Esta nueva normativa entrará en vigor tras su publicación en el BOE con efectos retroactivos desde el 1 de enero y contará con una dotación de 7.000 millones de euros, de los cuales el Estado aportará 4.200 millones y las comunidades autónomas los 2.800 millones restantes.
La organización sindical ha valorado positivamente la inclusión de sus alegaciones, destacando el «blindaje del parque protegido de vivienda» para que solo se financien promociones que garanticen la «permanencia indefinida» de su calificación.
No obstante, CCOO ha criticado que la financiación actual es «claramente insuficiente» y ha reclamado que la inversión pública se sitúe en el 1% del PIB anual, lo que supondría elevar la partida hasta los 16.000 millones de euros.
El Plan introduce un sistema común de información para que las autonomías recopilen datos de los registros de fianzas, evitando así la dependencia de información procedente de «portales inmobiliarios con intereses en el sector».
Asimismo, se priorizará la transferencia de fondos a aquellas comunidades que cumplan la Ley 12/2023 por el Derecho a la Vivienda, especialmente en lo relativo a la declaración de zonas tensionadas.
Entre las novedades, el sindicato ha destacado el impulso a las «cooperativas en cesión» de uso como alternativa «no especulativa» y la integración de la política de vivienda con otros ámbitos como la pobreza energética.
Finalmente, desde CCOO han sostenido que el Plan debe complementarse con una política legislativa que «limite los precios del alquiler» y la compra destinada a la especulación para asegurar la eficacia real de estas medidas.