La prioridad de despacho determina el orden en que las instalaciones pueden verter electricidad a la red. En España, la normativa vigente sitúa en primer lugar a las tecnologías renovables (solar, eólica, hidráulica, etc.), después a la cogeneración y, a continuación, al resto.
Las citadas asociaciones reclaman que no exista prioridad de despacho para instalaciones renovables y de cogeneración puestas en servicio después del 4 de julio de 2019 y que se garantice la igualdad de trato entre renovables y cogeneración en las plantas anteriores a esa fecha, tal y como recoge el Reglamento (UE) 2019/943.
Las asociaciones denuncian que alrededor de 50.000 MW de potencia renovable instalada, aproximadamente la mitad del parque, disfrutan hoy de una prioridad de despacho que, a su juicio, no les corresponde conforme al derecho comunitario.
Sostienen que este privilegio condiciona la operación del sistema eléctrico y obliga a parar con creciente frecuencia las plantas de cogeneración en episodios de elevada generación renovable, con impacto directo en la producción, la competitividad y la seguridad de industrias químicas, refinerías, papeleras, alimentarias, cerámicas, agrícolas o de tratamiento de residuos.
RIESGOS PARA INDUSTRIA Y SUMINISTRO
Los cogeneradores alertan de que mantener sin cambios desde 2020 la prioridad de despacho renovable como pilar del sistema eléctrico, pese a la nueva normativa europea, es responsabilidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Advierten de que esta situación ya tiene «graves consecuencias» sobre la seguridad de suministro, la competitividad industrial y el desarrollo sostenible del sistema, en un contexto de fuerte expansión renovable y vertidos crecientes de electricidad por falta de demanda y saturación de las redes.
El sector recuerda que la potencia renovable instalada en España ha pasado de 53.200 megavatios (MW) a finales de 2019 a unos 101.000 MW en 2025, lo que supone el 68% de los 148.000 MW del parque total, frente a un consumo medio de 29.000 MW y puntas de 40.000 MW.
El PNIEC 2023-2030 prevé elevar la potencia renovable a 160.000 MW de un total de 214.000 MW en 2030, objetivo que exigiría, según los cogeneradores, un aumento de más del 40% de la demanda eléctrica actual en apenas cinco años.
Javier Rodríguez, director general de Acogen, defiende que «mantener la producción industrial de España y promover el funcionamiento eficiente, seguro y competitivo de las industrias» debería ser «como mínimo, igual de esencial que producir electricidad con fuentes renovables», y considera la adecuación de la prioridad de despacho «un punto imprescindible» para iniciar las reformas necesarias.
Las asociaciones subrayan que la cogeneración, que produce el 6% de la electricidad del país y está presente en unas 600 fábricas calorintensivas, es una tecnología eficiente y gestionable que aporta energía firme y síncrona, pero que se ha visto obligada a parar el equivalente a dos centrales nucleares en los últimos cinco años por la falta de un marco de inversión mediante subastas y los actuales desequilibrios del sistema.