En concreto, Gabilondo ha abierto una actuación de oficio ante el Ministerio y la CNMC para que informen acerca de las medidas que pretenden adoptar para evitar la existencia de conductas presuntamente abusivas por parte de algunas compañías.
Esta situación podría estar afectando a los viajeros que se ven en la necesidad de utilizar transportes alternativos a las líneas de tren de alta velocidad entre Madrid y Andalucía o entre Madrid y Cataluña, principalmente, y que habrían de pagar sobrecostes para poder viajar, sobre todo, en avión, en autobús, o en coche de alquiler, según el Defensor del Pueblo.
Por eso, pide a estas dos instituciones que, a través de los órganos reguladores, actúen en el ámbito de sus competencias para que las empresas moderen los precios que antes de los últimos incidentes ferroviarios eran inferiores a los actuales, «en algunos casos significativamente».
Gabilondo considera que, ante estas circunstancias, «no parece que sea procedente» que el viajero, además de sufrir los inconvenientes provocados por las incidencias ferroviarias, tenga que afrontar subidas de tarifas.