En el caso concreto de Volotea, de la que OCU está recibiendo consultas por anunciar recargos de hasta 14 euros por este motivo, la organización considera que respeta los principios de transparencia e información previa, al menos en los billetes contratados desde el 16 de marzo.
En este sentido, OCU recuerda que la legislación de consumo establece también el principio de «precio final», según el cual el importe total a pagar debe mostrarse de forma transparente y completa antes de finalizar la contratación, incluyendo todos los conceptos previsibles.
Por tanto, cuando el viajero solo conoce un precio base y no puede anticipar con certeza el importe definitivo, «se dificulta la comparación efectiva entre ofertas y se limita su capacidad de elección informada».
Por ello, OCU señala que si en las condiciones de contratación se anunció un posible recargo pero se desconoce su importe final, su aplicación deberá ir necesariamente vinculada a una notificación con una antelación mínima de siete días, un plazo que Volotea está cumpliendo.
Si la comunicación no se produce en plazo, el viajero tiene derecho a cancelar el contrato y solicitar el reembolso íntegro sin penalización.
Por otro lado, advierte de que los derechos del pasajero son diferentes cuando el billete forma parte de un viaje combinado, es decir, cuando se contrata junto con otros servicios como alojamiento o transporte adicional. En estos casos, se podría modificar el precio por el incremento del precio de combustible avisando con al menos 20 días naturales de antelación al inicio del viaje. Aunque si el sobrecoste excede el 8% del precio total, el viajero tendrá derecho a resolver el contrato sin penalización.