El nuevo Gobierno británico de Andy Burnham llevará del 5% al 0% el impuesto sobre la electricidad doméstica a partir de octubre, un impuesto que llevaba tres décadas acompañando al recibo de los hogares británicos y que se eliminará ahora para afrontar la crisis del coste de la vida. La decisión aliviará el recibo en unas 45 libras anuales (alrededor de 53 euros) para una familia media.
El alcance económico será, en cualquier caso, limitado. El IVA británico sobre la energía doméstica ya era del 5%, frente al tipo general del 20%, por lo que su desaparición solo elimina una pequeña parte del recibo. Además, las facturas británicas siguen expuestas al precio del gas, que condiciona el coste marginal de la electricidad, a los gastos de las redes y a los distintos cargos incorporados al recibo.
El Gobierno español redujo en marzo el IVA de la electricidad del 21% al 10% para aliviar la subida de los precios energéticos por la guerra en Irán. Sin embargo, la medida tenía carácter temporal y expiraba el 30 de junio. De hecho, la medida dejó de aplicarse antes, el 1 de ese mes, porque su mantenimiento estaba condicionado a que el precio de la electricidad registrara una subida interanual determinada.
También ha recuperado su nivel ordinario el Impuesto Especial sobre la Electricidad, que había bajado temporalmente del 5,1% al 0,5%. Este segundo tributo se calcula sobre el coste dela potencia contratada y la energía consumida para, posteriormente, aplicar el IVA sobre el conjunto de la factura.
Esta también incluye peajes destinados a retribuir las redes de transporte y distribución y cargos que financian otros costes regulados del sistema. Y a ello se suma el impuesto del 7% sobre el valor de la producción eléctrica, que no aparece como una línea separada en el recibo doméstico, pero puede trasladarse indirectamente a los precios ofertados por los productores.
Bruselas quiere duplicar el peso de la electricidad
La normativa europea permite a España aplicar un tipo reducido de hasta el 5%, y de hecho es una recomendación que viene planteando desde hace tiempo. La posibilidad de establecer tipos inferiores al 5% o exenciones equivalentes al tipo cero queda reservada en la normativa comunitaria a un grupo más restringido de bienes y servicios considerados esenciales.
Bruselas considera que existe margen para actuar. Su Plan de Acción para una Energía Asequible, aprobado en febrero de 2025, ya pedía a los Estados que redujeran los impuestos eléctricos y retiraran de las facturas aquellos costes que no guardan relación directa con el suministro. La Comisión calcula que impuestos y gravámenes representan alrededor del 25% del recibo de los hogares y el 15% del que pagan las empresas.
Hace unos días la Comisión Europea presentó un nuevo Plan de Acción para la Electrificación. Su objetivo es que un 46% de toda la energía consumida proceda de la electricidad para 2040, frente al 23% actual. Calcula que con esto se podría reducir en 260.000 millones de euros la factura anual europea por las importaciones de combustibles fósiles.
Para ello, pide que los impuestos especiales sobre la electricidad no sean más altos que los del gas, algo que actualmente ocurre en la mayor parte de los Estados miembros. Por ello, el nuevo plan plantea revisar la fiscalidad, trasladar fuera del recibo determinados costes no vinculados al suministro, y eliminar progresivamente los subsidios que favorecen el consumo de gas, petróleo o carbón. En todo caso, la fiscalidad sigue siendo una competencia nacional dentro de los límites comunitarios.
