El conjunto de las Administraciones españolas ha hecho grandes progresos en los últimos años hacia la inmersión digital, pero hay aún importantes déficits y, sobre todo, importantes disparidades entre los diferentes ámbitos administrativos territoriales. Organismos multilaterales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) son unánimes en atribuir a la digitalización de los sectores públicos, en general, un papel clave en el incremento de la productividad y en el bienestar de los ciudadanos. “En el corto plazo, esta digitalización será una condición previa para establecer y mantener políticas fiscales sólidas; a más largo plazo, será también importante para mantener la credibilidad y eficiencia del sector público en la prestación de servicios de calidad que den respuesta a las necesidades de los usuarios, y fomentar así la confianza en la capacidad de la Administración para impulsar procesos más inclusivos y más crecimiento económico”.

Nueva legislación

El Plan de Transformación Digital que el Gobierno elaboró en 2015 estableció que en 2020 “la Administración española ha de ser digital, de manera que las tecnologías de la información y las comunicaciones estén tan integradas en la organización que ciudadanos y empresas prefieran la vía electrónica para relacionarse con ella por ser la más sencilla e intuitiva […]”. Para sentar las bases de la transformación digital, en octubre del mismo año el Ejecutivo aprobó dos leyes (la de procedimiento administrativo común y la de régimen jurídico del sector público) que para algunos especialistas supusieron un cambio de paradigma en la prestación de los servicios públicos y en el funcionamiento de las Administraciones. Hoy, ambas normas, en mayor o menor medida, están aún pendientes de su completa entrada en vigor por motivos técnicos. Desde la Administración del Estado, se ha señalado a Forbes que se está trabajando para que los aspectos pendientes queden expeditos para 2020, la fecha inicialmente alternativa a la de 2018, cuando debían haber entrado plenamente en vigor.

En el Índice de Economía Digital y Sociedad 2018 (DESI en sus siglas inglesas) que elabora la Comisión Europea y que incluye cinco variables, desde la calidad de las infraestructuras, habilidades y uso de internet hasta la integración tecnológica en la empresa y la digitalización del sector público (eGovernment), España se sitúa en el grupo de países de resultados intermedios, ocupando el puesto décimo de la clasificación (desde el 14º en 2017). Aunque ha mejorado en casi todas las variables con respecto a 2017, es en los servicios públicos digitales en la que registra mejor posición, la cuarta (sin cambios con respecto a 2017), por detrás de Finlandia, Estonia y Dinamarca. “España obtiene muy buenos resultados en datos abiertos y existe un elevado nivel de interacción en línea entre las autoridades públicas y los ciudadanos. El 67% de los usuarios de internet españoles participan activamente con los servicios de administración electrónica”, se recoge en el último DESI.

Ahorro de costes

Según el secretario general de Administración Digital, Fernando de Pablo, la Administración General del Estado (AGE) ha ahorrado más de cien millones de euros anuales solo en el proceso de implantación de la notificación electrónica respecto a la notificación en papel con acuse de recibo que existía previamente. Además, se entregan más notificaciones y se reducen los plazos, con lo que, en algunos procedimientos, aumenta la recaudación. “Según los informes de la OCDE sobre los planes de reducción de cargas administrativas, una tramitación presencial en papel tiene un coste medio de ochenta euros para ciudadanos y empresas mientras que una electrónica tiene un coste de cinco euros. Y se hacen más de quinientos millones de tramitaciones no presenciales anualmente de distintos tipos, sólo en la AGE”, declara De Pablo a Forbes.

La Administración, a examen

En un reciente análisis de la consultora internacional EY (Ernst & Young) sobre el grado de ejecución en las diferentes Administraciones españolas del nuevo marco normativo sobre digitalización se constata que ninguna de ellas lo cumple en su integridad, si bien hay una amplia diversidad. La consultora ha hecho una selección de temas desde la percepción de un usuario que realiza un trámite online y los ha evaluado en función de su cumplimiento con el marco legal. Así, en cuanto a la ‘web institucional’, el 94% de las Comunidades Autónomas (CC AA) cumple con todos los requisitos establecidos en la normativa, un porcentaje que desciende al 62% y al 48% en el caso de los Ayuntamientos y Diputaciones, respectivamente. En ‘sede electrónica’, el mejor resultado lo obtienen los Ayuntamientos, con un 57% del total cumpliendo con todos los requisitos, después las CC AA, con un 47% y, por último, las Diputaciones, con un 27%. En ‘identidad digital’ y ‘firma electrónica’, sólo el 23% de las CC AA alcanza el 100% de los objetivos. El porcentaje desciende al 9,5% en los Ayuntamientos y Diputaciones. En ‘representación’ y ‘registro electrónico’, la consultora destaca que debido a la moratoria en la entrada en vigor de los requerimientos sobre representación ésta es la temática con peores resultados entre los organismos analizados. De todas las Administraciones sólo existe una Diputación que logra el cumplimiento del 100% de los requerimientos. En ‘asistencia al ciudadano y empresas’, el 59% de las CC AA registra un resultado favorable logrando alcanzar el cumplimiento de todos los requisitos, frente al 47% de los Ayuntamientos y el 42% de las Diputaciones. Por último, en ‘comunicaciones y notificaciones al ciudadano’, el 41% de las CC AA consigue cumplir con todos los requerimientos, un porcentaje que desciende al 23% y al 19% en el caso de Diputaciones y Ayuntamientos, respectivamente.