Rodríguez ha explicado que la iniciativa era «muy esperada» en la construcción, sector donde el «20% de los de los trabajadores son migrantes» y se requiere más mano de obra.
En este sentido, la ministra ha indicado que «tanto las organizaciones sindicales como empresariales» solicitaban la regularización para realizar contrataciones «con todas las garantías y derechos».
La responsable de Vivienda ha incidido en que la medida favorece la protección de las personas migrantes, quienes sufren «especiales dificultades» y vulnerabilidad ante los «abusos del mercado».
La regularización, ha recordado Rodríguez, busca facilitar que este colectivo acceda a una vivienda digna «donde desarrollar sus proyectos vitales».
Finalmente, ha afirmado que la decisión del Consejo de Ministros representa un «acto de justicia y dignidad» y, según ha concluido, este paso sitúa nuevamente a España como un referente internacional en la defensa de los derechos humanos.