En un estudio, elaborado por Diego Rodríguez, profesor de la Universidad Complutense de Madrid e investigador asociado a Fedea, el ‘think tank’ valora así esta revisión, manteniendo el ajuste por tamaño del hogar mediante escalas de equivalencia, y considera adecuado el cambio de orientación anunciado en la recientemente publicada Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026-2030 del Gobierno, que apunta a la eliminación del criterio de familia numerosa como condición suficiente para la percepción del bono.
El bono social aplicado a la factura de electricidad nació en 2009 pero su estructura básica, que se mantiene en la actualidad, se configuró con el RD 897/2017. Desde entonces, las principales modificaciones han afectado a los criterios para definir al consumidor vulnerable, a los porcentajes de descuento aplicados y a su mecanismo de financiación.
En su informe, Fedea parte de la premisa de que existe un problema de asequibilidad energética que reduce el bienestar de algunos hogares y que, por tanto, «resulta pertinente contar con mecanismos de transferencia de renta, acompañados de medidas regulatorias vinculadas al acceso al suministro».
En el caso concreto de los criterios de elegibilidad del bono social eléctrico, el informe subraya que el diseño actual combina criterios basados en renta con otros que no lo están de forma directa, lo que «introduce distorsiones relevantes en la relación entre la vulnerabilidad económica y la percepción efectiva de la ayuda».
A este respecto, indica que el criterio de familia numerosa, al operar como condición suficiente para el acceso, tiende a «debilitar el carácter redistributiva» del bono, lo que, en su opinión, se traduce, además, en patrones territoriales específicos, como el peso comparativamente elevado de beneficiarios por familia numerosa en determinadas comunidades autónomas.
Por otra parte, Fedea apunta que el análisis de la distribución de beneficiarios a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida revela una mejora de la cobertura del bono eléctrico en todos los deciles de renta durante el período 2021-2025, reflejando la ampliación de la elegibilidad.
En este sentido, el ‘think tank’ cree que los problemas de baja cobertura en relación con los beneficiarios potenciales se concentran en los dos primeros deciles de renta, mientras que la cobertura es muy completa en los deciles superiores, observándose un aumento del porcentaje de hogares beneficiarios del bono en los últimos deciles de renta, «lo que refuerza la idea de que su diseño actual limita la intensidad redistributiva del instrumento».
COSTE Y FINANCIACIÓN.
Además, el trabajo examina el coste y la financiación del bono, señalando a este respecto que la delimitación precisa de los agentes financiadores fue objeto de anulación por el Tribunal Supremo en dos ocasiones por razones vinculadas al principio de no discriminación.
Asimismo, destaca que, si bien el esquema vigente reparte el coste entre la generación, el transporte y la distribución, la comercialización y los consumidores directos, en la práctica el coste se traslada en última instancia al conjunto de consumidores.
UN INSTRUMENTO INTEGRADO QUE ABORDE EL CONJUNTO DE CONSUMOS ENERGÉTICOS.
Fedea también advierte de la necesidad de abrir «una reflexión más amplia» sobre la conveniencia de mantener una aproximación fragmentada a la pobreza energética para avanzar hacia un instrumento integrado que aborde el conjunto de consumos energéticos del hogar.
Para ello, plantea dos vías que pasarían por el apoyo a través del Ingreso Mínimo Vital (IMV), mediante la incorporación de un complemento, aunque cree que el actual perímetro de beneficiarios del IMV es sustancialmente más reducido que el del bono social, o la configuración de un cheque energético que cubra el conjunto de consumos energéticos del hogar, incluidos aquellos no sujetos a contrato de suministro, como combustibles para calefacción o transporte.
A este respecto, apunta que este cheque debería determinarse exclusivamente en función de la renta, el tamaño del hogar, ciertas circunstancias de especial vulnerabilidad y la localización geográfica, y concederse preferentemente de forma automática por las Administraciones Públicas, y su financiación podría articularse mediante una combinación de recursos presupuestarios, aportaciones sectoriales y, en el nuevo contexto europeo, fondos vinculados al Fondo Social para el Clima.
Igualmente, el autor señala también la posibilidad de que ese ayuda se canalizase a través del IRPF en forma de crédito fiscal reembolsable, configurado como un impuesto negativo sobre la renta al estilo de la deducción por maternidad.