La nueva regulación establece por primera vez una metodología común para calcular las emisiones de gases de efecto invernadero en todos los modos de transporte, desde la carretera y el ferrocarril hasta el transporte marítimo y aéreo.
Bruselas sostiene que la falta de criterios homogéneos dificultaba hasta ahora comparar los datos facilitados por empresas del sector y evaluar el impacto ambiental real de las distintas opciones de transporte.
La Comisión Europea considera que el sistema permitirá a las empresas evaluar con mayor precisión la huella de carbono de sus operaciones logísticas, mientras que clientes y administraciones públicas dispondrán de información más homogénea a la hora de contratar servicios de transporte o fijar objetivos medioambientales.
La entrada en vigor de la normativa marca el inicio de un periodo de adaptación durante el cual Bruselas desarrollará las normas técnicas necesarias para su aplicación y pondrá a disposición de las empresas herramientas digitales de apoyo. La plena implantación del sistema está prevista para finales de 2030.