El concejal de la ciudad de Columbus, Emmanuel Remy, escuchó atentamente mientras el abogado en la pantalla de su ordenador argumentaba por qué la empresa a la que representaba tenía derecho a una gran exención fiscal.

Durante la reunión del consejo virtual en marzo, el abogado dijo que la compañía tenía la intención de construir un centro de datos en un sitio de 500 hectáreas al sur de la ciudad capital de Ohio, que, cuando se completara, emplearía a 20 personas a tiempo completo.

A cambio, la compañía quería 54 millones de dólares (45,96 millones de euros) en incentivos fiscales. «Esto es como la nueva industria», dijo el abogado Scott Ziance a los funcionarios electos. En particular, Ziance enfatizó el beneficio en puestos de trabajos que supondría para la comunidad mientras se construyera la instalación.

La empresa que representaba Ziance no era Amazon, Microsoft o Facebook, sino una empresa fantasma registrada en Delaware llamada Magellan Enterprises LLC. Era la matriz de Magellan, una de las empresas de tecnología más grandes del mundo, que según el abogado tenía un historial de trabajo en colaboración con las ciudades, y quería las exenciones de impuestos a cambio de los empleos que traería el centro de datos. «Estarán muy orgulloso de tener esta empresa y su matriz en su comunidad», dijo.

Cuando los miembros del consejo votaron a favor de la propuesta de Ziance en la reunión, ninguno de ellos conocía la identidad de la empresa matriz, según Remy. Tampoco participaron los residentes locales, vecinos y otras partes interesadas. Solo la oficina del alcalde y los empleados de la ciudad que habían negociado y firmado acuerdos de confidencialidad conocieron de la verdadera identidad de la empresa madre.

Si bien los funcionarios de la ciudad se negaron a revelar el nombre de la empresa, incluso cinco meses después de que se otorgaron los incentivos, FORBES identificó a la empresa como Google, según dos fuentes.

«Somos optimistas, podremos compartir noticias sobre un anuncio de infraestructura que involucra al estado de Ohio esta semana», dijo un portavoz de Google a FORBES. Así fue, Google no tardó en anunciar una inversión de mil millones de dólares (850 millones de euros) en centros de datos de Ohio, incluido el sitio de Columbus.

Columbus es solo una de las docenas de ciudades de Estados Unidos que están haciendo cola para ofrecer exenciones fiscales masivas a las grandes empresas de tecnología que buscan construir centros de datos, a medida que la demanda de computación basada en la nube crece para poder competir con la necesidad de otros productos básicos.

Hace una década, varios estados pasaron una norma hace una década para atraer a los constructores de centros de datos con impuestos a la propiedad casi nulos, lo que generó miles de millones de dólares en inversiones de compañías tecnológicas de renombre y la construcción de más de 70 centros de datos solo en el condado de Loudoun, en Virginia. Desde entonces, más de 20 estados han aprobado leyes similares para atraer centros de datos.

En un esfuerzo por superarse unos a otros, esta dinámica de ceder a las demandas de las empresas de tecnología más grandes del mundo para mantener sus identidades ocultas hasta que hayan obtenido los incentivos se ha convertido en una práctica estándar para estas ciudades.

En un acuerdo de 2018 con una pequeña coalición de condados las afueras de Atlanta, Facebook negoció un paquete de reducción de impuestos de 71 millones de dólares (60,42 millones de euros) a cambio de un proyecto que generaría 100 empleos permanentes, según los documentos proporcionados a FORBES. Solo después de que se obtuvieron los incentivos, Facebook se anunció públicamente.

«Tenemos a Facebook, Microsoft, Apple, Google y Amazon: son corporaciones muy rentables», dice Kasia Tarczynska, analista de Good Jobs First, una firma de asesoría de políticas sin fines de lucro que ha realizado un seguimiento de los subsidios a los centros de datos. «No quieren llamar la atención porque es muy fácil preguntarse por qué las localidades darían millones y millones de dólares a empresas muy ricas«.

Con más espacio que los hangares de aviones comerciales y suficiente espacio para múltiples campos de fútbol, ​​los centros de datos albergan cientos de filas de ordenadores que procesan información desde fotos de Instagram hasta bases de datos gubernamentales, y se han convertido en una infraestructura crucial para empresas como Google y Amazon que han hecho negocios lucrativos que albergan las redes informáticas de otras empresas y necesitan espacio para almacenar las suyas propias.

Estos centros consumen grandes cantidades de energía y recursos hídricos en las comunidades donde se construyen. A diferencia de las instalaciones de producción, por lo general no emplean más de unas pocas docenas de personas a tiempo completo para mantener los servidores.

FORBES identificó 30 proyectos de centros de datos con sede en Estados Unidos propiedad de grandes tecnológicas cuyas identidades estaban ocultas tras nombres en clave o compañías de responsabilidad limitada anónimas (LLC, por sus siglas en inglés) hasta que los gobiernos locales les otorgaron incentivos fiscales.

Si bien los datos sobre algunos de los proyectos son irregulares, porque las ciudades y sus funcionarios electos no siempre se muestran comunicativos sobre los paquetes de incentivos que aprueban, FORBES realizó decenas de entrevistas y revisó documentos e informes de prensa para obtener datos completos sobre incentivos fiscales, empleo y valor de los proyectos lanzados desde 2015. Su valor total de 9.900 millones de dólares (8.430 mil millones de euros) se vio compensado por unos 811 millones de dólares (690,21 millones de euros) en exenciones fiscales.

El precio acordado por los gobiernos locales con estas empresas fantasma anónimas es elevado. Aunque el periodo de tiempo de los incentivos varía, el análisis de FORBES mostró que, por término medio, las ciudades y los condados renuncian a un millón de dólares (850.000 euros) de ingresos fiscales potenciales por cada puesto de trabajo permanente en un centro de datos. 

A modo de comparación, un estudio, realizado en 2020 por investigadores de las universidades de Columbia y Princeton, descubrió que las localidades renuncian a una media de 12.000 dólares (10.210 euros) por puesto de trabajo al año cuando conceden incentivos fiscales a todos los sectores.

Los fabricantes de automóviles, por ejemplo, suelen recibir unos 100.000 dólares en reducciones fiscales por puesto de trabajo durante la duración de un incentivo medio de 10 años. En el proyecto Magellan de Google, la desgravación fiscal de Columbus asciende a unos 2,7 millones de dólares (2,3 millones de euros) por puesto de trabajo durante los 15 años de desgravación.  

Algunos proyectos son incluso más costosos. En 2018, utilizando la empresa fantasma Stadion LLC, Facebook negoció una exención fiscal de 150 millones de dólares (127,66 millones de euros) para un centro de datos en Eagle Mountain, Utah, para 50 puestos de trabajo, 3 millones de dólares por puesto. Fue la primera de varias fases del proyecto que podría ver hasta 750 millones de dólares en exenciones fiscales concedidas.

En 2017, Apple recibió 208 millones de dólares (177,02 millones de euros) en exenciones fiscales para un proyecto en Waukee, Iowa, con el que crearía 50 puestos de trabajo a tiempo completo, o lo que es lo mismo, más de 4 millones de dólares por puesto.

Las empresas suelen señalar los posibles riesgos de seguridad y la necesidad de proteger los secretos comerciales como razones para la necesidad de encubrir los proyectos de centros de datos en estas compañías de responsabilidad limitada y similares.

A veces destacan la necesidad de mantener sus proyectos en el anonimato para poder orquestar las licitaciones entre los ayuntamientos. Y para explicar los grandes incentivos fiscales, suelen prometer múltiples fases del proyecto, más inversión, más puestos de trabajo y, en algunos casos, grandes gastos de capital como parques solares o subvenciones comunitarias.

También se acogen los cientos de puestos de trabajo necesarios para llevar a cabo la construcción los centros, que generan un repunte de los impuestos sobre la renta durante la fase inicial del proyecto, pero que se agotan una vez que los obreros se han marchado. 

«Estas cosas se están haciendo en la oscuridad para que nadie tenga tiempo o capacidad de hacer algún tipo de estudio para desarrollar algún tipo de idea sobre cuál sería el impacto»

John Lute, residente en Columbus.

Apple, Amazon y Microsoft declinaron hacer comentarios para este artículo. En respuesta a las preguntas de FORBES, un portavoz de Facebook dijo en un correo electrónico que «la confidencialidad es la norma cuando las empresas trabajan en grandes inversiones de infraestructura como un centro de datos. Trabajamos estrechamente con funcionarios estatales y locales en acuerdos que son mutuamente beneficiosos y que traen puestos de trabajo e inversión a la región». 

El secretismo también retrasa que surja una oposición de locales preocupados por el impacto medioambiental de los centros de datos hasta después de que el proyecto, y sus exenciones fiscales, se hayan asegurado.

Solo después de que Facebook obtuviera incentivos fiscales y créditos de agua para un centro de datos en Los Lunas (Nuevo México), utilizando un seudónimo, los grupos comunitarios y los políticos empezaron a plantear su preocupación por la viabilidad de una instalación que consume agua en medio del desierto.

Los reguladores locales se cuestionan ahora el uso de energía propuesto por Facebook por la preocupación de que pueda provocar un déficit de ingresos que haga que los habitantes de la zona tengan que cargar con facturas de energía más altas. 

La amenaza de que la oposición popular podría frustrar los proyectos ha crecido desde que la presión local hizo que Amazon abandonara los planes de una segunda sede en la ciudad de Nueva York, donde la empresa había conseguido casi 3.000 millones de dólares (2,55 mil millones de euros) en exenciones fiscales.

«Son una minoría lo suficientemente ruidosa como para dificultar las cosas con sólo decir: ‘Oye, ¿por qué estamos dando todo este dinero a estas enormes empresas tecnológicas que ganan mil millones de dólares al año?», dice Pat Garofalo, director de política estatal y local en el Proyecto de Libertades Económicas de Estados Unidos, que hace un seguimiento de los incentivos fiscales.

Esto se ha agudizado especialmente en el caso de los proyectos de centros de datos, afirma. «Ha habido un aumento de los residentes que dicen: ‘Oye, no queremos estas cosas en nuestra comunidad, porque los puestos de trabajo son malos… y perjudican al medio ambiente».

Amazon, que ocupa más centros de datos en Estados Unidos que cualquier otra gran empresa tecnológica, según Synergy Research Group, llegó a hacer todo lo posible para ocultar su propiedad de las instalaciones, por ejemplo, haciendo que los empleados llevaran insignias con un nombre de empresa falso en una sede de Virginia, según un documento interno publicado por Wikileaks en 2018.

Mientras que Amazon busca mantenerse en el anonimato en el desarrollo de almacenes de distribución para su negocio de comercio electrónico, la compañía ha recurrido a la firma de acuerdos de centros de datos utilizando filiales conocidas como Vadata o Amazon Data Services.

En otros casos, el gigante de la nube ha llegado a acuerdos de arrendamiento con Corporate Office Properties Trust, un fondo de inversión inmobiliaria que construye centros de datos. Amazon ha negociado normalmente acuerdos en lugares como Virginia y Oregón, que son opacos a la hora de informar sobre el valor total de los paquetes de incentivos fiscales.

Columbus y sus alrededores se han convertido en uno de los principales focos de centros de datos; Google, Facebook y Amazon cuentan con amplias instalaciones en la cercana ciudad de New Albany.

Las obras en el emplazamiento de Magellan Enterprises debían haber comenzado en junio, pero el proyecto sigue rodeado de misterio. De hecho, mientras los funcionarios municipales del departamento de desarrollo negociaban con los representantes de Google, se referían a la operación con otra capa más: Proyecto Chipre.

«Para atraer inversiones y puestos de trabajo a nuestra ciudad, Columbus participa en la práctica industrial global de negociar oportunidades de desarrollo con empresas utilizando nombres en clave de proyectos«, escribió un portavoz del alcalde de Columbus, Andrew Ginther, en un correo electrónico.

El auditor del condado de Columbus, Franklin, Michael Stinziano, dice que no está de acuerdo con esta práctica. «No entiendo la necesidad de ser reservado en un centro de datos, realmente no lo entiendo», dice Stinziano, cuya oficina evalúa si las empresas se adhieren correctamente a las normas vinculadas a los incentivos fiscales. «El público prefiere la transparencia, al igual que la oficina del auditor«.

Ziance, el abogado que representa a la empresa fantasma de Google, Magellan, dirige una de las mayores prácticas de incentivos fiscales del país en el bufete de abogados Vorys, Sater, Seymour y Pease, con sede en Columbus, y enumera como uno de sus logros recientes «la representación de una empresa de la lista Fortune 50 con sede en la Costa Oeste como asesor de incentivos en 13 estados».

El abogado es un experto en proteger a las empresas de ser identificadas. El año pasado fue coautor de un artículo en una publicación comercial para seleccionadores de emplazamientos que subrayaba que era «fundamental que las partes sigan protegiendo cuidadosamente la identidad del solicitante» utilizando compañías de responsabilidad limitad «al menos hasta que se conceda el incentivo», como forma de negociar con varios ayuntamientos al mismo tiempo. Ziance declinó hacer comentarios.

Solo un miembro del consejo, Shayla Favor, votó en contra del proyecto. En un correo electrónico dijo que no había firmado un acuerdo de confidencialidad y que no estaba informada de la verdadera identidad de la empresa. Pero los correos electrónicos obtenidos por FORBES a través de las solicitudes de registros públicos demuestran que las exenciones fiscales exageradas preocuparon a algunos miembros del consejo, aunque luego votaron a favor.

«Veinte puestos de trabajo para un beneficio fiscal de 54 millones de dólares (45,96 millones de euros). No lo entiendo», escribió la concejala Elizabeth Brown en un correo a un asesor antes de la votación del 22 de marzo. «Pensé que el departamento era escéptico sobre el valor de la reducción de estos centros de datos. No son grandes creadores de empleo. ¿Qué gana la ciudad con esto?«.

«Ha habido un aumento de los residentes que dicen: ‘Oye, no queremos estas cosas en nuestra comunidad, porque los trabajos son malos… y perjudican al medio ambiente'».

Pat Garofalo, del American Economic Liberties Project.

Otro miembro del consejo, Rob Dorans, envió a Remy un correo electrónico en el que le decía que estaba «un poco preocupado por el hecho de que la subvención potencial proporcionada superara en gran medida el impuesto sobre la renta generado para la ciudad«.

Más tarde, cuando un elector pidió a Dorans que le explicara la lógica del acuerdo, el concejal escribió en un correo electrónico que había votado a favor de los incentivos porque los cientos de puestos de trabajo en la construcción compensarían algunos de los impuestos no percibidos. Dorans no respondió a otras preguntas enviadas por FORBES. 

«Lo que en última instancia me valió mi apoyo en este caso fueron los 300-500 puestos de trabajo y los ingresos adicionales que se generarán para la ciudad y otras entidades durante muchos años en el futuro una vez que el período de incentivos concluya», dijo Brown en un correo electrónico a FORBES. 

Algunos residentes locales se oponen al proyecto porque el centro de datos se construirá en una finca inscrita en el Registro Nacional de Lugares Históricos. Cuando en octubre del año pasado se recalificó el emplazamiento para uso industrial, la Comisión del Extremo Sur, órgano consultivo del ayuntamiento que representa al barrio donde se ubica el proyecto, votó en contra de la recalificación por considerar que afectaría al valor de la propiedad en la zona.

Otros residentes afirman que no sabían que la empresa misteriosa había firmado un acuerdo con el distrito escolar local de Hamilton para pagar hasta 9 millones de dólares (7,66 millones de dólares) durante el periodo de reducción de impuestos, menos de lo que habrían recibido las escuelas locales sin el incentivo. En el condado de Franklin, alrededor del 75% de los impuestos sobre la propiedad se destinan a la financiación de las escuelas.

John Lute, que vive cerca del emplazamiento propuesto y tiene un hijo en la escuela, dice que no sabía que la escuela había llegado a un acuerdo con la empresa. «Estas cosas se están haciendo en la oscuridad», dice Lute, «de modo que nadie tiene tiempo ni capacidad para hacer ningún tipo de estudio para desarrollar algún tipo de idea sobre cuál sería el impacto».

Las autoridades municipales explicaron a FORBES que el proyecto de centro de datos era un uso más deseable del emplazamiento que una fábrica o un centro de distribución porque generaría menos tráfico. Remy dice que vio poco riesgo para la ciudad, ya que los incentivos se basan en el rendimiento, lo que significa que si el proyecto no crea los puestos de trabajo prometidos, o está incompleto, no obtendrá la totalidad de los 54 millones de dólares en incentivos.

«Al final, esto se reduce a si la organización va a cumplir su compromiso», dice. «Y no hay literalmente ninguna duda de que lo harían, o lo harán». Remy también se encogió de hombros ante la sugerencia de que el proceso de incentivos fiscales era opaco porque se celebraron reuniones públicas para discutir el proyecto. Pero esas reuniones no sirvieron para que Remy, o el público, supiera de antemano que Google se instalaría al lado.