El mismo día que el Consejo de Ministros ha aprobado su Plan estatal de vivienda 2026-2030, el PP ha defendido este martes en el Pleno del Congreso una proposición de ley que también plantea derogar algunos artículos de la Ley de Vivienda y reducir el umbral de vulnerabilidad en casos de desahucios.
La encargada de defender la iniciativa ha sido la ‘popular’ María Soledad Cruz-Guzmán, que durante su turno de intervención ha visto cómo miembros del Sindicato de Inquilinas han lanzado panfletos desde la tribuna de invitados reivindicando entre gritos bajar el precio de los alquileres.
Centrándose en la propuesta del PP, Cruz-Guzmán ha apuntado que aunque la proposición de ley no es una «varita mágica» que resuelva de golpe el problema de la vivienda, sí se basa en la que considera la receta fundamental para empezar a terminar con el problema: «Más oferta en el menor tiempo posible».
En esta línea, la diputada ha dicho que la ley busca avanzar hacia el objetivo de construir un millón de nuevas viviendas, reducir los tiempos para conseguir una licencia para construir nuevos pisos y poner fin al fenómeno de la ‘inquiokupación’ al habilitar juicios rápidos para bancos y fondos de inversión en casos de pisos ‘okupados’.
LOS MUNICIPIOS PIDEN AYUDA
La portavoz de Vivienda de Junts en el Congreso, Marta Madrenas, ha admitido que su grupo comparte algunos objetivos de la iniciativa, como simplificar los procedimientos y reforzar la seguridad jurídica en el desarrollo urbanístico.
Más si cabe cuando, según Madrenas, los municipios están lanzando mensajes de «socorro» ante una regulación que es «cada vez más compleja, más larga y más incierta» y que supone que en urbanismo los errores se alarguen durante «décadas».
«Hay que hilar fino y hace falta previsibilidad y seguridad jurídica real», ha subrayado la diputada, que también ha aprovechado para criticar las políticas ejecutadas por el Gobierno de PSOE y Sumar.
La portavoz del PNV en la Cámara Baja, Maribel Vaquero, ha comenzado su intervención recordando que el Congreso votó hace un año una propuesta similar a la que ahora defiende el PP simplemente por llevar la firma de los independentistas vascos y el PSOE.
«Nos han hecho perder un año en una cuestión que es crucial para la ciudadanía», ha espetado Vaquero al PP desde la tribuna del Congreso, donde ha criticado algunos aspectos como rebajar el umbral de vulnerabilidad y se ha mostrado de acuerdo en reformar la legislación sobre el desarrollo urbanístico.
VOX APOYARÁ LA LEY
El diputado de Vox, Ricardo Chamorro, ha adelanto su voto a favor de la propuesta entre reproches tanto al Gobierno como al PP. En el caso del Ejecutivo, ha censurado la restricción de la oferta que ha supuesto la Ley de Vivienda de 2023, que en su opinión se acentuará por la reciente regularización «masiva» de inmigrantes.
«Queremos un modelo que ponga en el centro al español de a pie. Prioridad absoluta para los españoles», ha remarcado desde tribuna Chamorro, que ha continuado criticando al PP por votar en contra hace un año de una propuesta de Vox en el Congreso para elaborar un informe que estudie el impacto e la inmigración en la vivienda.
También ha censurado que el precio de los pisos en la Comunidad de Madrid, donde gobierna la ‘popular’ Isabel Díaz Ayuso, son «prohibitivos» para los jóvenes. Por otra parte, el diputado de UPN, Alberto Catalán, ha censurado la política de vivienda llevada a cabo por el Gobierno central.
PSOE Y SUMAR ATACAN AL PP POR SU MODELO DE LIBERALIZACIÓN
En el turno de fijación de posiciones, la socialista María Isabel Pérez Ortiz ha recordado que el PSOE y el PNV presentaron precisamente una reforma de la Ley del Suelo en el Congreso para evitar la nulidad en cascada y el PP votó en contra.
«Y ahora vienen aquí diciendo que quieren arreglarlo», ha denunciado Pérez Ortiz, que considera que la proposición de ley representa un modelo que prevalece la especulación en detrimento de lo público y construir «más con menos control», algo que, a su juicio, ya se hizo con el Gobierno de José María Aznar y no sirvió para rebajar los precios.
El portavoz de Vivienda de Sumar, Alberto Ibáñez, ha desdeñado la proposición de ley del PP porque entiende que supone «declarar la guerra a la gente que no puede llegar a final de mes».
Además, ha dicho que a su juicio la iniciativa incluye medidas «salvajes» y «crueles» como rebajar los umbrales de vulnerabilidad en casos de desahucio. «¿Ustedes creen que una familia entera con 900 euros al mes puede vivir?», ha espetado Ibáñez a la bancada del PP.
BILDU ACUSA AL PP DE PADECER «APOROFOBIA»
El portavoz económico de EH Bildu, Oskar Matute, ha censurado que la propuesta es «liberalismo puro» y supone quitar al poder público cualquier posibilidad de intervenir el mercado. Además, ha acusado al Grupo Popular de padecer «aporofobia», que es el medio a las personas pobres.
Por parte de Podemos, Javier Sánchez Serna también se ha mostrado crítico con la propuesta del Grupo Popular por considerar que incluye «maldades» como subir los umbrales de vulnerabilidad en casos de desahucios y permitir a bancos y fondos «buitre» echar a la gente con juicios rápidos. «Ya ni disimulan», ha reprochado el portavoz de Podemos en el Congreso a la bancada del PP.
En el turno de Esquerra Republicana, la diputada Etna Estrems ha apuntado que las recetas que propone el PP van «en la dirección contraria» de lo que en su opinión hay que hacer para paliar la crisis de vivienda.
En concreto, ha denunciado que la propuesta se basa en una «liberalización máxima» del sector al no intervenir el funcionamiento del mercado ni pone límites a la concentración de viviendas por parte de grandes tenedores, por lo que ha avanzado su voto en contra.
La diputada de Compromís y el diputado del BNG integrados en el Grupo Mixto, Águeda Micó y Néstor Rego, respectivamente, han avanzado su voto en contra.