Las proyecciones oficiales son que una de cada tres regiones europeas pierda población entre 2008-2030. Ya es constatable en muchas partes de los países bálticos y nórdicos, pero también en Bulgaria, Rumanía, Alemania Oriental, Portugal, Grecia, España, Italia, Croacia y las regiones centrales de Francia, según Eurostat. Y paralelamente se están dando contrastes demográficos entre el núcleo y la periferia, tanto en la UE como en los estados no miembros.
Dentro de la UE se está registrando un crecimiento considerable de población en el este de Irlanda, la parte sur de Reino Unido, Bélgica, Países Bajos, Austria y en centros metropolitanos como París, Londres y Madrid. Algunas partes del oeste de Alemania también parecen haberse beneficiado del crecimiento de la población, al igual que el norte de Italia y Escandinavia. “Bruselas, como sede del poder comunitario europeo, no es la panacea para este tipo de espacios, tan extensos, tan complejos, y tan maltratados en los últimos decenios. Ya no se le dedica atención a los problemas agrícolas, pues cada vez es mayor nuestra dependencia de otros mercados agrícolas extracomunitarios”, afirma a Forbes Guillermo Morales Matos, del Instituto Pascual Madoz del Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente de la Universidad Carlos III (UC3M).
Según un estudio de la Eurocámara, “las tendencias muestran que hay una creciente concentración de población en ciertas áreas urbanas (especialmente las capitales) y costeras, y una despoblación simultánea de algunas áreas rurales, poco pobladas (en su mayoría en el sur de Europa)”. El informe pone el acento en que son las áreas periféricas y rurales, así como las industriales en declive, las que corren un mayor riesgo de despoblación. Pero también aquellas ciudades y sus conurbaciones que se están quedando atrás económicamente sufren pérdida poblacional. Por el contrario, las áreas rurales que están cerca de los centros urbanos más dinámicos o disponen de buenas redes de transporte pueden experimentar incrementos demográficos.
Entre 2010 y 2015 el porcentaje de población que vivía en áreas rurales de la UE-28 creció en 1,7 puntos porcentuales. El de las pequeñas ciudades y sus periferias incluso fue superior, casi cinco puntos, mientras que el de las más grandes, especialmente del interior, descendió, según datos de Eurostat. Este modelo de pérdida de población urbana podría responder a cierta tendencia de los europeos a abandonar las áreas urbanas en busca de más espacio –y más asequible– en pueblos, capitales de provincia o simplemente en área rurales.
Las ciudades siguen atrayendo a muchas personas, pero debido al alto coste de la vida urbana un importante número de ellas decide asentarse en pueblos limítrofes o pequeñas áreas urbanas o rurales. Es decir, los espacios próximos o que hacen frontera con las grandes ciudades se benefician de forma determinante de su posición geográfica. El problema es para el resto, que al carecer de las ventajas del ‘efecto frontera’ o de un motor económico propio entran en un proceso de despoblación con un elevado riesgo, según el Parlamento Europeo, de retroalimentación: más personas necesitan emigrar en busca de empleo y, paralelamente, los servicios médicos –públicos y privados– se resienten; los primeros porque tienden a reducirse y los segundos porque operan en zonas rentables. En 2015, poco más de una cuarta parte (25,5%) de la población rural estaba en riesgo de pobreza o exclusión social, mientras la proporción era relativamente más baja para las personas que vivían en ciudades (24,0%). Según las cifras de Eurostat de 2016, esta tendencia se ha profundizado aún más, y ahora una mayor proporción de la población de la UE-28 que vive en áreas rurales (en comparación con las áreas urbanas) se enfrenta al riesgo de pobreza o de exclusión social.
Menos fondos europeos
La política de desarrollo rural de la UE se articula en torno al Fondo Agrícola Europeo para el Desarrollo Rural (EAFRD, en sus siglas inglesas) que, con un presupuesto para el periodo 2014-2020 de 100.000 millones de euros (algo más del 8% del PIB de España), es uno de los dos mecanismos de financiación de la Política Agrícola Común (PAC). A ese volumen de recursos se añaden otros 61.000 millones adicionales de financiación pública de los países socios.
La PAC, que acapara alrededor del 38% del presupuesto comunitario y que, según los trabajos preliminares para el periodo 2021-2027, sufrirá por primera vez desde 1962 un recorte presupuestario, tiene por delante acuciantes desafíos, pero quizá el más importantes es cómo obtener un mix razonable entre el empleo de los recursos y su rentabilidad social y económica. Según documentación de la dirección general de agricultura y desarrollo rural de la UE, el campo europeo no parece muy competitivo y las condiciones generales de quienes trabajan y viven de él no invitan a quedarse.
La renta en el sector es de media un 40% más baja que la de otros sectores económicos, si bien hay una gran disparidad entre las diferentes regiones, pero además los ingresos sufren de una gran volatilidad, dándose el caso de que hasta un 20% de los agricultores puede ver el 30% de sus ingresos volatilizarse, o incluso más, dependiendo de los cultivos. El cambio climático y la apertura de las fronteras podrían deteriorar aún más los ingresos.
Existen también importantes limitaciones estructurales: explotaciones pequeñas, reducida disponibilidad de tierra y legislación heterogénea en fiscalidad, herencias y en el régimen de propiedad de la tierra. Si a todo ello se suman años de escasas inversiones en investigación y desarrollo y débiles políticas de innovación tecnológica en algunos países, el resultado es que la productividad agrícola ha caído de media casi un punto porcentual anual en el periodo 2005-2015, frente a ganancias de igual cuantía en el decenio anterior.
Al mismo tiempo, los costes de producción en la UE son relativamente altos, especialmente por la mano de obra y las normas ambientales y sanitarias. Estas últimas representan una desventaja en comparación con otras legislaciones. Por ejemplo, un granjero de ganado porcino o avícola tiene un sobrecoste por legislación medioambiental en la UE de entre el 5% y el 10%; y así, en mayor o menor porcentaje, en las demás actividades. Ello supone una pérdida de rentabilidad, pero sobre todo de competitividad frente a países como Rusia, Argentina, Canadá o Ucrania donde el precio del trigo es más bajo, y lo mismo sucede con la carne de vacuno americana, etc., etc. De prolongarse esta situación no sería descabellado que el mercado europeo pueda convertirse en un objetivo “para proveedores externos y, por lo tanto, que tenga que enfrentarse a más problemas domésticos”, señala la documentación de la dirección general de agricultura.
“No hay que pensar solo en términos economicistas de mayor o menor productividad del sector, sino en una política más integradora, en la que haya una mejor convivencia entre un medio edificado, un espacio rural tradicional que transite adecuadamente con la incorporación tecnológica, y dar servicio adecuado a esa población tan especial”, añade el profesor Morales Matos.
El futuro del sector agrícola europeo se presenta oscuro. De acuerdo con la información que maneja la citada dirección general, el estancamiento de la renta proseguirá, incluso se espera que los ingresos agrícolas totales (en términos reales) disminuyan un 14% para 2026. En ello influirá claramente el aumento de los costes, que están erosionando los márgenes de negocio: han pasado del 70% en el 2000 al 76% en 2015 y se espera que rocen el 79% en 2026, y “la competencia de otros mercados, la volatilidad a que está sometida la producción agrícola y los incrementos de los costes energéticos. Es probable que se produzcan graves disrupciones dada la mayor presión sobre los recursos naturales, eventos climáticos extremos y posibles brotes de enfermedades en animales y plantas, y la inestabilidad geopolítica”.
Para Tomás P. Gomariz Acuña, profesor del departamento de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), la política agraria comunitaria ha hecho desaparecer un gran número de pequeñas y medianas explotaciones, provocando un éxodo de población en busca de mejores oportunidades. “En sentido contrario, el principal resultado de estas mecánicas ha sido la tendencia a la concentración territorial en pocos propietarios, que han podido incrementar su nivel de renta a través de los pagos directos del Fondo Europeo Agrícola de Garantía, que están asociados a la superficie cultivada. Situación favorecedora, en el mejor de los casos, del desarrollo de explotaciones intensivas para el mercado de consumo masivo”, afirma a Forbes.
La España vacía
Nuestro país es uno de los países europeos donde la despoblación avanza más deprisa. El medio rural afecta al 85% del territorio, en el que vive en torno al 20% de la población (el 35% si se incluyen las zonas periurbanas), y concentra buena parte del patrimonio histórico y cultural, según un informe sobre el medio rural del Consejo Económico Social (CES) –órgano consultivo del Gobierno en áreas socio-laborales–.
Los últimos datos del INE indican que el 80% de los municipios de 14 provincias se encuentra en riesgo de vaciarse. La UE ha asignado 8.300 millones de euros en el periodo 2014-2020 para políticas de desarrollo rural en España.
Además de los problemas comunes del resto del área, los técnicos de Bruselas subrayan problemas idiosincráticos como la fragmentación del mercado agrícola español, que dificulta la creación de “cooperativas integradas que puedan cubrir más de una Comunidad Autónoma y operar a lo largo de toda la cadena alimentaria”.
Asimismo, señalan “las disparidades entre las distintas Comunidades en la adopción de actividades en I+D, la falta de espíritu empresarial y la limitada capacidad financiera de los agricultores y de las compañías agroalimentarias, lo que obstaculiza la innovación tanto en la agricultura como en la silvicultura”.
“Aquí nos encontramos con mecánicas poblacionales motivadas por razones económicas de bajo rendimiento agroalimentario que estaban asociadas a cuestiones tradicionales de naturaleza invariable, como el régimen de tenencia de las tierras, el modelo de explotación empleado y la forma de transmisión patrimonial entre generaciones, que dieron lugar a su excesiva parcelación o fragmentación territorial. Conjunto de cosas que obstaculizaron mucho la modernización y la debida introducción de métodos y técnicas más eficientes de producción. En todo este orden de cosas, el ingreso del Estado español en el marco comunitario solo generó buenas expectativas y pequeños logros que poco influyeron en este fenómeno migratorio. Entonces los incentivos a la producción estaban siendo desplazados por la política de pagos asociados a la superficie, que tanto han perjudicado a la pequeña explotación familiar”, añade el profesor Gomariz Acuña.
“Nuestro sector agrícola está subsidiado adecuadamente, pero las ayudas no benefician a los medios y pequeños campesinos. Los terratenientes siguen viviendo en Madrid”, agrega por su parte el profesor Morales Matos.
El informe del CES subraya la necesidad de políticas sociales que incentiven, entre otros aspectos, la vivienda pública y la formación, y que reduzcan la elevada masculinización rural, una de las principales causas de las bajas tasas de natalidad, para conseguir frenar el éxodo, el envejecimiento demográfico y el riesgo de empobrecimiento, que en las zonas rurales españolas llega a afectar al 34% de su población, casi 10 puntos porcentuales por encima de la tasa de pobreza en las grandes urbes y 5 puntos porcentuales más que en las ciudades de tamaño intermedio.
Una palanca que los expertos consideran indispensable para el desarrollo de las zonas rurales es su inmersión en la transformación digital. Las tecnologías se ven como una palanca fundamental no solo para favorecer la actividad empresarial y la educación, sino además para atraer a nuevos habitantes que opten por abandonar la ciudad para iniciar otro estilo de vida. Según el CES, a pesar de los importantes avances “continúa existiendo una brecha digital entre las zonas urbanas y rurales. Así, persisten dificultades y carencias en la cobertura y la calidad de los servicios de telecomunicaciones, especialmente en las conexiones de banda ancha (acceso, velocidad y calidad del acceso) y, en menor medida, en la cobertura de la telefonía móvil y en el acceso a los contenidos multimedia de la televisión y la radio”.
La España despoblada coincide con la España desconectada, pero también es la España desconectada de las demás infraestructuras, según el profesor Gómez Acuña. “[…] todas estas localidades sufren los perjuicios del desarrollo desigual de la red de infraestructuras viarias y el consiguiente aislamiento que esto supone. España ha desarrollado una de las mejores redes viarias de Europa, pero la despoblación de estas localidades y el desinterés asociado a ella las ha dejado al margen de esta forma de progreso”.
El voto importa
La falta de futuro en el medio rural y en las pequeñas urbes periféricas tiene también consecuencias políticas, como se está viendo en el ascenso y consolidación de grupos populistas en países como Francia y España, o en el Este europeo (un caso extremo de polarización urbano-rural es Polonia).
Uno de sus efectos es que se están introduciendo en el debate político europeo consignas nacionalistas y euroescépticas cuyas raíces se hunden también en esa Europa profunda que se siente abandonada por los partidos políticos del establishment y víctima de las políticas de Bruselas.
Es un voto que apenas moviliza a los principales partidos políticos, que enfocan sus campañas y mensajes electorales hacia las grandes urbes y áreas de crecimiento económico, con un electorado que numéricamente juega un papel decisivo. “[…] parece que los soportes electorales de las políticas vigentes se tambalean porque nuevas demandas se han hecho insalvables. Las preocupaciones sociales más acuciantes en torno a la crisis, el cambio climático o los modelos de desarrollo parecen haber tomado cuerpo con el gran crecimiento de la representación de opciones alternativas de diferentes inclinaciones. En el caso de estas reflexiones debemos señalar el resultado tan destacado de las coaliciones ambientalistas, con opiniones tan comprometidas en el debate cívico de la política agraria vigente”, añade Gomariz Acuña.
“El medio rural ya no es objeto de preocupación prioritaria”, asevera el profesor Morales Matos, quien señala que la despreocupación política hacia los territorios que se vacían en España ha llevado a que se vean como “graneros de votos conservadores”.