas online.

Khan, que se dio a conocer públicamente cuando captó la atención de políticos y legisladores al publicar hace un par de años en la revista de Derecho de Yale el artículo La paradoja de Amazon en el régimen de competencia, señala que el problema con la citada compañía es que no solo vende al por menor con eternos y grandiosos descuentos, sino que, además, se ha convertido en una plataforma de marketing, una red de distribución y logística, un servicio de pago, un prestamista de créditos, una casa de subastas, una editorial… Algo que ha puesto de manifiesto lo “mal preparado que está el actual sistema antimonopolio, que es incapaz de hacer frente” a entidades multifacéticas y complejas.

Lo mismo ocurre con Facebook. ¿En qué se ha convertido? ¿Qué es exactamente? ¿Una mera plataforma online, una editorial, una empresa de servicios públicos? “La incapacidad que tenemos para definir Facebook se ha convertido en otro motivo para desintegrar la compañía”, opina el profesor Molina. “Es un conglomerado gigante que se dedica a hacer dinero como si fuera una compañía de publicidad y un colector y corredor de datos”.

Un ejemplo de cómo “Facebook y Google han monopolizado la publicidad digital” es el número de periódicos que están cerrando o siendo comprados por un capital mayor, afirma Khan, que lo ve como “una gran crisis” en el periodismo. “Es ingenuo pensar que esto no está conectado” con la manera de operar de estas tecnológicas.

Aniquilando competición e innovación

Si hay algo en lo que todos los expertos con los que Forbes ha hablado coinciden es en señalar que los reguladores no debieron permitir que Facebook se zampase a sus competidores directos.

En 2012, Zuckerberg compró la plataforma de imágenes Instagram por 1.000 millones de dólares y en 2014 se hizo con WhatsApp, la app de mensajes instantáneos por excelencia, por 19.000 millones de dólares. Así, en menos de dos años, engulló a sus dos principales competidores y pasó a controlar las tres redes sociales más usadas del mundo.

“Facebook ha construido su enorme imperio a través de varias fusiones que nunca han sido seriamente cuestionadas en EE UU”, explica a Forbes Maurice Stucke, profesor de Derecho de la Universidad de Tennessee que trabajó en la División Antimonopolio del Departamento de Justicia del país norteamericano.

Según explica Angus, el político canadiense, “esto ha pasado, sobre todo, porque Facebook tiene un ejército de lobby político muy conectado con el gobierno estadounidense encargado de hacer que esto no se regulase”.

A esto ha contribuido la situación que vive EE UU desde la época de Reagan, cuando la Escuela de Chicago empezó a cambiar las reglas del juego preocupándose solo de los aspectos económicos de las leyes de competición, y dejando de lado las implicaciones sociales y políticas, en pos del estándar de bienestar del consumidor. Hasta que saltó el escándalo de Facebook y Cambridge Analytica, nadie se había parado a pensar en el daño que representaba. A fin de cuentas, Facebook era solo una plataforma social a través de la cual la gente se comunicaba.

Pero resulta que esto puso de manifiesto que esta corriente “no ha protegido ni a los consumidores ni a su bienestar”, motivo por el cual ahora estamos viviendo este “renacimiento antimonopolio”, explica Stucke.

Desde su punto de vista, no existe una única solución al problema de estos gigantes tecnológicos. “Norteamérica tiene hoy un gran problema de poder de mercado” y “la cuestión es que no hay una sola jurisdicción que pueda abordarlo. De hecho, ni siquiera el [actual] cumplimiento antimonopolio puede”.

Una de las consecuencias de que Facebook, Amazon o Google (que compró YouTube en 2006 por aproximadamente 1.600 millones de dólares) hayan acabado con sus competidores es que han conseguido aniquilar todo tipo de innovación. Estos mastodontes tecnológicos operan en mercados que se caracterizan por economías de fuerte escala y alcance y efectos de red. Es decir, dicha red adquiere más valor cuantas más personas la usen, lo que hace que aumente la concentración de mercado. “El gran problema es que es muy difícil para una startup desafiar a estos gigantes con innovación disruptiva, porque no pueden crecer lo suficiente como para llegar a ser una amenaza para ellos”, explica a Forbes Monika Schnitzer, profesora de Economía en la Ludwig-Maximilians de la Universidad de Munich y experta en innovación y competición.

Como consecuencia, “muy pocas startups intentan siquiera desarrollar nuevos productos revolucionarios y prefieren apostar por innovaciones pequeñas y progresivas con la intención de vender su idea y/o su propia compañía a las grandes tecnológicas”. Algo que en el medio y largo plazo es perjudicial para la industria, porque bajan los niveles de “diversidad de innovación” y se dejan escapar “ideas verdaderamente innovadoras que podrían beneficiar a los consumidores y desafiar a los actuales líderes del mercado”, añade.

De momento, y después de tanto escándalo, las autoridades en EE UU se han puesto manos a la obra y la FTC va a investigar a Amazon y Facebook, mientras que el Departamento de Justicia lo hará con Alphabet (matriz de Google) y Apple. La sombra del antimonopolio se alarga sobre los gigantes tecnológicos que temen, más que nunca, la posibilidad de una forzada disolución.