El caso se activo en noviembre del pasado año, cuando los servicios comunitarios inician una investigación en profundidad a raíz de la notificación por parte del consorcio Mota Engil –en el que participó una filial portuguesa de CRRC– de que se presenta a un concurso público abierto para el diseño, construcción y mantenimiento de la línea ‘Violeta’ del tren ligero lisboeta.
Bruselas inició entonces el expediente bajo el mecanismo de supervisión de inversiones extranjeras (FSR, por sus siglas en inglés) para determinar si las ayudas de Pekín permitieron al fabricante chino presentar una oferta «indebidamente ventajosa» en la licitación en cuestión.
La investigación en profundidad ha confirmado, según ha indicado el Ejecutivo comunitario, que las subvenciones en cuestión habían dado efectivamente al consorcio una ventaja competitiva desleal, en detrimento de otros licitadores que participaban en el concurso público y también de la integridad del mercado interior de la UE.
En este contexto, Bruselas ha dado su visto bueno a condición de que fuera sustituida la filial portuguesa de la china CRRC por la empresa polaca PESA, que es otro fabricante de material rodante que no ha recibido subvenciones extranjeras distorsionadoras.
Con todo, Bruselas deja claro que la decisión final de adjudicar el contrato corresponde al Metropolitano de Lisboa y no a los servicios comunitarios evaluar si la oferta cumple con todos los requisitos técnicos y de calidad establecidos por el concurso; por lo que los servicios comunitarios se limitarán a supervisar que el consorcio participa respetando los compromisos asumidos.