La operadora de origen británico que ahora se replantea la fusión final, confirma en un comunicado oficial que este freno societario no repercutirá en el servicio ni en el funcionamiento normal con los clientes. Las facturas presentadas al cobro seguirán siendo diferentes manteniendo todavía el nombre diferenciador de las dos operadoras.

Vodafone y Ono se verán obligadas a pagar la tasa correspondiente por la utilización del suelo y espacio públicos a Madrid con efectos retroactivos. Un total de 33,7 millones de euros en tributos pendientes de pago que se repartirán entre las diversas compañías que operan en la ciudad a razón de once millones anuales (desde 2013). Las telefónicas que habían recurrido el pago de esa tasa, ya no podrán frenar un abono que había quedado suspendido hasta ahora.