Entre algunas cosas, el texto destaca que, en los últimos años, 21 Estados miembro han adoptado o están preparando estrategias nacionales o regionales en este ámbito, mientras que 12 países han reformado su legislación.
Asimismo, Bruselas destaca el respaldo financiero movilizado, con más de 1.620 millones de euros en fondos europeos y 1.200 millones en garantías a través del instrumento ‘InvestEU’ para el periodo 2021-2027, dirigidos a fortalecer el sector.
De cara al futuro, el Ejecutivo comunitario identifica varias prioridades, entre ellas clarificar las normas sobre ayudas de Estado, facilitar el acceso a la inversión privada, mejorar la disponibilidad de datos y reforzar el apoyo a nivel regional y local.
«A medida que Europa se enfrenta a retos geopolíticos, transformación industrial y crecientes presiones sociales, la economía social se está convirtiendo cada vez más en un motor de resiliencia, inclusión y competitividad», ha señalado la vicepresidenta para Derechos Sociales y Capacidades de la Comisión Europea, Roxana Minzatu.
Según ha recordado, más de 4,3 millones de organizaciones en la UE generan 11,5 millones de empleos y desarrollan actividades vinculadas a objetivos sociales y medioambientales, como el acceso a vivienda asequible o la prestación de cuidados.
Además, un Eurobarómetro de octubre del pasado año indica que la mitad de los europeos ha colaborado con estas entidades en los últimos cinco años y que el 75% considera que desempeñan un papel relevante para la sociedad.
Pese a estos avances, la Comisión advierte de que estas organizaciones siguen enfrentándose a obstáculos, especialmente en el acceso a financiación y a los mercados, lo que limita su desarrollo.