Si bien reconoce un grave perjuicio al orden público, el tribunal parisino considera «desproporcionada» la medida solicitada por el Gobierno, añadiendo que constituiría una violación «injustificada» de la libre empresa, ya que las ventas fueron puntuales y la empresa de origen chino, pero con sede en Singapur, retiró rápidamente los artículos en cuestión.
No obstante, impone a la empresa la implementación de medidas de verificación de edad más allá de una simple declaración antes del reestablecimiento de productos sexuales.
«Acogemos con satisfacción esta decisión. Nos comprometemos a mejorar continuamente nuestros procesos de control, en estrecha colaboración con las autoridades francesas, y hemos intensificado estas iniciativas con el objetivo de establecer algunos de los estándares más exigentes del sector. Nuestra prioridad sigue siendo la protección de los consumidores franceses, de conformidad con el marco legal y regulatorio aplicable», respondió el grupo en una declaración recogida por el diario francés ‘Les Echos’