Así lo han indicado fuentes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana después de que este martes el Consejo de Ministros aprobara el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, con el que se impulsará la construcción de vivienda pública y asequible, la rehabilitación del parque residencial, así como nuevas ayudas para facilitar el acceso al alquiler y a la emancipación.
Sin embargo, desde el Ministerio de Vivienda confían en que a través del diálogo con las comunidades autónomas se pueda proceder a transferir los datos de contratos de arrendamiento de vivienda de los registros de finanzas autonómicos de manera semestral, por lo que no será necesario llegar a suspender la transferencias de fondos, ya que este intercambio de información no supone invadir competencias autonómicas.
Con estos datos, el Ministerio pretende, a través del Observatorio de Vivienda y Suelo, trabajar la información para que los datos puedan ser utilizados por las autonomías, el sector y los interesados para dar transparencia y evitar los «discursos del miedo» en relación a la vivienda.
El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 cuenta con una inversión de 7.000 millones de euros, el triple que el anterior, destinado a tres objetivos: construir, rehabilitar y proteger.
Por ello, hasta un 40% del presupuesto del plan irá destinado a aumentar la oferta de vivienda protegida de manera permanente –un porcentaje que se podrá modificar al alza en convenio con cada comunidad autónoma en detrimiento de las otras dos partidas– otro 30% a la rehabilitación del parque de vivienda ya existente a través de ayudas específicas y el 30% restante irá destinado a ayudas como las destinadas a la emancipación juvenil, la reducción de la tasa de esfuerzo financiero y la intervención en zonas tensionadas.
En este sentido, desde el Ministerio de Vivienda han recordado que si la comunidad autónoma no justifica, por ejemplo, que ha dedicado el porcentaje que está asignado a promover vivienda permanente, con un mínimo del 40% del total, se le detraerá de la siguiente anualidad.
INCREMENTO DEL IPREM PARA SOLICITAR EL BONO ALQUILER JOVEN
El plan pone el foco en al acceso a vivienda de jóvenes y colectivos vulnerables, para lo que se desarrollarán distintas ayudas, entre ellas, el Bono Alquiler Joven, que se incorpora como una línea de este plan y que aumenta su cuantía a 300 euros al mes para los jóvenes de 35 años o menos que cumplan los requisitos.
Para llegar a un abanico mayor de personas, según han detallado desde Vivienda, los ingresos anuales deberán de ser de hasta 5 veces el IPREM (3.000 euros), frente a las 3 veces el IPREM para el año 2025 (1.800 euros). Además, la renta de la vivienda deberá de ser de hasta 1.000 euros el mes y de la habitación 600 euros, modificable por acuerdo con la comisión bilateral.
Asimismo, según han avanzado, en el nuevo plan se ha incorporado la prórroga de los plazos para acabar las obras de promoción de vivienda en construcción y de rehabilitación energética financiadas con los fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia, que debían finalizar sus obras el 30 de junio de 2026. De esta manera, las primeras podrán finalizarse en el plazo que necesiten para su construcción y las segundas tendrán de plazo hasta el 30 de junio de 2028.
CONFÍA EN QUE LAS CC.AA. RATIFIQUEN EL PLAN
Para seguir con el calendario anunciado, que prevé que en el segundo semestre del año el Plan Estatal esté desplegado, el Gobierno ha convocado para el próximo 28 de abril la Comisión Multilateral para preparar la Comisión Sectorial –que reúne a los consejeros de vivienda autonómicos– para aprobar el criterio de reparto del presupuesto del plan y que se celebrará tras las elecciones de Andalucía ante la imposibilidad de hacerlo en un periodo electoral.
Será necesaria solo una mayoría simple en la Conferencia Sectorial para que los criterios de reparto sean aprobados y desde el Ministerio de Vivienda confían en que se llegará a un acuerdo porque, de lo contrario, han avisado, miles de ciudadanos que se quedarán sin ayuda y sin respuesta para afrontar el problema residencial en España.
Una vez se aprueben los criterios de reparto autonómico, deberán pasar por Consejo de Ministros para su aprobación, y volverán a ser ratificados por una segunda Conferencia Sectorial, aunque esta tendrá simplemente carácter administrativo.
El Estado asumirá el 60% de la inversión prevista, mientras que las comunidades autónomas aportarán el 40% restante. Sin embargo, la Administración General «adelantará» el presupuesto de este año –unos 800 millones– y las comunidades deberán dar la parte proporcional que les corresponde en los próximos años en los que estará vigente el plan, es decir, en 2027, 2028, 2029 y 2030.