«El Estatuto de las personas becarias va al Consejo de Ministros. No se puede consentir de ninguna manera que terminen siendo contratos de personas trabajadoras o que de alguna manera se cubran puestos de trabajo con personas que están en un periodo de formación o de prácticas, porque esto tiene nombre, y es explotación laboral y es mano de obra esclava, y con esto hay que acabar, con estas prácticas hay que terminar», ha señalado la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.
Así lo ha manifestado este lunes Rego en declaraciones a los medios, antes de participar en el acto de presentación del ‘Buzón de las personas becarias’, una iniciativa en colaboración con el Organismo estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social (OEITSS) que permitirá a personas becarias y exbecarias denunciar posibles irregularidades durante su período de prácticas.
Entre estas posibles irregularidades, el Ministerio destaca la falta de relación entre los estudios y la práctica, la sustitución encubiertas de trabajadores de plantilla, la realización del mismo trabajo que el personal de la empresa, la falta de tutorización o la asignación de tareas que exceden el ámbito de la práctica.
«Ponemos en marcha este instrumento que consideramos que puede ser tremendamente útil, precisamente para inspeccionar y para acabar con esta mala praxis de algunas empresas», ha subrayado Rego.
EL ESTATUTO DEL BECARIO EMPEZARÁ SU TRAMITACIÓN EN EL CONGRESO
Al tener rango de ley, esta iniciativa, que ha generado discrepancias internas en el Gobierno entre PSOE y Sumar, deberá ser tramitada por las Cortes Generales por lo que, tras la ruptura de Junts con el Ejecutivo, su aprobación definitiva será más complicada.
A pesar de que la semana pasada el Gobierno no pudiera sacar adelante en el Congreso el decreto del escudo social, Rego confía en que el Parlamento apruebe el Estatuto del Becario. «Estamos hablando de una situación muy preocupante, pero consideramos que es importante que se vea que el Gobierno sigue trabajando y que cada grupo político se haga cargo de cuáles son las negativas», ha aseverado.
Durante la clausura del acto, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se ha preguntado por qué la patronal española «no es la primera» en decir que no se puede conseguir algunas prácticas que hacen las empresas. «Parece que hay como una escisión entre Inspección de Trabajo y empresas», ha lamentado.
«Este convenio Injuve-Inspección va a permitir atajar una fuente de precariedad que hace algo muy malo, que es degradar la formación. Los mal llamados becarios que hacen los trabajos de forma gratuita, sin derechos y, algo muy perverso, que es sustituyendo muchas veces puestos de trabajo directos», ha criticado Díaz.
La norma, que no contó con la participación de la comunidad universitaria según denunciaron los rectores, recoge un régimen sancionador a empresas por incumplir los derechos de los alumnos, con multas de hasta 225.000 euros; una compensación de los gastos que tengan los estudiantes; y limita las prácticas extracurriculares a 480 horas.
El objetivo de este proyecto de ley, consultado por Europa Press, es determinar los periodos de formación práctica no laboral que se pueden realizar en el ámbito de la empresa, así como desarrollar el régimen jurídico que los ordena.
El Estatuto del Becario incluye multas para las empresas de entre 120.006 y 225.018 euros en el caso de que se produzcan infracciones muy graves en su grado máximo. Si las infracciones son consideradas muy graves pero en su grado mínimo, las multas irán de 7.501 a 30.000 euros, mientras que en su grado medio serán de 30.001 a 120.005 euros.
Las infracciones serán, según establece el documento, muy graves cuando se produzcan discriminaciones directas o indirectas desfavorables por razón de edad o discapacidad o favorables o adversas en materia de retribuciones, jornadas, formación, promoción y demás condiciones de trabajo.
Asimismo, serán consideradas infracciones muy graves aquellas por circunstancias de sexo; origen, incluido el racial o étnico; estado civil; condición social; religión o convicciones; ideas políticas; orientación sexual; adhesión o no a sindicatos y a sus acuerdos; vínculos de parentesco con otros trabajadores en la empresa o lengua dentro del Estado español, así como un trato desfavorable de los trabajadores como reacción ante una reclamación efectuada en la empresa o ante una acción administrativa o judicial destinada a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de trato y no discriminación.
Las empresas en las que los estudiantes desarrollen las actividades formativas también deberán compensar los gastos de los alumnos, en los términos previstos en el correspondiente convenio o acuerdo de cooperación, «por una cuantía mínima suficiente para compensar todos aquellos en los que la persona en formación práctica en la empresa incurra como consecuencia de esta, tales como gastos de desplazamiento, alojamiento o manutención».
Entre los periodos de formación práctica en la empresa contemplados en el Estatuto del Becario, destaca que finalmente se han incluido en el acuerdo las prácticas extracurriculares desarrolladas durante los estudios oficiales de grado máster universitario o, en su caso, doctorado.
No obstante, las prácticas extracurriculares desarrolladas durante los estudios no deberán superar el 15 por ciento de las horas en que se concreten los créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de Crédito) de la titulación ni 480 horas.
También se han incluido las prácticas desarrolladas durante los estudios vinculados a títulos propios de las Universidades, cuando la suma total de prácticas curriculares y extracurriculares no supere el 25 por ciento de los créditos ECTS de la correspondiente titulación. Sin embargo, los títulos propios que tengan una duración mínima de 60 créditos ECTS tendrán la posibilidad de establecer prácticas por un periodo de 3 meses.
OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES
La norma también recoge las obligaciones que tendrán las personas en formación práctica en el ámbito de la empresa, como cumplir la normativa vigente relativa a prácticas externas establecida por su centro formativo; conocer y cumplir el proyecto formativo de las prácticas, siguiendo las indicaciones de la persona tutora asignada por la empresa bajo la supervisión de la persona tutora académica; o mantener contacto con la persona tutora académica durante el desarrollo de la práctica y comunicarle cualquier incidencia que pueda surgir durante esta, así como hacer entrega de los documentos e informes de seguimiento que le sean requeridos.
Los alumnos en prácticas también deberán incorporarse a la empresa en la fecha acordada, cumplir el horario previsto en el proyecto educativo y respetar las normas de funcionamiento, seguridad y prevención de riesgos laborales de la misma, así como desarrollar el proyecto formativo y cumplir con diligencia las actividades acordadas con la empresa, conforme a las líneas establecidas en el mismo.
Otras de las obligaciones de los becarios serán guardar confidencialidad en relación con la información interna de la empresa y guardar secreto profesional sobre sus actividades, durante el periodo de formación práctica y finalizada ésta; o mostrar, en todo momento, una actitud respetuosa hacia la política de la empresa, salvaguardando el buen nombre del centro formativo al que pertenece.