Dentro de la propuesta del nuevo sistema de financiación, se pretende desplegar un nuevo modelo de gestión en red del sistema impositivo que permita que colaboren agencias tributarias autonómicas y la agencia estatal para que se pueda perseguir mejor el fraude y, por otra parte, para que se puedan ir asumiendo mayores competencias gestoras por parte de aquellos territorios «que tienen mayor vocación de autogobierno», según ha explicado Montero en rueda de prensa.
Para los inspectores de Hacienda, esta cesión supondría, en la práctica, un fraccionamiento de la Administración tributaria estatal, «un aspecto que la ministra evita abordar porque es consciente de que conduciría a un incremento significativo del gasto público y a una ineficiencia e ineficacia sin precedentes en la gestión tributaria».
Aunque ese coste no ha sido calculado ni se ha mencionado en la rueda de prensa de Montero, desde la asociación han avanzado que sería inasumible por parte de los ciudadanos españoles, e impediría garantizar servicios esenciales de la AEAT –como las campañas del IRPF– y debilitaría «gravemente» la lucha contra el fraude fiscal, ampliando su brecha y obligando, en última instancia, al Estado a asumir un gasto adicional que solo podría afrontarse mediante subidas de impuestos.