«No estamos ahí todavía, pero si llegara ese momento tendremos que recurrir a la experiencia de la crisis anterior», ha afirmado Ribera, que ha recordado que los Estados miembro todavía disponen de margen dentro de las normas europeas de ayudas de Estado para apoyar a determinados sectores si el coste de la energía vuelve a tensionarse.
En concreto, ha indicado que estas posibilidades podrían utilizarse para aliviar el precio de la electricidad de las industrias con mayor consumo energético, una de las áreas más sensibles ante eventuales repuntes en los mercados.
Unos instrumentos a los que, según ha recordado, la Comisión ya recurrió durante crisis recientes, como la pandemia o el impacto económico derivado de la guerra en Ucrania, cuando Bruselas adoptó marcos temporales que permitieron a los gobiernos conceder apoyo público a empresas afectadas.
«La buena noticia es que hemos aprendido de crisis anteriores: sabemos cómo intervenir de manera menos distorsionadora, utilizar la fiscalidad y facilitar apoyo directo a los hogares y a las empresas», ha añadido.
Aunque ha señalado que es «demasiado pronto para saber cuál será exactamente la respuesta», Ribera ha subrayado que cualquier actuación deberá respetar varios principios básicos, entre ellos no alterar las señales económicas a largo plazo ni frenar la transformación del sistema energético europeo.
Según ha explicado, modificar elementos estructurales como el precio del carbono o el funcionamiento de los mercados podría ralentizar la transición energética y generar incertidumbre entre los inversores.
En este sentido, ha defendido que, ante posibles tensiones en los mercados energéticos, la prioridad debe ser preservar el marco regulatorio existente y adaptar dentro de él los instrumentos disponibles para proteger tanto a ciudadanos como a empresas.
La vicepresidenta ha señalado que las medidas pueden incluir desde instrumentos fiscales hasta apoyos directos a hogares y compañías, así como soluciones más específicas en función de la evolución de la situación.
En cualquier caso, ha insistido en la importancia de que cualquier respuesta se adopte de forma coordinada entre la Comisión Europea y los Estados miembro para evitar respuestas fragmentadas que puedan distorsionar el funcionamiento del mercado único.
Ribera ha subrayado además que las autoridades de competencia deben desempeñar un papel clave en este proceso, garantizando que las medidas de apoyo no generen ventajas indebidas ni alteren las condiciones de competencia entre empresas.
«No podemos olvidar el ADN de las autoridades de competencia: garantizar igualdad de condiciones, prevenir abusos de posición dominante y proteger a los consumidores y a los operadores en cualquier mercado», ha afirmado.