De esta organización, representada por Europêche, forman parte la española Cepesca y los principales organismos representativos de los transformadores de pescado, de la acuicultura y de los comerciantes europeos.
Las organizaciones representativas del sector pesquero, transformador, comercializador y acuícola expresan su pleno respaldo a la posición manifestada por los Estados miembros en el último Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca, liderado por el Gobierno de España, en el que se alertó de diversos problemas prácticos.
Según el sector, la nueva normativa «está provocando un incremento exponencial de las obligaciones administrativas y operativas, sin una correspondencia con las necesidades reales de control, vulnerando los principios de proporcionalidad, eficacia y eficiencia que deben regir la acción normativa de la Unión Europea».
Entre las principales preocupaciones destacan la obligación de declarar las capturas desde cero kilogramos y la aplicación estricta del margen de tolerancia, que resultan técnicamente imposibles de cumplir en condiciones reales de pesca, especialmente en las pesquerías mixtas y en los buques de menor tamaño.
Esta situación no solo incrementa el riesgo de infracciones involuntarias, sino que también afecta a la seguridad en la navegación, distorsiona los sistemas de análisis de riesgos y puede comprometer el acceso del sector a las ayudas del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa).
Asimismo, el sector denuncia las graves deficiencias técnicas del sistema CATCH IT, que ya están provocando retrasos, sobrecostes y disrupciones en la cadena de suministro, incluidos incrementos significativos en las tarifas de agentes e intermediarios.
En su configuración actual, el sistema traslada de forma desproporcionada la carga administrativa a los operadores europeos, incluso cuando las autoridades y exportadores de terceros países no están en condiciones de utilizarlo de manera homogénea.
Las organizaciones también alertan de la falta de claridad jurídica en relación con las responsabilidades y la cumplimentación de los certificados de captura, lo que genera inseguridad legal, prácticas desiguales entre Estados miembros y conflictos evitables durante los controles.
Por todo ello, el sector pesquero insta a la CE a adoptar, con carácter urgente, una serie de ajustes técnicos y normativos, entre los que figuran introducir tolerancias razonables para desviaciones inferiores a 100 kilos en la estimación de capturas; evitar que errores técnicos de escasa entidad sean considerados infracciones graves; aplazar la plena implantación del sistema CATCH IT hasta enero de 2027, permitiendo la coexistencia de los sistemas actuales y digitales; retrasar la aplicación de las nuevas obligaciones de trazabilidad digital del artículo 58, especialmente para los productos del capítulo 03, al menos hasta 2029; y garantizar que las nuevas exigencias de información por operación de pesca puedan cumplirse de forma realista y segura.
En el escrito a Kadis, el sector recuerda que una política de control eficaz requiere normas aplicables, sistemas plenamente operativos y administraciones con capacidad técnica suficiente, y subraya que los operadores no pueden asumir las consecuencias de deficiencias técnicas o administrativas ajenas a su responsabilidad.
«Compartimos plenamente el objetivo de luchar contra la pesca ilegal y reforzar la trazabilidad, pero no a costa de la seguridad en la mar, la competitividad del sector ni la viabilidad económica de miles de empresas y empleos», subrayan las organizaciones firmantes.
Para finalizar, el sector pesquero reitera su voluntad de colaboración leal y constructiva con la CE y los Estados miembros para lograr una aplicación del reglamento de control «equilibrada, realista y eficaz», que garantice el cumplimiento de los objetivos sin poner en riesgo el futuro de la pesca y la acuicultura europeas.