La crisis de estancamiento y falta de competitividad que atraviesa Europa desde hace décadas corre serio peligro de volverse endémica. Una tendencia que podría acentuarse en los próximos años si triunfan las propuestas que están poniendo sobre el tapete comunitario sus dos principales socios. Francia y Alemania han decidido configurar un frente común para convencer a las autoridades de Bruselas de que la única forma que tiene el club de los 27 de plantar cara a las multinacionales asiáticas, norteamericanas y, en menor medida, rusas, es mediante el respaldo explícito del sector público a las grandes empresas europeas. En definitiva, se trata de recuperar la tesis de los campeones nacionales llevándola a un estadio superior, el continental.

La petición se hizo oficial el pasado enero, cuando 19 gobiernos de la Unión Europea (UE) capitaneados por Emmanuel Macron y Angela Merkel firmaron una declaración en la que manifestaban la necesidad de “construir una política industrial que aliente la creación de grandes jugadores económicos”. El texto, respaldado en aquel momento también por Italia y España, planteaba que “así como las grandes potencias no dudan a la hora de defender a sus campeones nacionales, Europa debe tener en cuenta en su política de competencia la evolución del entorno competitivo global en términos de inversión, comercio e industria”. Bajo estas consideraciones subyace un dato revelador: en la lista de las veinte empresas con mayor valor bursátil del planeta solo aparece una europea, la petrolera anglo-holandesa Royal Dutch Shell.

LA DECISIÓN DE ESPAÑA

La postura del ejecutivo español respecto a este enfrentamiento entre las potencias europeas y la propia Comisión ha experimentado un giro de ciento ochenta grados desde que el pasado año decidiera dar su respaldo al manifiesto que planteaba la necesidad de una nueva política industrial que promoviera los grandes grupos empresariales. La radicalización posterior de la postura de Francia y Alemania ha sido la principal causa de la retirada del respaldo por parte de las autoridades españolas, que se han percatado de que, en un país cuyo tejido industrial está formado fundamentalmente por pymes, un movimiento político tendente a crear monopolios provocaría importantes efectos adversos.

“A pesar de los intentos de Macron y Merkel por sumar apoyos a su petición, la realidad es que hay muchos países, como España, a los que no les beneficia en absoluto. Para España sería como pegarse un tiro en el pie, teniendo en cuenta que las empresas españolas son pequeñas y que de ninguna forma les interesa que les impongan los precios a los que deben vender sus bienes o prestar sus servicios aquellos que tengan más poder de negociación por ser monopolios amparados por el sector público europeo”, destaca a Forbes Sergio Ávila, analista de mercados de la firma británica de intermediación financiera IG.

Ni siquiera grandes grupos líderes en España, que facturan más del 50% de su cifra de negocio fuera de nuestras fronteras, se verían beneficiadas de esta reforma profunda de la política de competencia comunitaria. Empresas como ACS, Telefónica, BBVA o Santander, por citar tan solo algunos ejemplos, se han hecho con un hueco en los mercados internacionales y cambiar las reglas del juego podría perjudicarlas.

A este respecto, Javier Méndez, director general de la Fundación de Estudios Financieros (FEF), indica que “dos de los sectores que podrían verse afectados por la iniciativa franco-germana son el de las renovables y el de las infraestructuras. En España estamos bien posicionados con varias empresas líderes mundiales en estos sectores. También en banca gozamos de instituciones de gran capacidad de crecimiento global. Y en utilities y telecomunicaciones también somos una referencia a nivel mundial. La cuestión es que estas compañías no han necesitado de ninguna política estatal ad hoc para llegar a ser lo que son hoy en día en el panorama económico global”.