Vamos hacia una sociedad en la que habrá que garantizar de por vida una renta básica para evitar el elevado coste de la exclusión? El mercado laboral ya no es capaz de ofrecer suficientes empleos, estables y razonablemente remunerados para todos, y el cambio tecnológico, si bien ineludible, se vislumbra como una amenaza.

Un inesperado debate se ha abierto en un buen número de países, casi todos ricos, aunque también en otros que no lo son todavía como India o Kenia, y es la posibilidad de que los estados tengan que asumir una responsabilidad muy incómoda: dispensar una renta universal para preservar la cohesión social. Incómoda porque hay que buscar los recursos necesarios y esto siempre resulta complicado política y financieramente; porque podría poner en tela de juicio algunos paradigmas, como el de que el desarrollo económico crea nuevas y múltiples oportunidades de empleo y de adaptación a los cambios, y, en fin, es incómoda porque sería reconocer la evidencia de que el número de quienes sobreviven con salarios mínimos o tienen una formación obsoleta, una circunstancia cada vez más recurrente por la velocidad con que se producen los cambios tecnológicos, o de quienes cuentan con una vida laboral corta por la elevada rotación del mercado, está creciendo y originando una sociedad dual que puede abrigar malos presagios.

La idea no es nueva, ni tampoco sería correcto atribuirla a una determinada posición ideológica: ha sido argumentada por humanistas (Tomás Moro, Juan Luis Vives), pensadores como Stuart Mill o Bertrand Russell, o por economistas tan dispares como Milton Friedman o James Tobin. Todos ellos propusieron, bajo diferentes premisas y condiciones, un emolumento para mitigar la pobreza.
La renta básica universal (RBU) puede adoptar varias formas, pero en esencia consiste en entregar un cheque a cada ciudadano por una cantidad de dinero suficiente para que pueda vivir cuando llegan los tiempos malos, pero esa suma de dinero debe ser suficiente para garantizarle sus necesidades básicas, no un estatus que le desincentive la búsqueda de trabajo, uno de sus posibles efectos negativos.

“Los efectos negativos son de dos tipos. Primero, la RBU puede desincentivar la búsqueda de empleo y reducir la oferta de trabajo. Segundo, el aumento de los impuestos necesarios para financiar la RBU genera desincentivos sobre el empleo, la inversión y el crecimiento, lo que se traduce en una renta nacional menor. Los efectos positivos son variados: la RBU es incondicional y universal, por lo que no tiene costes administrativos ni estigmatiza a quien la recibe, elimina el riesgo de pobreza absoluta, reduce la desigualdad, no genera trampas de pobreza y aumenta la libertad para decidir sobre los proyectos individuales”, afirma a Forbes Rafael Domenech, de BBVA Research.

En opinión de sus apologistas, es un “error” asegurar que la RBU es un desincentivo a la búsqueda de empleo, aducen las numerosas encuestas y experiencias que demuestran lo contrario, y que, cuando menos, evita aceptar empleos mal pagados. “Por definición, la RBU es perfectamente compatible con otras fuentes de renta, si bien estas pueden verse afectadas por un mayor tipo impositivo en función de la forma de financiación. En cualquier caso, esto es preferible a la denominada ‘trampa de la pobreza’, término con el que se designa la penalización que sufren los beneficiarios de subsidios condicionados en el caso de que acepten un trabajo remunerado, y que puede comportar la pérdida del 100% del subsidio”, declara a Forbes Daniel Raventós, profesor de la Universidad de Barcelona y presidente de la Red Renta Básica.

El problema de la financiación

¿Cómo se financiaría este cheque, que algunos proponen sea universal, es decir, también para los ricos, y otros, solo para colectivos de menos ingresos? Una reciente iniciativa, la de los profesores Jordi Arcarons, Lluís Torrens y el ya citado Daniel Raventós propone una RBU para todos los ciudadanos y residentes de España de 7.471 euros anuales por persona adulta y una quinta parte para los menores de 0 a 18 años, financiada mediante una reforma del IRPF y la supresión de las prestaciones públicas inferiores a la RBU; en caso de que fueran superiores, la RBU se complementaría hasta la cantidad de la prestación.

“La RBU puede ser financiada también mediante otras aportaciones de otros impuestos más allá del IRPF. Así, deben tenerse en cuenta: revisión del cálculo de las bases del IRPF (cambiando la estimación de rentas de actividades económicas por módulos por estimación directa, por ejemplo); impuestos adicionales: Impuesto a las Transacciones Financieras, impuestos ambientales (actualmente los menores de toda la UE [en España]), revisión o supresión del impuesto sobre el patrimonio y creación de un verdadero impuesto sobre la riqueza; revisión del IVA: eliminación de los tipos reducidos y compensación mediante RBU. Eliminación de los topes a la cotización a la Seguridad Social, armonización del impuesto de Sucesiones y Donaciones, [y la] mejora en la lucha contra el fraude y la elusión fiscales”, sostiene el profesor Raventós.

Según cálculos del servicio de estudios de BBVA, el coste presupuestario neto de la propuesta de los profesores Arcarons, Torrens y Raventós ascendería a 187.870 millones de euros anuales –cifra que ellos estiman sobrevalorada en más de cinco veces–, equivalente al 17,4% del PIB (el escenario base es el año 2010). En opinión de Rafael Domenech, de BBVA Research, “para financiar estas cantidades con el IRPF sería necesario multiplicar casi por cuatro su recaudación, eliminar el mínimo exento e imponer de entrada un tipo efectivo cercano al 50% desde el primer euro ingresado, para todas las rentas del trabajo y capital salvo la RBU”.

La RBU siempre ha estado en los idearios de movimientos d’avant-garde pero ahora está recobrando vigor desde círculos incluso de ortodoxia capitalista, como sociedades de capital riesgo y líderes empresariales de Silicon Valley. Por ejemplo, en Suiza, con una tasa de paro por debajo del 4% y la segunda renta per cápita más alta del mundo (cerca de 80.000 dólares en términos nominales en 2016, según el FMI) se sometió a referéndum el año pasado una iniciativa popular para implantar una renta básica mensual de 2.500 francos suizos (2.300 euros) por adulto y de 625 (571 euros) para los menores de edad. La propuesta, cuyo coste se valoró en unos 25.000 millones de dólares (23.000 millones de euros), fue rechazada por cerca del 77% de los votantes.

Finlandia está llevando a cabo un experimento con unos 2.000 parados que se benefician de una renta de 560 euros mensuales que sustituye a las prestaciones sociales y la pueden percibir incluso si encuentran trabajo. En ciudades de Países Bajos, Italia o Canadá están llevando a cabo, o proyectando, experiencias similares bajo diferentes condiciones; en algunos casos como ayudas vinculadas a la búsqueda de empleo y en otros como renta para colectivos que han atravesado el umbral de la pobreza.

La amenaza tecnológica

El argumento más manejado por los defensores de la RBU es la amenaza que representa la expansión tecnológica y con el que coinciden numerosos economistas, expertos y empresarios, como el ex ceo de Microsoft, Bill Gates, o el científico Stephen Hawking, que ha alertado de los riesgos de la inteligencia artificial (IA). El fundador de Tesla, Elon Musk, uno de los iconos del cambio tecnológico, se pronunció recientemente a favor de la RBU como una medida razonable para Estados Unidos. “Hay bastantes posibilidades de que acabemos con una renta básica universal, o algo así, debido a la automatización”, manifestó.
Pero más que ver en la ofensiva robótica una catástrofe para el mercado laboral, se está abriendo paso una interpretación ético-filosófica que admite que ese inevitable cambio tecnológico podría ser una oportunidad para que el ser humano se libere de las tareas más ingratas, como imaginaba Isaac Asimov en un mundo robotizado en el que los ciudadanos podrían dedicarse al ocio y a las actividades que les hicieran más felices, o cuando menos, más humanas. De manera que ese cambio tecnológico, más temido cuanto más se atisba su intensidad y velocidad, podría dar lugar a una economía que permitiera pagar la factura de liberar una gran cantidad de mano de obra que pudiera enfocar su existencia fuera del mundo del trabajo, al menos como se ha entendido hasta ahora.

Para el economista británico Robert Skidelsky, profesor emérito de la Universidad de Warwick y protodefensor de la RBU, “ésta es una difícil mezcla de dos objetivos: el de ayudar contra la pobreza y el de rechazar el trabajo como propuesta definitoria de nuestra vida. La primera es política y práctica; la segunda es filosófica o ética”.

En definitiva: ¿es la RBU una alternativa a un nuevo modelo de vida y también una respuesta a una economía que no puede garantizar empleo digno para todos? “Mi respuesta –dice el profesor Raventós a Forbes– es: la RBU es una propuesta que permitiría garantizar en la actualidad la existencia material a toda la población. Esto es una condición para poder ejercer la libertad. La libertad es algo que jamás puede tener una persona cuya existencia material no esté garantizada […]. Después, qué duda cabe, la RBU no puede abordar todos los problemas sociales y económicos que en el año 2017 tenemos planteados, y debe ser vista como una medida de política económica que, junto con otras, permitirían hacer frente a los problemas actuales”.

La extendida impresión de que la robotización y la inteligencia artificial (IA) pueden expulsar del mercado laboral a muchos trabajadores con escasa o media formación es una especie de mantra que se está instalando en las sociedades de los países ricos, aunque los posibles efectos se extenderán igualmente a los países en desarrollo. Algunos estudios, como el que ha elaborado el Banco Mundial (2016), pronostican un vaciamiento del mercado laboral por la desaparición de determinados empleos con las nuevas tecnologías, pero se trataría de un proceso similar al que ya se ha repetido en otras fases históricas con el resultado de incrementos de la productividad y el crecimiento, y la reasignación de recursos humanos y financieros a sectores de mayor rentabilidad. El economista Rafael Domenech subraya a Forbes que “algunos de los países en los que más rápido avanza el proceso de transformación tecnológica y digital tienen pleno empleo y una desigualdad reducida”.

Otro estudio, el de los profesores de la Universidad de Oxford Carl Benedikt Frey, Michael Osborne y Craig Holme y publicado por el banco estadounidense Citi, sostiene que el cambio tecnológico y sus ámbitos de aplicación avanzan a un ritmo acelerado, y que a diferencia de otros procesos anteriores, está haciendo aumentar la desigualdad. Según datos de la OCDE, el 57% del empleo mundial es susceptible de ser automatizado; pero en India podría serlo hasta el 69% y en China el 77%.
Entre quienes ponen reparos a la RBU también argumentan, junto a su coste fiscal y los efectos que podría tener en el mercado laboral –alterar la oferta y demanda de empleo, o subir el salario a partir del cual se está dispuesto a trabajar– valores que podrían entrar en la psicología colectiva o las tradiciones culturales o religiosas, como el que considera el trabajo una vía de interacción social o de estatus, o el que sostiene que la moral protestante del esfuerzo individual y su recompensa a través del trabajo, un argumento manejado en Estados Unidos, es incompatible con un cheque por no hacer nada.