La corte comunitaria deberá decidir si el acuerdo, cuya tramitación queda en suspenso por ahora, es compatible con los tratados de la UE, un giro de guión que Serrat ha vinculado a un «cambio de mentalidad a nivel europeo» influenciado por las recientes movilizaciones de los agricultores europeos.
«Quizá se quería acelerar la parte comercial del acuerdo de una forma demasiado rápida. Las protestas han hecho reflexionar y que lleguemos a la conclusión de que nos lo tenemos que mirar mejor», ha argumentado.
DOCUMENTO COMPARTIDO
Todas estas cuestiones se abordarán este jueves en la próxima reunión de seguimiento del acuerdo entre las entidades agrarias y la conselleria de Agricultura de la Generalitat, en la que se pondrán encima de la mesa reivindicaciones a fin de presentar un documento compartido conjunto con propuestas para Bruselas.
Los agricultores catalanes reprochan que el acuerdo puede suponer una «competencia desleal» con los países que integran el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), por lo que exigen cláusulas espejo para que se cumplan las mismas normas de producción, fitosanitarias y de bienestar animal exigidos en la UE.
REVOLTA PAGESA
Del lado de Revolta Pagesa, su portavoz, Eduard Escolà, ha agradecido la presión ejercida por los agricultores movilizados estas últimas semanas en distintos países europeos y ha puesto en valor que su insistencia ha logrado «remover la conciencia de muchos europarlamentarios».
«Estamos cumpliendo el objetivo de poner en duda lo que supone este tratado», ha subrayado.
Escolà ha hecho hincapié en que las protestas agrarias persiguen «la oposición de este tratado y blindar a la payesía catalana, española y europea», y ha sido crítico con que en la reunión con la Conselleria de este jueves se aborden cuestiones como que el etiquetado de productos especifique el origen de los alimentos.
JARC
Por su parte, el presidente de JARC, Joan Carles Massot, ha dicho que la valoración de la decisión es «buena, ya que retrasa el proceso» de aprobación del acuerdo.
Ha explicado que el TJUE debe decidir si el acuerdo vulnera los derechos de los consumidores europeos o los derechos constitucionales, y puede hacer que «una parte de los eurodiputados pueda votar en contra».
Massot ha recordado que la aprobación del acuerdo dependía del debate de este miércoles y del que debe decidir sobre la inclusión de más salvaguardas para el sector que propuso Italia para dar su apoyo al pacto.
Preguntado por los nuevos plazos tras esta decisión, ha explicado que las previsiones son que «posiblemente en abril esté todo decidido».
ASAJA
El presidente de Asaja, Pere Roqué, ha felicitado a todo el sector agrícola que ha participado en las movilizaciones para evitar la aprobación del texto, que, valora, «no entendían que la Comisión Europea quisiera firmar».
Como el retraso no garantiza la anulación directa del texto, sino por el momento un retraso en su aplicación, Roqué ha resaltado la importancia de que el acuerdo actual se paralice en todos los pasos.
«Estamos contentos de que se nos haya hecho caso, porque hemos sufrido mucho», ha admitido el presidente de Asaja, que celebra que la decisión de la eurocámara demuestra que si el sector agrícola se alinea puede conseguir sus propuestas, ha resuelto.