La vida laboral de Cándido Conde-Pumpido (La Coruña, 1949) estaba muy orientada desde sus inicios hacia la judicatura: su bisabuelo fue notario, su abuelo magistrado, y su padre fiscal. Miembro de Justicia Democrática, organización que agrupó a los magistrados, fiscales y secretarios judiciales partidarios de un sistema democrático durante la dictadura, en 1983 formó parte del grupo de fundadores de la asociación Jueces para la Democracia. Fue el primer portavoz de esta asociación entre 1984-1986, repitiendo en el cargo en 1992-1994. En 1995, fue elegido por el CGPJ magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, máximo órgano jurisdiccional en materia penal. En abril de 2004 fue nombrado Fiscal General del Estado, puesto en el que permaneció hasta diciembre de 2011, siendo el Fiscal General que más tiempo ha ocupado el cargo desde la Constitución. Al concluir el mandato regresó a su plaza de magistrado de la sala Penal del Tribunal Supremo, hasta marzo de 2017, fecha en la que fue elegido por el Senado magistrado del Tribunal Constitucional.
Entre 1981 y 1985 fue magistrado de la Audiencia de San Sebastián, una época muy complicada por los atentados y asesinatos de ETA. ¿Cómo la recuerda?
Al terminar la carrera, tuve tentaciones y propuestas para quedarme en la universidad, pero decidí ingresar en la carrera judicial: comencé en Puebla de Sanabria en 1974; más tarde me trasladé a Galicia, al juzgado de Carballiño, donde estuve cinco años. Finalmente, al ascender a magistrado fui destinado a la Audiencia Provincial de San Sebastián, tomando posesión pocos días antes del golpe del 23F. La situación allí durante aquella época era muy dura. Prácticamente se producían dos atentados mortales a la semana, las huelgas generales eran frecuentes y las manifestaciones violentas constantes. Todos los magistrados de la Audiencia, incluido su presidente, habían abandonado el País Vasco, por lo que los recién llegados estábamos solos y tuvimos que hacernos cargo de toda la actividad jurisdiccional. Recuerdo que el entonces presidente del Consejo del Poder Judicial, Federico Sainz de Robles, nos visitó y nos pidió que aguantásemos para mantener la presencia del Poder Judicial del Estado, y un grupo de magistrados decidimos quedarnos.
De 2004 a 2011 fue Fiscal General del Estado. ¿Cómo fueron esos años?
Desde el punto de vista personal constituyeron para mí una gran experiencia. La perspectiva que ofrece la visión del funcionamiento de la Justicia desde la atalaya de la Fiscalía General es muy completa y creo que imposible de alcanzar desde ningún otro puesto de la organización judicial. Creo que la longitud del mandato nos permitió acometer y completar una serie de reformas muy necesarias para el Ministerio Público. Por ejemplo, promover el sistema de especialización, creando las Fiscalías de Violencia de Género, Medio Ambiente y Urbanismo, Seguridad Laboral, Siniestralidad Vial, Menores, Criminalidad Informática, Cooperación Internacional y Extranjería. También mejorar la organización territorial, creando las Fiscalías de los Tribunales Superiores y las Fiscalías de Área, y reforzar la Fiscalía Anticorrupción, instaurando delegaciones territoriales, ampliando su plantilla y dotándola de una nueva sede. Se reforzó la actividad de la Fiscalía de la Audiencia Nacional contra el terrorismo islamista creando un grupo de fiscales especializados en esta modalidad de terrorismo. Desde el punto de vista de la organización interna se crearon mandos intermedios, nombrando Decanos Territoriales y de Especialidades en las Fiscalías Provinciales, y se constituyeron las Juntas Provinciales de Coordinación y la Junta de Fiscales Superiores para garantizar el principio de unidad de actuación del Ministerio Público en todo el territorio nacional.
¿Qué crítica le dolió más recibir en su etapa como Fiscal General?
Las referidas a nuestra actividad contra ETA. Las críticas políticas y mediáticas fueron constantes, sin tomar en consideración los esfuerzos realizados ni los resultados conseguidos; y sin tener en cuenta que, en un tema de Estado como es la lucha contra el terrorismo, deben respetarse públicamente las acciones de las autoridades competentes, que ordinariamente saben lo que hacen, y que iban esencialmente dirigidas hacía el objetivo de conseguir que no se produjeran más víctimas, objetivo que se consiguió a partir de 2010.
Hace unos meses ETA anunció su disolución en un comunicado sin hacer mención a las víctimas de sus atentados. Usted que ha estado entre sus objetivos, ¿cómo lo valora?
Los que hemos conocido y sufrido a ETA desde hace muchos años lo valoramos como una gran noticia, porque esta organización terrorista ha sido un cáncer para el sistema de convivencia de los españoles, y su desaparición era algo que llevaba esperando con ansia desde hace más de 30 años. En mi opinión, solo los que no han sufrido sus efectos, su terror y la desgracia que han ocasionado a tantos conciudadanos pueden dedicarse, normalmente desde la distancia, a poner pegas a su efectiva y definitiva disolución. Obviamente nosotros no debemos olvidarnos nunca de las víctimas, respetándolas y tutelándolas siempre, pero no cabe esperar que los etarras sean los que vayan a hacerlo. Lo importante es que no haya ni una víctima más.
¿Se ha pagado algún precio político para que ETA entregue las armas?
Nunca. ETA ha sido derrotada por la firmeza de la acción del Estado democrático, desde el ámbito policial, judicial y político. Sus comandos han sido desmantelados; sus miembros han sido juzgados y condenados; y se impidió a sus bases políticas que participasen de la actividad democrática mientras les siguiesen prestando apoyo.
¿Podrán los ciudadanos españoles percibir algún día la figura del Fiscal General del Estado como alguien ajeno a los designios del Gobierno?
Cuando se instaure en nuestro país un modelo de proceso penal acusatorio como el que existe en la inmensa mayoría de los países civilizados.
A lo largo de su carrera, ¿recibió llamadas o presiones para que no fuera alguien a declarar?
Existe mucho mito en relación con estas supuestas presiones. He sido Juez durante más de 40 años y nunca me he considerado afectado por presión alguna. Tampoco durante mi etapa como Fiscal General del Estado. Es cierto que hay críticas políticas y mediáticas que intentan influir en nuestras decisiones, pero a los profesionales no nos afectan. Los jueces llevamos la independencia en nuestro ADN y además tenemos las garantías institucionales de inamovilidad y tutela del Consejo que nos permiten hacer caso omiso de cualquier intento de influir externamente sobre nuestras decisiones jurisdiccionales. Como Fiscal General promoví una reforma legislativa para garantizar un período fijo de mandato que colocase al Fiscal al margen de cualquier posibilidad de influir de forma eficiente sobre sus decisiones con la amenaza del cese.
La corrupción es un mal endémico que afecta a muchos políticos españoles, y lo estamos viendo ahora con los casos que se juzgan. ¿Cómo cree que hay que combatirla?
En realidad la corrupción es el fruto de considerar la política como la continuación de los negocios por otros medios. Siempre he considerado que para luchar contra la corrupción es necesario cumplir siete mandamientos: una legislación eficiente; una prevención eficaz; una investigación minuciosa y exhaustiva; la especialización judicial y fiscal; la cooperacion internacional; la confiscación de beneficios;y una sanción penal contundente. En España disponemos de la Fiscalía Anticorrupción. Gracias a ella se descubren, juzgan y condenan los supuestos más relevantes. Esta misma eficacia en la persecución es la que determina la imagen de que existe más corrupción que en otros países. No es cierto, se investiga mejor y se sanciona más.
¿Piensa que urge una reforma a fondo de la justicia?
Sí. Pero lo primero y más importante es adaptar nuestra justicia al modelo procesal de la inmensa mayoría de los países civilizados, el modelo acusatorio. Si seguimos con una ley procesal penal del siglo XIX y unos jueces desaprovechados en funciones que no son las de juzgar, los problemas seguirán. Si pretendemos seguir tratando nuestra justicia con reformas orgánicas, en lugar de con la imprescindible reforma procesal, con modificaciones del órgano de gobierno, en lugar de con modificaciones de la investigación de los delitos, es como si intentásemos curar a un enfermo de pulmonía con tratamientos para el cáncer. No solo no se curará, sino que cada vez estará más débil.
A raíz de la sentencia de ‘la manada’, el Gobierno ha cuestionado la formación de los jueces y estudiará endurecer la ley sobre delitos sexuales ¿Qué opina de este anuncio?
A mi juicio no existe un problema de formación de los jueces, sino de inadecuación de la ley. La regulación de los delitos sexuales en nuestro ordenamiento penal es laberíntica y obsoleta, por lo que debe modificarse urgentemente, como ya ha señalado el Tribunal Supremo en reiteradas ocasiones. Por ejemplo, la penetración sexual de una persona a la que se ha drogado previamente, no está sancionada en el Código Penal español como violación, ni siquiera como agresión sexual, sino como abuso. Y eso no es porque lo digan los jueces, sino porque lo dice expresamente la ley, sin que los jueces puedan apartarse de ella. A mi entender toda penetración sexual no consentida debería sancionarse como violación, con independencia de que las penas puedan graduarse en función de las circunstancias concurrentes. El modelo actual, que constituyó un avance en su momento al superar la antigua tipificación de estos delitos como infracciones contra la honestidad, hoy no se corresponde ni con las concepciones sociales mayoritarias, ni con las tipificaciones más avanzadas del derecho comparado y del derecho internacional penal, ni con una buena técnica penal. Debe modificarse, sin apegarse a una técnica ya superada.
Uno de los juicios más mediáticos de los últimos años ha sido el caso Nóos, en el que ha habido un duelo judicial entre el fiscal Pedro Horrach y el juez Castro ¿Qué le parece la actitud del fiscal Horrach?
Horrach tenía toda la razón, y prueba de ello es que se la han dado los tribunales. La sentencia de la Audiencia, que si respetamos la justicia debe ser el fiel de nuestra balanza, ha ratificado la posición del fiscal en el tema más controvertido, la absolución de la Infanta. Este juicio y esta sentencia constituyen para mí una prueba contundente de que la justicia española no padece ningún problema de independencia, sino de modelo de instrucción.
Tras su paso por la Fiscalía General, ¿qué consejo le daría a la nueva Fiscal General del Estado, María J. Segarra, y qué le pediría a la nueva ministra de Justicia, Dolores Delgado?
Ninguna de las dos necesita consejos, porque son dos buenas profesionales que saben perfectamente lo que deben hacer. En cualquier caso, a la fiscal le aconsejaría que se atenga a la legalidad y no se deje amilanar por las críticas. Y a la ministra, le pediría que cambiase cuanto antes la ley de enjuiciamiento criminal.