«España afronta un problema estructural de hipertrofia normativa que ya tiene efectos económicos cuantificables», se advierte en el informe ejecutivo ‘Desenredar España’, elaborado por el Instituto Juan de Mariana y el Centro de Estudios, Formación y Análisis Social (CEU-CEFAS), que analiza en profundidad las normas con rango de ley aprobadas desde 2018.
En el estudio se señala que la sobrerregulación constituye un problema económico y político de primer orden, con efectos directos sobre empleo, vivienda, inversión y competitividad, por lo que se propone convertir la desregulación en una política pública estructural basada en inventario, metodología y evaluación tecnológica rigurosa.
La auditoría examina 243 leyes orgánicas, leyes ordinarias, reales decretos-ley y reales decretos legislativos aprobados desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno. El resultado concluye que 204 normas –el 84 % del total– serían susceptibles de derogación total o reforma profunda «por su carácter innecesariamente intervencionista, deficiencias técnicas o débil justificación funcional».
El informe sitúa esta revisión en un contexto de acumulación normativa sostenida. Entre 1978 y 2021 se aprobaron en España 411.804 normas, a las que se sumaron otras 11.775 en 2022, consolidando un ritmo superior a 30 disposiciones diarias, lo que equivale a una nueva regulación cada 45 minutos. Según el informe, esta acumulación ha incrementado la complejidad jurídica y ampliado la discrecionalidad administrativa.