En concreto, los parlamentarios derogaron con 56 votos a favor el artículo que regulaba que el 51% de las acciones de los bancos salvadoreños debía estar en un tipo de accionista particular, ya fuera en personas naturales salvadoreñas o centroamericanas o incluso entidades centroamericanas.
Los parlamentarios han dado luz verde a este decreto porque consideran que «es necesario dar acceso a nuevos capitales e inversiones en el país a fin de generar una mayor competencia en la intermediación financiera».
«Han pasado 27 años de haberse aprobado la Ley de Bancos y por eso es necesario una derogatoria del artículo 10, porque esa es una barrera que nos limita a traer a nuevos actores financieros, nuevas tecnologías y oportunidades para los salvadoreños en el sector financiero», afirmó la diputada Dania Hernández.