El capital riesgo ha dejado de ser un terreno exclusivo de grandes gestoras internacionales y fondos institucionales. En España, se ha transformado en el nuevo instrumento favorito de familias empresarias, altos directivos y grandes patrimonios que buscan rentabilidad, control y eficiencia fiscal. El resultado es un crecimiento sin precedentes: en apenas cuatro años se han creado cerca de 900 nuevos vehículos de private equity, elevando el total del sector hasta rozar las 1.500 entidades.
Según los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), España cerrará 2025 con unas 1.460 sociedades y fondos de capital riesgo activos, una cifra que sitúa al país por delante de mercados tradicionalmente más desarrollados como Reino Unido, Francia o Alemania. El salto es aún más llamativo si se observa la evolución a largo plazo: el número de entidades se ha multiplicado por siete en la última década.
Detrás de este auge hay una decisión clara: trasladar una parte significativa del patrimonio familiar desde activos tradicionales, Bolsa, renta fija o inmobiliario, hacia mercados privados. Las sociedades de capital riesgo (SCR) y los fondos de capital riesgo (FCR) se han convertido en la fórmula preferida para canalizar estas inversiones, con una estructura diseñada para el largo plazo y una mayor capacidad de personalizar la estrategia.
La creación de una SCR exige un capital social mínimo de 1,2 millones de euros, un umbral que actúa como filtro natural y explica por qué este fenómeno está liderado por grandes fortunas. Para muchas de ellas, el capital riesgo no es solo una herramienta financiera, sino una extensión de su ADN empresarial: invertir en compañías no cotizadas, acompañarlas en su crecimiento y participar activamente en la toma de decisiones.
Un quién es quién del empresariado español
La lista de impulsores de estos vehículos dibuja un auténtico mapa del poder económico español. Entre las incorporaciones más recientes figura la familia Gervás, accionista de Mahou San Miguel, que ha lanzado el fondo Canetonin Investment junto a Kibo Ventures, con foco en tecnología.
También destaca la creación de Glastonbury Capital, registrada por Myriam Lapique viuda de Alfonso Cortina, expresidente de Repsol y sus hijos, con Renta 4 como gestora. A ellos se suman apellidos históricos y nuevos protagonistas del tejido empresarial: los Puig, los Daurella, los Serratosa, los Carulla (Agrolimen), los Gallardo (Almirall), los Vivancos (Mivisa), los Esteve o los Alcaraz (Goldcar), entre muchos otros.
El fenómeno no se limita a familias propietarias. Varios altos directivos han optado por estructurar su patrimonio a través de estas sociedades. Es el caso de Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola; Santiago Eguidazu, presidente de Alantra; Álvaro de Remedios, presidente de Arcano; Juan Carlos Ureta, presidente de Renta 4; u Olaf Díaz Pintado, ex consejero delegado de Goldman Sachs en España. También sobresale Iñaki Berenguer, fundador de Life X Ventures, vinculado al ecosistema tecnológico.
Un nuevo negocio para las gestoras
Esta ola de vehículos patrimoniales ha abierto una vía de crecimiento para gestoras españolas como Altamar, Arcano Capital, Renta 4, GVC Gaesco, Bankinter, Inveready, Abante Asesores o Actyus. En muchos casos, estas firmas actúan como arquitectos financieros: canalizan el capital de las SCR familiares hacia otros fondos especializados, más que invertir directamente en compañías.
El modelo difiere del private equity tradicional, donde las grandes gestoras, Asterion, Qualitas Energy, Portobello, MCH, ProA Capital o Magnum, agrupan el capital de decenas de inversores institucionales. Aquí, el control permanece en manos de uno o muy pocos socios, lo que permite mayor flexibilidad y una alineación total con los intereses del propietario del capital.
Los expertos señalan dos grandes motores detrás de esta fiebre inversora. El primero es la búsqueda de rentabilidad ajustada al riesgo. Los mercados privados suelen ser menos volátiles que la Bolsa, aunque en los dos últimos años el Ibex 35 ha superado en rendimiento al private equity. A cambio, los inversores aceptan una menor liquidez: los fondos pueden tardar hasta una década en devolver el capital y los beneficios.
El segundo factor es fiscal. Bajo determinadas condiciones, hasta el 99% de las plusvalías y el 95% de los dividendos generados por estas entidades pueden quedar exentos de tributación, un incentivo que ha acelerado su adopción entre grandes patrimonios.
Más allá de las cifras, el auge de las SCR revela un cambio profundo en la forma en que las grandes fortunas españolas entienden la inversión. Menos intermediación, más control y una apuesta decidida por el largo plazo. El capital riesgo ya no es solo una clase de activo: se ha convertido en el nuevo punto de encuentro del empresariado español.
