Aplausos y abucheos fue lo que se escuchó el pasado lunes en Barcelona. Fue la reacción ante el acuerdo sellado el lunes entre el Gobierno y la Generalitat que da luz verde a la ampliación del Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, un proyecto que promete convertir al principal terminal aéreo de Cataluña en un hub internacional. El acuerdo que supondrá una inversión de 1.700 millones de euros para ampliar la tercera pista de El Prat (la mayor que ha realizado el Estado en Cataluña en los últimos diez años), lo que permitirá llegar a 70 millones de viajeros. Pero la mejora del aeropuerto barcelonés puede generar un terrible impacto ambiental, dicen sus detractores.
La ampliación de la tercera pista del aeropuerto en 500 metros adicionales tendrá serias consecuencias en el Delta del Llobregat, concretamente en una zona declarada de alto valor medioambiental: el espacio natural de La Ricarda. Esta zona de conservación de la biodiversidad forma parte de la Red Natura 2000 y protegida a nivel comunitario, ya que se trata de un ecosistema con una enorme riqueza de especies vegetales y animales, un entorno rodeado de humedales, pinares y flora autóctona.
La preocupación de las comunidades por las consecuencias ambientales del proyecto quedó reflejada en una investigación realizada por el Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB y publicada recientemente en la revista científica Environmental Science and Policy. Los humedales, las cabañas de observación de aves y los senderos para caminar son infraestructuras y servicios ecosistémicos muy valorados. El estudio recoge que el entorno natural único y bien cuidado del Delta del Llobregat es importante o muy importante para el 100% de los residentes y el 98,8% de los visitantes.
«Lo más destacable de los resultados es el grado de acuerdo entre vecinos y visitantes sobre la importancia de los valores naturales del Delta del Llobregat. Aunque el aeropuerto está cerca, la gente valora poder acceder a un espacio natural protegido tan cerca de Barcelona«, explicaba la Doctora Sonia Graham, investigadora líder del proyecto.
A este respecto, el Ejecutivo ha asegurado que el salto cualitativo que supondría la ampliación del aeropuerto —que mejorará la conectividad de Cataluña mejore con otros continentes, más concretamente con América y Asia— también es compatible con «una visión de responsabilidad ética sostenible». Sin embargo, los propios socios del Gobierno han cuestionado que se impulse con tanta celeridad la ampliación de las pistas. En una pregunta presentada a la mesa del Congreso, el diputado Íñigo Errejón cuestionaba que se apostara por el hub con una inversión millonaria, una iniciativa que calificaba de contraria a la lucha contra el cambio climático. Frente a las críticas, el Gobierno insiste en que el acuerdo «será respetuoso en las máximas condiciones con las medidas medioambientales requeridas».
El proyecto y la manera en que se ejecutará, al igual que la concreción de las medidas compensatorias, se acordarán durante los próximos dos años en una mesa técnica que ha convocado la Generalitat y que ya lleva unas semanas reuniéndose. Y seguirá activa durante el proceso de tramitación del Plan Director del Aeropuerto.
Los aplausos al ‘hub’ en El Prat
Pero no todo son críticas. Hay quien ve oportunidades de crecimiento económico en la ampliación del principal aeropuerto de Barcelona. Desde Foment del Treball, la patronal catalana, se ha hecho hincapié en que la inversión de 1.700 millones de euros tendrá un impacto positivo que se traducirá en la creación de 350 mil nuevos puestos de trabajo durante el desarrollo de las obras. De ellos, 83 mil serían empleos directos. La construcción del hub del transporte aéreo en Barcelona es compatible con la protección de la biodiversidad de la zona afectada mediante la adopción de «medidas compensatorias adecuadas y proporcionadas», sostienen.
El pasado 2 de junio la patronal organizó un acto en Esade en el que más de 200 entidades económicas de Cataluña manifestaron su compromiso con la ampliación de la capacidad aeropuerto de la ciudad. Entonces, aprobaron un manifiesto en el que se recogían algunas de las razones para decir sí a este proyecto: «El coste de oportunidad y de imagen de no llevar a cabo esta inversión sería excesivo y perjudicial para la economía de Cataluña, en el que se perdería competitividad, por un lado, y conectividad en un mundo cada vez más global, por la otra», especialmente en el contexto de recuperación económica tras la pandemia.
Los planes para mejorar la conectividad e incrementar la capacidad del sistema aeroportuario catalán también tendrán efectos en los aeropuertos de Reus y Girona-Costa Brava, y en el sistema ferroviario de cercanía en la zona de los municipios del Delta del Baix Llobregat.
Por una parte, se incentivará el crecimiento de ambos aeropuertos para complementar al de Barcelona, de modo que sean capaces de atraer tráfico «punto a punto» y de satisfacer las necesidades de la Costa Brava y la Costa Daurada, polos turísticos clave para la zona. Y está previsto que se desarrollen estaciones de alta velocidad de Girona y de Reus, así como el estudio de medidas para mejorar la movilidad ferroviaria en el Delta del Llobregat a través de cercanías. El proyecto generará oportunidades para posicionar a Cataluña como polo estratégico para el tráfico aeroportuario a nivel internacional.
Pero los habitantes de la zona temen que el daño en su entorno sea irreparable y muchos sospechan de la celeridad con que se quieren concretar las obras: el anuncio de acuerdo se produjo el mismo día en que se reunía por primera vez en tres años la comisión bilateral mixta Estado-Generalitat cuyo principal objetivo es buscar una salida negociada a la cuestión catalana, y el 30 de septiembre es la fecha tope para llevar al Consejo de Ministros el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA).
